La
Universidad es una institución que por su naturaleza siempre resulta molesta,
más para aquellos gobiernos que sustentados en la represión, no aguantan el
estruendoso trino de la libertad y el jolgorio de la pluralidad.
Conscientes
de lo peligroso que resulta para sus intereses la Universidad, los regímenes
autoritarios han intentado en reiteradas ocasiones dominarla. Desde la grotesca
asfixia presupuestaria hasta el uso de la violencia, se han empleado con miras
a debilitarlas.
En
este caso, el gobierno prefirió atentar directamente contra la autonomía.
Profesores, alumnos y empleados manifestaron su repudio a tamaña afrenta. Sin
embargo, el gobierno respondió con arrogancia y señaló que la Universidad se
había convertido en un centro de fomento a la disidencia y había perdido su
labor formativa. Criminalizando la protesta, sembrando el miedo y recurriendo
al uso del aparato judicial, el régimen quiso silenciar cualquier asomo de
descontento.
Algunos
profesores prefirieron marcharse ante la ofensa del Decreto 321 dictado por la
Junta de Gobierno venezolana el 17 de octubre de 1951. Muchos que reprocharon
la medida, y que por ello visitaron las mazmorras de la represión militarista,
optaron por renunciar a sus cargos. No querían estar en una Universidad cuya
naturaleza contestataria había sido arrebatada. Otros profesores fueron
expulsados sin siquiera darles derecho a la defensa.
Creyó
el gobierno que expulsando profesores y sustituyéndolos por individuos serviles
y sin credenciales académicas muchos de ellos, podía acallar la voz de una
Universidad que exigía libertad. El grito democrático sonó con más fuerza
cuando el 5 de diciembre de 1958, se restituyó la autonomía universitaria en la
Ley de Universidades.
luisdalvarezva@hotmail.com
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