¿Qué
sucederá cuando se realicen las elecciones presidenciales en Paraguay, asuma un
nuevo presidente y el país sea “readmitido” como miembro del MERCOSUR? ¿se hará
borrón y cuenta nueva? ¿acaso desaparecerán como por arte de magia las
objeciones que el parlamento paraguayo mantiene actualmente? y ¿en qué
condición legal quedaría entonces el ingreso de Venezuela al bloque?
OJO BRASILEÑO |
La
defenestración del presidente de Paraguay, los turbios manejos que ésta
desencadenó y la subrepticia entrada de Venezuela al MERCOSUR por la puerta
trasera no hacen más que poner de relieve la discrecionalidad y el desdén con
los que en buena parte de Latinoamérica se maneja la legalidad y la
institucionalidad internacionales.
Haciendo
a un lado las consideraciones sobre las ventajas y desventajas de ingresar a
ese esquema de integración en este momento, cuando éste pasa por una de sus más
serias crisis y se ha destruido la capacidad agroindustrial y exportadora de
nuestro país, así como la manera inconsulta como han sido tomadas las
decisiones al respecto, es innegable que la legalidad ha sido obviada en razón
de ventajas más de orden económico y político de uno y otro lado que por
verdaderas razones de interés nacional; en las actuales circunstancias,
pareciera que las economías de Brasil y Argentina serían las más beneficiadas,
mientras que el régimen venezolano actual piensa obtener réditos políticos de
semejante acción.
Antes
que nada hay que dejar en claro que la salida de Lugo ocurre mediante un
procedimiento ajustado fielmente a la Constitución paraguaya, por decisión casi
unánime de un parlamento bicameral y en virtud del mandato soberano que le
fuera conferido por el pueblo, el cual por cierto nunca salió a la calle ni a
exigir que no se le desalojase de la presidencia ni que se le repusiera en
ella. Tal vez nos pueda parecer curiosa o inconveniente la legalidad paraguaya
que permite un juicio político sumario al presidente; pero aunque nos parezca
dura, esa es la ley. Además, la misma figura existe, con las naturales
variantes, en muchos regímenes parlamentarios europeos, en lo que constituye un
procedimiento que a nadie se le ocurriría tildar de antidemocrático, donde un
gobernante que pierde el apoyo del parlamento, representante al fin de la
voluntad popular, simplemente es despojado de su investidura y se procede a
elegir a un nuevo mandatario.
Como
quiera que la crisis política paraguaya ponía en riesgo las alianzas de los
países de la ALBA, se procuró la ayuda y complicidad de los demás miembros del
MERCOSUR, primero para tratar de impedir el juicio a Lugo, y ante la
imposibilidad de lograrlo, para tratar después de generar una salida de fuerza,
como ha trascendido recientemente en diferentes medios. Sin embargo, todo
indica que tras haber fallado en su intentona intervencionista los miembros del
MERCOSUR y Venezuela encontraron la forma de sacarle provecho a una situación
adversa. En efecto, Paraguay, país depositario del Tratado de Asunción que da
origen al MERCOSUR, termina siendo “suspendido temporalmente” como miembro del
mismo –no se sabe en base a que disposiciones legales- hasta que celebre nuevas
elecciones, por haber seguido al pié de la letra el procedimiento
constitucional para enjuiciar a su presidente, lo que inmediatamente es
aprovechado para dar un golpe a la legalidad y allanar el camino para el
ingreso de Venezuela, obviando así las serias reservas que el parlamento
paraguayo ha tenido la valentía y sensatez de mantener por varios años.
Y
aquí cabría preguntarse: ¿qué sucederá cuando se realicen las elecciones
presidenciales en Paraguay, asuma un nuevo presidente y el país sea
“readmitido” como miembro del MERCOSUR? ¿se hará borrón y cuenta nueva? ¿acaso
desaparecerán como por arte de magia las objeciones que el parlamento paraguayo
mantiene actualmente? y ¿en qué condición legal quedaría entonces el ingreso de
Venezuela al bloque? Por el momento Paraguay ha señalado que el acceso de
Venezuela sin su presencia ni conformidad constituye una grosera violación al
Tratado de Asunción, además de un agravio a su dignidad nacional.
Todo
ello nos lleva desafortunadamente a concluir que si Venezuela logró entrar al
MERCOSUR sin contar con el aval de todos sus miembros, como lo establece su
tratado constitutivo cuando señala que la adhesión de nuevos miembros debe ser
“objeto de decisión unánime de los Estados Partes”, no debería ahora
sorprendernos que también pretenda escabullirse de la vigilancia de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, sin necesidad de denunciar la Carta de la
OEA.
Que
Venezuela se haya prestado a una maniobra política de semejante naturaleza para
satisfacer la obsesión de entrar a MERCOSUR no debe extrañarnos; lo
sorprendente es que los tres miembros restantes del grupo hayan apoyado sin
empacho alguno semejante tropelía por razones políticas y económicas; aunque
después del fiasco protagonizado por la diplomacia brasileña en Honduras,
generalmente considerada como la más profesional del continente, en donde se
violentó abiertamente la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, no
debería asombrarnos la actitud del principal beneficiario de esta decisión.
Definitivamente,
parece que vivimos en un continente que dejó hace tiempo de estar gobernado por
verdaderos estadistas, en medio de una legalidad de plastilina e instituciones
de papel y bajo la mirada pasiva e indiferente de sus “ciudadanos”. Con razón
el resto del mundo no termina de tomarnos en serio. Las instituciones, para que
sean los verdaderos fundamentos de un Estado, de una sociedad o de una
comunidad de naciones, deben obedecer a principios sólidos y estables y gozar
del más estricto respeto a la legalidad, de otra manera ni ellas ni sus
representantes pueden aspirar a ser tomados en serio por nadie.
normanpino@yahoo.com
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