La imagen de soldados apuntando con sus armas a los representantes del pueblo, disparando en el sitio donde sólo debía escucharse la voz de la Nación y de la ley
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| ANTONIO TEJERO MOLINA |
La historia política hispanoamericana
registra el 23 y el 24 de febrero de 1981 un hecho singular: el fallido golpe
de Estado realizado en España cuando un grupo de guardias civiles encabezados
por el teniente coronel Antonio Tejero, irrumpieron de manera violenta en las
cortes durante la designación de un nuevo presidente, secuestrando así a los
integrantes del poder legislativo y ejecutivo. La nueva democracia española,
luego de la dictadura del general Francisco Franco, enfrentaba la amenaza del
militarismo, so pretexto de defender la unidad del país.
La imagen de soldados apuntando con sus armas
a los representantes del pueblo, disparando en el sitio donde sólo debía
escucharse la voz de la Nación y de la ley, ha quedado grabada como uno de los
más penosos actos del autoritarismo en el siglo XX.
Horas de gran incertidumbre se vivieron en
España. En la madrugada del día 24, el Rey don Juan Carlos I, responsable del
mando supremo de las Fuerzas Armadas, efectuó un histórico pronunciamiento: “La
Corona, símbolo de la permanencia y unidad de la Patria, no puede tolerar en
forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la
fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español
determinó en su día a través de referéndum”. Asumía de esa manera la defensa de
la democracia vilmente atacada. Igualmente, millones de ciudadanos se
abalanzaron a las calles, testimoniando su determinación política de no
regresar a la época dictatorial. El franquismo (1939-1975) impuso un gobierno
de represión y violencia política de orientación fascista, luego de una
dramática guerra civil.
No obstante la gravedad de los sucesos, el
Consejo Supremo de Justicia Militar dictó penas insuficientes contra los
implicados, las cuales fueron ampliadas por el Tribunal Supremo.
Don Adolfo Suárez, expresidente del gobierno,
figura civil determinante en el proceso de transición de España hacia la
democracia, reclamó el ejemplar castigo a los culpables, y advirtió:
“…La
crisis de la democracia implica necesariamente la crisis de todas las
instituciones españolas (…), que sólo en el orden democrático que el pueblo
español, en el ejercicio legítimo de su soberanía, se ha dado a sí mismo
encuentra su verdadero sentido y fundamento”. “(…) una crisis de este tipo
abriría paso al miedo como factor determinante de la política española. (…) No
hay libertad bajo el miedo, no hay derechos ciudadanos bajo el miedo, no se
puede gobernar bajo el miedo. (…) el miedo traería consigo la involución de la
vida española”. “Con la involución viene el separatismo institucional, (…),
cuyas consecuencias la historia por desgracia nos ha mostrado”.
“Atentar
contra este hecho es subvertir el orden institucional, hacer prevalecer la
fuerza contra la legitimidad, tratar de usurpar la jerarquía cívica en aras de
una presunta disciplina que se podría ejercer contra los supremos intereses del
pueblo”. “Es preciso dejar muy claro que en España no existe un poder civil y
un poder militar. El poder es sólo civil”, aseguraba Suárez, con rectitud
histórica y consecuencia democrática.
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