El régimen bolivariano
acostumbra desconocer las decisiones internacionales no sólo en materia de
derechos humanos, sino en el ámbito de la protección de las inversiones
extranjeras, lo que le coloca en el sector forajido de la comunidad internacional
que desprecia el orden jurídico establecido.
La política chavista de
confiscaciones, un simple asalto a la propiedad privada, una violación clara de
las normas constitucionales y de las internacionales, coloca a Venezuela en una
situación difícil pero, sobre todo, muy costosa.
Las demandas en contra de
Venezuela por tales "expropiaciones", hoy más de 24 en órganos
arbitrales internacionales, entre otras: Gold Reserve, Tenaris, Crystallex,
Mobil Corporation, Conoco Phillips, Holcim Limited, Autopista Concesionada de
Venezuela, Vanessa Ventures, suman centenares de millones dólares.
Es cierto que el Derecho
internacional supone que un Estado no puede ser llevado sin su consentimiento a
un mecanismo jurisdiccional internacional; pero es igualmente cierto que en
ejercicio de la soberanía el Estado puede aceptar tales procedimientos y
participar en ellos con el compromiso evidente de cumplir las decisiones que se
produzcan. Al suscribir los tratados bilaterales de protección de inversiones,
el Estado acepta el recurso del arbitraje internacional y debe aceptar sus
decisiones, aunque la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia,
haciéndole juego a un Ejecutivo forajido, ha considerado que la ejecución de
los laudos de los tribunales arbitrales está sujeta al cumplimiento del orden
constitucional venezolano, lo que permitiría a un tribunal nacional revisar su
contenido e incluso negar su ejecución, lo que contradice los compromisos
asumidos al suscribir el tratado de 1965 mediante el cual se crea el Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Es claro que
además de éste, otros órganos internacionales pueden conocer controversias de
esta naturaleza: la Cámara de Comercio Internacional de París, la Corte de
Arbitraje Internacional de Londres y el Centro de Arbitraje de Estocolmo.
El régimen bolivariano
desprecia el significado y alcance del Derecho internacional, particularmente,
el valor y la importancia de los mecanismos de solución pacífica de
controversias, entre ellos el arbitraje en el contexto de la protección de
inversiones, contenido en tratados bilaterales suscritos por la República.
Las controversias surgen con
empresas extranjeras y, en consecuencia, con los Estados de los cuales son
nacionales. Sin posibilidades ciertas de lograr una solución mediante la vía de
la negociación o de la conciliación como fases preliminares, las controversias
se someten a arbitrajes que por lo general no favorecen al Estado, aunque sí a
escritorios jurídicos de aquí y de allá que obtienen dividendos inimaginables.
El régimen bolivariano ignora
la fuerza de los tratados internacionales y las obligaciones asumidas al
suscribirlos.
En el caso de la Exxon Mobil,
en relación con el cual la Cámara de Comercio Internacional de París decidió
que el Estado venezolano debía pagar 907 millones de dólares por la
nacionalización de parte de sus activos en 2001, Chávez dijo el 8 de enero de
este año que "Venezuela no reconocerá las decisiones Ciadi", a la vez
que amenazó con retirarse del mecanismo, lo que supone la denuncia de tratados
de los cuales es parte Venezuela, un procedimiento que parecen ignorar los
bolivarianos.
El retiro del Ciadi, anunciado
irreverentemente por Chávez, alejaría aún más las inversiones extranjeras, y,
en todo caso, no afecta los procesos en curso.
La aberrante postura del
régimen bolivariano es muestra de su desprecio por el orden jurídico y la
legalidad en el ámbito internacional, proyección clara de su actitud en el
plano interno. Una postura de forajido que genera desconfianza en el exterior,
en perjuicio de la captación de inversiones extranjeras. Esta actitud confirma
la necesidad de revisar con mucho detenimiento y seriedad el estado de las
instituciones y de las políticas de estos años, después del 7 de octubre
próximo.
Un período de transición
basado en un pacto nacional de las fuerzas democráticas nacionales se impone
para rescatar las instituciones y diseñar un nuevo país basado en la
solidaridad y la justicia social.
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