Durante la etapa democrática venezolana ha
habido elecciones con resultados polémicos y también gobiernos que obtuvieron
victorias sólidas y en menos de un mes perdieron buena parte de su apoyo
popular. Ejemplos de lo primero son las dos veces que Rafael Caldera fue electo
Presidente (1968 y 1993) –en ambos casos por estrecho margen y bajo
cuestionamientos, y de lo segundo fue el gobierno de CAP II (1989-1993), cuyo
encanto se diluyó en apenas 25 días en medio de un estallido social.
No
obstante, lo que no había ocurrido jamás, es que un candidato que se suponía
ganaba las elecciones con 20 puntos de ventaja a un mes de los comicios,
llegara jadeando al final a pesar de todo el ventajismo e irregularidades,
obtuviera un resultado oficial tan estrecho que no es reconocido por varios
gobiernos ni por la oposición, y asumiera el poder en medio de una enorme
crisis de legitimidad bajo un estruendoso cacerolazo que sonó con igual fuerza
en todos los sectores sociales.
Por supuesto, tanto el Gobierno, sus aliados
y una parte de la prensa local e internacional, deploran la tesis del fraude y
cuestionan que no se reconozca el resultado oficial del CNE, pero hay
demasiados elementos que permiten al gobernador Capriles y a quienes le
apoyamos, sostener que las irregularidades detectadas afectaron los resultados
y en consecuencia insistir en una auditoría, que de no darse en los términos
exigidos, nos conduce hacia la impugnación del proceso.
Para quienes siempre están insatisfechos con
los alegatos y nunca ven las irregularidades, he aquí un apretado resumen de un
robo electoral que no tiene un solo carril ni un sólo momento, sino que es
continuado en su perpetración y que comenzó con la conformación misma del
cuerpo electoral, en cuyo seno operan cuatro rectoras abiertamente parcializadas
a favor del Gobierno, y apenas un rector que más que de oposición, es el único
que vela por el respeto a la Constitución.
Es así como, en boca de nuestro propio
abanderado, partiendo del elemento crucial del desequilibrio informativo,
tenemos que sólo durante los 10 días oficiales de campaña, Nicolás gozó de 65
horas con 10 minutos de cobertura, mientras que Capriles tuvo sólo 5 horas con
44 minutos. Se registró también un uso descarado de recursos, funcionarios
públicos y algunos miembros de la FANB, quienes se prestaron para violar la
Constitución de manera flagrante, poniéndose al servicio de una parcialidad
política. Hubo violencia en 860 centros de votación -en buena parte de ellos
(737) se retiró a punta de pistola a nuestros testigos-, mientras que
motorizados oficialistas en la calle hicieron campaña abierta por el PSUV o
intimidaron a los votantes, así como funcionaron puntos rojos dentro de los 200
mts de exclusión que se habían fijado en, al menos, 1.111 centros de votación.
También hay evidencia del abuso del voto asistido, lo cual ocurrió en 1.000
centros e involucró a cientos de miles de personas, a pesar de que el CNE
estableció que era sólo para personas mayores que no pueden valerse por sí
mismos, los invidentes y los discapacitados. De igual forma hubo más de 10.000
llamadas de denuncias ese día al Comando Simón Bolívar y se reportaron 535
máquinas dañadas.
Ahora bien, más allá de todo esto, lo cual de
por sí es suficiente para cuestionar cualquier elección, surgen también con
fuerza elementos que no tienen lógica. Por ejemplo, en 1.176 centros de
votación Nicolás sacó más votos que Chávez –lo cual no se lo cree ni Cilia–, y
en 39 sacó 100% de los sufragios –lo cual es simplemente inexplicable. Pero
este tipo de cosas sólo se podrán aclarar revisando exhaustivamente los
cuadernos de votación y teniendo acceso a la data del SAI, a lo cual el CNE por
ahora está negado, ya que sólo así se podrá determinar si hay huellas
repetidas, si los fallecidos que permanecen en el registro aparecen votando, y
si hay electores que usan dos o más cédulas de identidad. Pretender una
auditoría electoral sin acceso a estos elementos, es como auditar una empresa
sin acceso a las facturas y los libros de contabilidad.
Frente a esto, este gobierno que nace con plomo
en el ala, responde tratando de cubrir su déficit de ilegitimidad con miedo, el
cual genera a través una represión brutal en las calles, despidos masivos en
los órganos públicos y la criminalización de la disidencia. Todo ello, además,
haciendo un uso brutal de su poder comunicacional para imponer su versión de
los hechos, torcer realidades e inventar mentiras. En ese cuadro Ernesto
Villegas se ha ido convirtiendo en el Joseph Goebbels del s.XXI, y acusa de
fascista a la alternativa democrática. Con esta actitud el Gobierno sólo cierra
las puertas del diálogo y agrava la crisis política.
Pero la crisis no es sólo política. A este
cuadro nada sencillo de ilegitimidad, se suma el patético cuadro socioeconómico
en que está sumido el país. Desde que Nicolás asumió la presidencia como
encargado de manera írrita hasta hoy, han muerto más de 5.000 venezolanos en
manos del hampa, la crisis eléctrica se ha profundizado y según el mismo Jesse
Chacón la gestión de Argenis Chávez fue ineficaz y corrupta, la moneda ha sido
devaluada dos veces y no hay acceso a los dólares para importar, el aparato productivo
interno sigue en picada, la escasez de bienes se profundiza –con especial
énfasis en alimentos y medicinas– y la inflación aumenta a pasos acelerados.
Conclusión: este gobierno es ilegítimo y la
crisis que se desarrolla es muy compleja y de amplio espectro. Lo que mal
empieza por lo general termina mal.
cipriano.heredia@gmail.com
@CiprianoHeredia
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