Supuestamente,
el 25 de agosto del 2012, a la 01:12 minutos de la medianoche, hubo una
explosión en la refinería de Amuay, en el estado Falcón, considerada por
expertos como el peor accidente en 100 años de historia petrolera en el país.
Supuestamente,
a las 12:00 de la medianoche de ese mismo día, es decir, 01:12 minutos antes,
se había registrado una fuga incontrolada de gas en el bloque 23, y las alarmas
no se activaron. Tampoco hubo acciones preventivas conocidas dirigidas a
desalojar las zonas adyacentes.
Supuestamente,
la razón por la que no se pudieron implementar acciones preventivas de
desalojo, no funcionaron las alarmas, ni se aceptó que el escape de gas pudiera
llegar a convertirse en el epicentro de una explosión, es porque no hubo
mantenimiento preventivo.
Supuestamente,
la explosión se tradujo en la muerte de 42 venezolanos -aunque habitantes de
Punto Fijo hablan de un mayor número de muertos y de la aparición de osamentas-
generó la emisión de 500.000 toneladas de dióxido de carbono, equivalente a 3
semanas de contaminación automotor en Caracas, y el costo del accidente alcanzó
a 1,8 millardos de dólares. Asimismo, que el 65,4% de esa cantidad, es decir,
1,2 millardos de dólares corresponde a la pérdida económica de Petróleos de
Venezuela por la merma en la capacidad de procesamiento de la refinería.
Supuestamente,
el daño por activos e inventarios que debió registrar PDVSA suma 344,7 millones
de dólares, por los destrozos en viviendas y comercios 234,7 millones, por
indemnización a las víctimas 35,2 millones de dólares, por el costo de la
extinción del incendio 10,3 millones de dólares, y por los perjuicios por la
emisión de gases 10 millones de dólares.
Supuestamente,
a comienzos del 2013 la Fiscalía General de la República le iba a decir a los
venezolanos en qué concluyeron sus investigaciones sobre lo que sucedió
realmente en Amuay. Pero a un año del accidente, nadie sabe exactamente qué
sucedió allí, más allá de lo que describen los supuestos, incluyendo el
descubrimiento basado en no se sabe qué razones, de que todo se debió a un
sabotaje. La Fiscalía ha dicho esta semana que todavía se está en el proceso de
investigación, por lo que habrá que seguir esperando. De igual manera, la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sigue sin pronunciarse sobre la
solicitud de amparo a favor de los habitantes que fueron afectados por la
explosión.
Lo
que no es un supuesto, sin embargo, sería que, definitivamente, allí no hubo
mantenimiento preventivo y que después del accidente, no se han tomado medidas
para evitar un nuevo accidente y que ahora el riesgo es mayor. De hecho, Amuay es hoy, además, una empresa a merced de
ciertos fenómenos naturales, luego de que una de las chimeneas del Conjunto de
Refinación registrara un incendio recientemente, después que cayó sobre ella un
rayo en medio de una tormenta eléctrica.
Hace
poco más de un año, desde Formato del Futuro… las reflexiones giraron alrededor
de lo que se percibía que pudiera suceder con el caso Amuay, después de lo que
pasó con el deslave de Vargas y las posteriores justificaciones sobre lo que se
dejó de hacer en el sitio:
“Y
desde Vargas a Amuay, ¿cuántos han sido los casos, eventos, hechos que han
terminado siendo portaestandartes de la misma conducta gubernamental, para
convertirse después en olvido interesado, si acaso en huella imperecedera
exclusiva para dolientes y/o afectados?.
Muchos
han sido los casos. Sin duda alguna. Pero cada uno, indistintamente de su
fuerza o gravedad, de igual manera, ocupan el lugar debido y correspondiente en
la agenda de una sociedad que, mayoritariamente, ha comenzado a derrotar sus
miedos, convencida como está de que hay que evitar la reedición del olvido de
Vargas o la hoy pretendida minimización de lo que realmente ha sucedido en
Amuay. Sobre todo, por la manera como se le ha estado usando desde un enfoque
netamente propagandístico, a partir de la difusión de la especie de que allí no
hubo nunca negligencia, indolencia o incompetencia. No. Todo se debió a la
acción del viento paragüanero, que se
empeñó en imposibilitar la eficiente actuación de la gerencia petrolera
en contra de las causas de lo que, una hora más tarde del momento cuando se les
identificó, sin embargo, luego se convirtió en la generadora de la peor
tragedia mundial que se ha registrado en un centro refinador de petróleo
durante los últimos 25 años”.
Ante
el caso de Vargas, en vista de que Corpovargas no pasó de ser otro de esos
canales de trasvase de recursos que se generan en los momentos de tragedia, sin
que luego se perciba en qué se usaron y a quiénes realmente beneficiaron, hasta se llegó a insinuar la posibilidad de
que ese estado, sencillamente, debía cerrar sus puertas y convertirse en un
apéndice referencial caraqueño, de una zona destruida por un fenómeno natural.
Pero los varguenses reaccionaron en contra de semejante posibilidad, y el resto
de los venezolanos hizo causa común con ellos.
Desde
luego, más allá de lo que hacen los medios, del dolor de quienes todo lo perdieron
en el sitio y del recuerdo imperecedero
entre los sobrevivientes que hoy prefieren trabajar en Colombia, antes que
exponer su vida a la eventual repetición de la tragedia, hay una interrogante
que mueve el espíritu de muchos que se niegan a olvidar lo sucedido: ¿qué hacer ante el caso Amuay?.
La
subsiguiente abundancia de eventos que se han suscitado en la industria
petrolera desde hace ya un año, a decir de sus propios trabajadores, es verdad,
ha tenido la suficiente fuerza e importancia como para reducir a un simple
recuerdo el caso Amuay. Pero a la propia industria y al país, mucho menos a los
habitantes de la zona de Alí Primera en el estado Falcón, les interesa y
conviene que semejante tragedia sólo sea, como Vargas, un caso referencial en los
textos relacionados con similares casos petroleros del mundo.
Se
podrán desentender del cumplimiento de sus responsabilidades, en cuanto a decir
qué sucedió, cómo sucedió y quiénes son los responsables de que haya sucedido,
aquellos funcionarios interesados en validar lo que supuestamente no aconteció,
atendiendo a su desempeño de obediencia a la importancia de silenciar lo que ha
sido un ruido mundial.
Sin
embargo, alrededor del evento, sin duda alguna, no hay supuestos con tal fuerza
autonómica, como para anular ese ruido citado. Mucho menos, para borrar de la
mente de los miles de venezolanos que siguen viviendo en espacios aledaños a
las múltiples instalaciones petroleras del país, que lo que se produjo el 25 de
agosto del 2012 a la 01:12 minutos de la medianoche en el estado Falcón, es
verdad, fue un accidente; no necesariamente el único en su tipo. Sobre todo,
si los llamados a evitarlo insisten en
convertir cada observación, reclamo o alerta, en un simple motivo para
cuestionarlo por provenir de personas interesadas en escandalizar.
En
Amuay, no fue que supuestamente hubo un accidente hace un año. En Amuay hubo un
accidente. Se produjo una tragedia, la peor en un siglo de actividades
petroleras en Venezuela; la mayor en los últimos 25 años en la industria
petrolera del mundo. Y eso es definitivamente grave. Inocultable.
Comprometedoramente exigente en sus efectos y en la importancia de evitar que
se repita.
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