· Declinación económica
· Economía e involución institucional
· Decadencia petrolera y rentismo.
· Deterioro de capacidad productiva y restricción externa.
· Reconstrucción con visión de futuro
RECONSTRUIR A VENEZUELA
DECLINACIÓN Y SU PROFUNDIZACIÓN
En los últimos 32 años Venezuela ha vivido un proceso prolongado de declinación económica y social. Desde 1978 hasta 2010 el producto per capita ha decrecido, con esporádicos “brotes” de crecimiento ligados a auges de precios petroleros. Ello contrasta con la evolución positiva que tuvo Venezuela en un largo periodo anterior. Desde 1950 (aún antes) hasta los años 1970s prevaleció el crecimiento, continuo y estable, con inflación muy baja; período que incluye 20 años de democracia moderna (1958-1978). Obviamente, la declinación ha afectado el ingreso por habitante, hoy es aproximadamente 8 por ciento inferior al de 1978, cuando debería haber sido significativamente superior.[1] Además, existe alto desempleo e informalidad, con niveles de pobreza elevados, violencia e inseguridad crecientes; acompañados alta inflación, de las más altas mundo.
Bajo el actual gobierno, a pesar de un “gran auge” de precios del petróleo, quizá el más importante en la historia moderna; los problemas y las distorsiones se han profundizado. La marcha hacia el “socialismo real” ha estimulado en forma significativa el rentismo petrolero y los rasgos negativos que obstaculizan el desarrollo económico y social.
El rápido ascenso de los precios del petróleo en los 2000s estimuló un brote de crecimiento en 2003-2008, para luego caer al explotar la burbuja de los precios petroleros, con descensos importantes del producto en 2009 y 2010; a pesar de que en 2009 los precios del petróleo ya habían experimentado recuperación. La recesión venezolana fue una de las excepciones en la región. La gran mayoría de los países América Latina, y economías emergentes de otras regiones, pudieron instrumentar políticas anti-cíclicas exitosas. La raíz de este comportamiento negativo está en la involución institucional impuesta por la elite gobernante desde el Poder Ejecutivo, contraviniendo la Constitución. Como índica el texto de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales “La Reconstrucción Institucional del País” [2], el marco institucional venezolano ha sufrido una grave regresión.
“Venezuela constitucionalmente es un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia. En este sentido la constitución es un programa para el establecimiento de una sociedad democrática y plural. Sin embargo, en nuestra realidad política la separación de los poderes públicos ha sido sustituida por un predominio prácticamente del Poder Ejecutivo, al mismo tiempo que se postula la inconveniencia de la separación de poderes; la representación popular y los procesos electorales no representan los resultados de las últimas elecciones; la ausencia de un Parlamento autónomo causa un desequilibrio a favor de uno de los poderes públicos. Por otro lado, el desconocimiento del sistema económico constitucional lleva a considerar la libre iniciativa no como un derecho sino como excepción dentro de la planificación económica gubernamental, y la propiedad como una simple licencia del Estado para el uso de los bienes en los sectores de la producción, industriales, del comercio y de los servicios.”
En cierta manera la larga declinación es una paradoja, una situación auto-impuesta difícil de explicar. Venezuela es un país con una importantísima dotación de reservas naturales de petróleo, de las más altas del mundo. El uso prudente del ingreso petrolero hubiese podido evitar la primera tentación estatista a raíz del “gran auge” de precios del petróleo de la segunda mitad de los años 1970s y la fuerte declinación que se presentó al caer los precios del petróleo. Si continua la marcha hacia el “socialismo real” y su estatismo rentista desbordado la “trampa de pobreza” se acentuaría. Como muestra la historia, el “socialismo real” ha sido un fracaso, social, económico y político; abandonado por China, Rusia y otros países donde se implantó este tipo de sistema, a excepción de Corea del Norte y Cuba. La crisis de la deuda que hoy sufren las economías avanzadas no puede ser una coartada para abandonar los mecanismos de mercado. Más bien es una enseñaza acerca del peligro que representan arreglos institucionales y políticas públicas inconsistentes, por ejemplo, las que arrojan déficits fiscales elevados y crónicos, o la falta de supervisión del sistema financiero.
Venezuela debería cambiar su rumbo e iniciar la reconstrucción de sus instituciones y economía con una visión de futuro, adecuada a los nuevos retos. Es necesario aprender tanto de nuestros errores del pasado como de las experiencias fallidas, y tomar en cuenta los cambios en el entorno internacional. Existe la experiencia positiva de economías emergentes que muestran crecimiento positivo con relativo desacoplamiento de los problemas que presentan las economías avanzadas.
Se requiere construir una economía productiva, con una base económica más diversificada, competitiva, capaz de crecer en forma continua, reduciendo la pobreza y la desigualdad en forma determinante. Una tarea difícil, dado el legado de distorsiones existentes, pero posible con el respaldo de todos los factores de la nación. La condición de partida es un cambio político que permita iniciar la reconstrucción institucional y económica de Venezuela.
ECONOMÍA E INVOLUCIÓN INSTITUCIONAL
El obstáculo central que enfrenta Venezuela para desplegar sus posibilidades es la involución institucional que ha impuesto la elite gobernante desde la Presidencia. Económicamente abarca dos aspectos interrelacionados; rentismo petrolero y evolución hacia el “socialismo real”, con desconocimiento de los derechos de propiedad, estatismo creciente y aumento de los controles.
Ha surgido una capa social, la nueva elite y su nomenclatura estatista, que controla el poder político y obtiene importantes beneficios económicos del nuevo arreglo institucional. Ello en una atmósfera donde no existe transparencia ni rendición de cuentas, con niveles muy altos de corrupción. La propaganda del Estado intenta trasmitir la idea de marcha hacia una sociedad socialista de “iguales”, armoniosa y sin explotación, lo que no pasa de ser una inversión caricaturesca de la realidad. Es tan solo una “falsa conciencia” para justificar la posición privilegiada de una elite en el poder con fuertes rasgos cleptocráticos.
El desconocimiento de los derechos de propiedad (presentes en la Constitución) se evidencia en expropiaciones y confiscaciones, las cuales han afectado un número importante de unidades productivas agrícolas, industriales y unidades de servicios (como estacionamientos y comercios urbanos), parte de las cuales ha dejado de existir. El comportamiento económico de las que perviven bajo la dirección de la nomenclatura estatal es negativo: sus niveles de producción se reducen, arrojan pérdidas y dependen de transferencias estatales. El ejemplo de las empresas “básicas” de Guayana o de empresas productoras de cemento es ilustrativo.
Acompañando la estatización creciente se intenta extender los controles estatales a toda la economía, remplazando paulatinamente los mecanismos de mercado por precios dictados por la autoridad central, un paso complementario para establecer una “economía de comando”. El último ejemplo en este camino en la nueva Ley Costos y Precios Justos, donde el arcaísmo no solo prevalece conceptualmente sino que se revela en el título mismo del texto. La expresión “precios justos” es una frase tomada del pensamiento escolástico, de los criterios que Santo Tomas de Aquino defendió en La Suma Teológica. Una economía moderna, con cientos de miles de productos y servicios (intermedios y finales), y complejas interrelaciones; requiere de precios establecidos en el mercado para su funcionamiento eficaz, con controles adecuados en áreas especiales o situaciones de clara distorsión. Las señales de precios son un mecanismo para la asignación de recursos, distribución de factores y bienes en toda la red económica; un aspecto clave para la innovación. Intentar remplazar al mercado por un aparato administrativo sería volver al pasado remoto o al fallido experimento del “socialismo real”.
DECADENCIA PETROLERA Y RENTISMO
A pesar de los serios problemas de información impuesta por el Ejecutivo, un hecho está claro: los últimos doce años son de declinación de la producción petrolera. Estamos en presencia de un “rentismo exacerbado”, con especialización casi total en exportaciones petroleras, decadencia de la producción petrolera en volumen y aumento importante del coeficiente de importaciones sobre el producto.
En 1998 la participación de las exportaciones no petroleras en el total de las exportaciones alcanzó el 31 por ciento, reduciéndose al 5 por ciento en 2010; en dólares corrientes las exportaciones no petroleras bajaron 37 por ciento. Los altos ingresos por exportaciones petroleras, que en 2010 se multiplicaron por más de cinco veces respecto a 1998 (según información que publica el BCV), es el resultado de altos precios del petróleo. Con la eliminación práctica del Fondo de Estabilización Macroeconómica Venezuela está sujeta a la volatilidad de los precios petroleros, como se evidenció en 2009 y 2010, cuando no se contó con fondos para aplicar una política anti-cíclica.
La producción en volumen ha descendido en forma apreciable. Tomando las cifras que divulga el Banco Central, en los últimos doce años el producto del sector petrolero en términos constante cayó 17 por ciento. El consumo doméstico ha crecido rápidamente, tanto por el crecimiento de la población como por el precio domestico de la gasolina, el más bajo del mundo. Ello quiere decir que las exportaciones petroleras en volumen han descendido con más fuerza que la declinación de la producción como un todo.
Parte de la exportación no genera caja o ingresos corrientes, ya bien por que ser exportaciones que se hacen a Cuba y otros países en condiciones especiales, o porque son pagos por deuda contraída, como los casos con China y Japón. PDVSA se ha transformado en una empresa ineficaz, con muy baja inversión en el sector petrolero. Endeudada, con compromisos de pago de deuda (especialmente con China) por petróleo, envíos crecientes hacia el futuro; incapaz bajo las actuales condiciones de incrementar la producción petrolera en volumen en forma significativa.
El área fiscal se ha caracterizado por déficits altos recurrentes, con proliferación de organismos para-fiscales, como Fonden (y otros fondos), los cuales funcionan sin transparencia ni rendición de cuentas. Fonden ha recibido parte importante de las reservas internacionales del BCV para gastos domésticos, un financiamiento monetario significativo del gasto de gobierno. La deuda, externa y doméstica, ha crecido en forma acelerada, a pesar del auge de precios del petróleo. Según el BCV, la deuda externa pública (supuestamente sin incluir los acuerdos de pagos con petróleo o parte deuda de PDVSA) fue de 77.485 millones de dólares en el primer trimestre de 2011, lo que implicaría una tasa de crecimiento anual promedio de 18 por ciento en los últimos seis años, difícil explicar con los elevados ingresos por exportaciones petroleras. No existe información oficial coherente de la deuda externa total. Algunas estimaciones suponen que la deuda externa contabilizada en forma consistente podría representar el 52 por ciento del producto. La deuda interna a diciembre de 2010 era de 21.000 millones de dólares al tipo de cambio oficial. La proporción de deuda sobre producto no es muy elevada, pero si se mantiene una diferencia tan alta entre el ritmo de crecimiento de la deuda y el del producto, se coloca en entredicho la solvencia del país.
En el mismo sentido llama la atención la alta tasa de rendimiento a la cual se coloca la deuda externa, 12 por ciento. Aproximadamente, con una prima de riesgo de 1.000 puntos básicos respecto a las Letras del Tesoro de EEUU (cercana a la prima de Grecia respecto a los bonos alemanes), indicando desconfianza acerca de la capacidad de hacer frente a las obligaciones externas hacia el futuro. El alto rendimiento que se exige a la deuda externa puede estar motivado por desconfianza política y la posibilidad de que la situación de las cuentas externas sea menos favorable a la que presenta la versión oficial. Agencias internacionales especializadas en el mercado petrolero estiman que la producción petrolera venezolana es menor a la que muestra la información oficial.
DETERIORO DE CAPACIDAD PRODUCTIVA Y RESTRICCIÓN EXTERNA
Las expropiaciones, confiscaciones (o el peligro de este tipo de acción) y el exceso de controles han limitado la inversión privada. A su vez, la inversión pública ha sido francamente ineficaz, sin transparencia, acompañada de elevada corrupción. Un ejemplo es el deterioro que presenta el stock de capital público de infraestructura, como se evidencia en la red viaria y otros tipos de redes públicas. Resumiendo, la capacidad productiva doméstica está afectada por el deterioro del stock de capital (físico y humano) y de la productividad total.
El comportamiento de la inflación esta relacionado con el debilitamiento de la capacidad productiva doméstica. La restringida oferta doméstica no es capaz de reaccionar con suficiente fuerza a inyecciones de demanda de gasto público, lo que se traduce en inflación alta y recurrente; con crecimiento importante de las importaciones. De 1998 a 2010 el ritmo de crecimiento de las exportaciones es más del doble que el del producto: el cociente importaciones-producto se ha elevado. La dependencia externa desde el lado de los ingresos se petroleros se complementa por creciente necesidad de importaciones. La restricción externa se ha hecho determinante y estamos cada vez más sujetos a altos precios del petróleo.
RECONSTRUCCIÓN CON VISIÓN DE FUTURO
Venezuela requiere cambiar de rumbo, con visión de futuro, acorde con los nuevos retos. Para ello es necesario iniciar la reconstrucción, política, social y económica, aprendiendo de nuestros errores y de la experiencia internacional, superar los esquemas de rentismo extremo, tanto el actual como los que operaron en el pasado sin que estuviesen signados por la tendencia al totalitarismo.
Dos objetivos resaltan en la reconstrucción económica. Por un lado, aumentar en forma significativa la producción petrolera y, al mismo tiempo, diversificar de nuestra base económica, desarrollando la producción de transables y reconstruyendo el stock del capital, tanto del capital público como privado, las bases para el crecimiento con desarrollo. Se trata de una tarea difícil pero posible, realizable en el marco de la constitución, respetando los derechos de propiedad y el funcionamiento de los mercados, con el apoyo de todos los sectores. Para ello se necesitan políticas económicas cónsonas con nuestras características específicas y reformas institucionales importantes. A continuación se indican un conjunto de ámbitos donde se sugieren reformas importantes.
En el ámbito petrolero es necesario limitar el poder exclusivo del Ejecutivo, actualmente el único factor decisorio. Los ingresos externos petroleros pueden ser utilizados para conformar un arreglo institucional regresivo, como ha sido el caso en Venezuela y de otros países petro-exportadores. Se debería romper el círculo vicioso del rentismo extremo desde la raíz, reduciendo la discrecionalidad del Poder Ejecutivo en este ámbito, diversificando la facultad de toma de decisiones con otros órganos del Estado y creando organizaciones que respondan directamente a la sociedad civil, al mismo tiempo que se aumentan en forma radical los controles, la transparencia y rendición de cuentas.
Así mismo se requiere especial atención al sector petrolero desde la perspectiva productiva. Actualmente la producción es muy baja respecto al nivel de reservas naturales, manejada por una empresa estatal monopolista con todas las atribuciones, control de los yacimientos, producción, distribución y mercadeo. Se requieren reformas que coloquen incentivos para incrementar la producción y productividad del sector sin privatizar a PDVSA ni disminuir los aportes del sector al fisco. Al contrario, la elevación de la producción y eficiencia mejorarían la contribución al Estado. Una vía importante sería introducir competencia en el sector, permitir en forma clara la presencia de otros agentes productivos y separar el control de de los yacimientos naturales de la producción. El control de los yacimientos naturales debería estar en una organización diferente a las empresas productoras.
El Estado en la sociedad moderna juega un rol imprescindible, de coordinación y necesario para la reducción de la pobreza y el crecimiento. Pero en Venezuela el Estado está totalmente sobre-dimensionado, cargado de funciones, atribuciones y empresas que no puede manejar en forma eficaz, representando una pesada carga para toda la sociedad. Es necesario reducir su tamaño, mejorando su eficacia, transparencia y rendición de cuentas. La reducción del Estado no indica la conformación de un “Estado mínimo” sino su concentración en áreas o funciones donde es imprescindible o donde existen razones sociales para mantener una presencia importante del mismo. Se requiere una dedicación especial del Estado a servicios básicos como educación y salud, y al desarrollo de la infraestructura o bienes públicos. Las transferencias sociales o subsidios deberían concentrarse en los grupos de ingresos bajos.
Además, se requieren reformas en la fiscalidad, orientadas generar una trayectoria hacia el equilibrio y dar estabilidad al crecimiento. Deben desaparecer los mecanismos para-fiscales que han proliferado en los últimos doce años, ligados a numerosos fondos bajo el control discrecional del Ejecutivo, que operan en la oscuridad sin rendición de cuentas. Se debe recapturar la idea de un fondo de Estabilización y Ahorro, manejado por un ente distinto al Poder Ejecutivo, una protección adecuada ante la volatilidad petrolera. Así mismo, se requiere mantener un tipo de cambio competitivo que de viabilidad a la diversificación productiva. El Banco Central debe recapturar su independencia, de manera tal que la política monetaria pueda tener una contribución importante en el control de la inflación.
En síntesis, Venezuela requiere una estrategia de desarrollo orientada al futuro, superar el “rentismo exacerbado” y la involución regresiva que representa la marcha al “socialismo real”. Reconstruir la sociedad dentro de esquema productivo y solidario, capaz de generar crecimiento estable con reducción de la pobreza y desigualdad.
[1] Si la economía hubiese crecido en los últimos 32 años a un ritmo similar al de 1950-1978, el ingreso por habitante actual hubiese duplicado al de 1978.
[2] Academia de Ciencias Políticas y Sociales, “La Reconstrucción Institucional del País”, pág. 10; Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Academia Nacional de la Historia, Academia Nacional de Ciencias de la Medicina, Academia de Ciencias Físicas, Matemática y Naturales, Academia Nacional de Ciencias Económicas, Academia Nacional de la Ingeniería; (2011), Propuestas a la Nación, Caracas, Julio.
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