El objetivo de la Ley de Educación Universitaria es el control de las universidades y su puesta al servicio de un proyecto político que no de país. La cuestión educativa, más allá de lo administrativo, no está presente en sus aspectos concretos fundamentales, pues la mayoría de contenidos se dejan a los reglamentos que elaborará el ministro. Las funciones esenciales del sistema se diluyen ante consideraciones de carácter político-ideológico, que se repiten mucho en el texto, como si eso garantizara su realización.
Desaparecen los institutos politécnicos, seguramente porque no se entiende su diferencia con los institutos de tecnología; igual suerte corren los pedagógicos. No establece nada sobre la carrera académica, pues no señala los mecanismos de ingreso, los niveles del escalafón, ni la prosecución, ni las dedicaciones de trabajo.
En el pregrado, no se ocupa de la admisión estudiantil, ni de la equidad, ni de los requisitos de ingreso, ni los problemas de prosecución de los cursantes. La parte de postgrado está mejor escrita, aunque se equivoca al poner juntas las especializaciones y maestrías, cuando éstas son cursos de formación de investigadores.
La Comisión Consultiva Nacional, organismo nuevo, integrada casi totalmente por funcionarios públicos y por otros nombrados por el ministro, quien selecciona hasta los rectores miembros. Prestará asesorías semestrales, que no incluirán a la academia dada la composición de sus miembros.
El sistema electoral formulado dejará en estudiantes y egresados la elección de autoridades, pues son la mayoría. Esto no favorecerá al Gobierno, pues éste es minoría en ambos sectores.
La presencia mayoritaria de intereses lejanos a la academia deteriorará gravemente a las universidades, lo que se expresará en egresados de menor calidad y en una muy limitada producción de conocimientos, lo que echará por tierra todas las exaltaciones escritas sobre la independencia nacional, la soberanía, la construcción del socialismo y la sociedad sin clases. Letra muerta será.
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