El régimen de Maduro no ha entendido el
significado de su derrota electoral, el pasado 14 de abril. Insisten en la
violencia de calle y en la Asamblea, en las chocantes cadenas y en los montajes
y mentiras que la inmensa mayoría de los venezolanos rechaza con firmeza.
No han entendido que la auditoria que exigen
los venezolanos, en base al artículo 236 de la Ley de Procesos
Electorales, no es una simple solicitud
al órgano electoral para que se realice una “verificación de todos aquellos
recursos materiales, tecnológicos (…) que garanticen la transparencia y la
confiabilidad” del proceso; sino que esa auditoría es parte del derecho que
tenemos los ciudadanos de elegir nuestras autoridades, consagrado en la
Declaración de Derechos Humanos de 1948 y en la Convención Americana de
Derechos Humanos (art.23-b) que precisan que todos gozamos del “derecho de
votar y ser elegidos en elecciones periódicas autenticas (…) que garantice la
libre expresión de la voluntad popular…”
No quieren aceptar que los venezolanos
tenemos el derecho a vivir en democracia, entendida ésta como el único espacio
en el que se pueden ejercer plenamente los derechos humanos. Menos quieren
aceptar que los elementos esenciales de la democracia son, entre otros, el
respeto por esos derechos y de las libertades fundamentales, el acceso al poder
y su ejercicio de conformidad con el imperio de la ley, la celebración de
elecciones periódicas, libres y justas por sufragio universal y por voto
secreto como expresión de la voluntad de la población, la separación de poderes
y la independencia del poder judicial.
Insiste el régimen de Maduro en ignorar que
la democracia es un derecho humano colectivo que genera responsabilidades a
unos y a otros. Adentro, los gobiernos deben garantizar su ejercicio pleno,
respetando el orden jurídico; afuera, la comunidad internacional, los gobiernos,
las instituciones y la misma sociedad civil deben exigir el respeto pleno de la
democracia tal como lo prescribe en forma muy clara la Carta Democrática
Interamericana, un compromiso jurídico asumido por los Estados de la región no
para protegerse mutuamente, sino para garantizar a los ciudadanos su derecho a
vivir en un régimen de libertades.
Para la mayoría de los venezolanos, hay un
camino lo que el régimen se niega también a aceptar. La impugnación que ha
planteado la Unidad Democrática al
Tribunal Supremo de Justicia es parte de ese derecho y como tal debe ser
respetado. El tribunal deberá responder oportuna y adecuadamente acerca de esa
solicitud, lo que no es fácil, dada su constitución y la dependencia del
Ejecutivo que ha mostrado siempre. Ello, sin embargo, y así deberá también
entenderlo el régimen de Maduro, no cerraría el tema pues al agotar los
recursos internos, se abre la posibilidad de gestiones ante los órganos
internacionales regionales y universales competentes, no solamente los encargados
de la protección de los derechos humanos, sino los políticos facultados para
conocer las cuestiones relativas a la paz y la seguridad interna e
internacional.
Las decisiones de los órganos internacionales
deberán ser respetadas por Venezuela y en consecuencia se tendrían que
organizar lo antes posible nuevas elecciones presidenciales, evidentemente,
bajo nuevas condiciones y con
observación internacional imparcial.
La comunidad internacional deberá ejercer sus
legítimas influencias para garantizar las decisiones de los órganos
internacionales y el cumplimiento del orden jurídico, sin descartar sanciones
que garanticen la protección de los ciudadanos que en definitiva es lo
realmente fundamental. Un estado de ilegitimidad y de confrontación pondría en
peligro el disfrute pleno de los derechos de los ciudadanos y con ello la paz
interna nunca exenta de consecuencias internacionales. Ojala el régimen
entienda que no se trata de una "injerencia externa", sino de una
"intervención legitima" que exigen las nuevas realidades.
victor rodriguez cedeño
vitoco98@hotmail.com
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