El objetivo central de los gobiernos autoritarios que han destrozado las democracias de sus países en América Latina, es la permanencia indefinida en el poder y el ejercicio del poder total. Así lo podemos constatar en Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, Estados todos que han sufrido la sustitución de sus constituciones políticas por simples reglamentos dictados por el modelo cubano-venezolano a través del grupo de seudo constitucionalistas de Valencia.
El propósito político principal de las sustituciones constitucionales en estos países ha sido el permitirse la perpetuación en el poder por medio de elecciones cada vez menos transparentes, que les dan la posibilidad de presentarse ante el mundo como democracias, cuando en realidad ya no queda nada de los fundamentos esenciales de este régimen.
El modelo autoritario del socialismo del siglo XXI ha configurado verdaderas dictaduras, ya que una dictadura es el gobierno que impone su autoridad violando la legislación anteriormente vigente y/o que prescinde de una parte mayor o menor del ordenamiento jurídico para ejercer la autoridad en un país.
Cuando para mantenerse en el poder hay que quebrar el régimen legal vigente reemplazándolo por normas ajustadas a su voluntad, disfrazada de reforma constitucional, lo que resulta es la violación del estado de derecho y la implantación de un régimen que no puede continuar denominándose democracia.
Eso es exactamente lo que lo que empezó haciendo el presidente venezolano que ya lleva 12 años en el poder y acaba de anunciar que ganará las próximas elecciones presidenciales dentro de dos años. Es lo mismo que hizo el presidente boliviano quien, violando la expresa prohibición constitucional de reelección consecutiva e imponiendo su constituyente, ya se reeligió una vez y hace unos días proclamó que se reelegirá para un tercer mandato. Es lo que ha culminado exitosamente el presidente de Ecuador y lo que está haciendo el presidente de Nicaragua. Lo mismo que intentó sin éxito el ex presidente de Honduras, llevando a su país a una crisis que él mismo, con ayuda del eje Cuba-Venezuela, se empeñan en prolongar.
La maniobra político-jurídica funciona como una franquicia, mediante la cual el llamado “socialismo del siglo XXI” destruye del sistema de partidos políticos y tiene como complemento indispensable la criminalización y persecución de los líderes de oposición.
En el orden económico, estos gobiernos producen nacionalizaciones y confiscaciones, y llevan al estatismo, mediante el proceso preliminar de centralizar el manejo de los recursos y las decisiones. A esto se une, inevitablemente, un discurso anti-imperialista, atentados contra la libertad de prensa, y la abolición del debido proceso legal en su búsqueda del control total del poder. Acciones permanentes por las que prescinden del régimen de derecho para retener indefinidamente el gobierno. De esta manera se ha generado el “exilio del siglo XXI”, fenómeno que se parecía limitado al drama generado por la dictadura castrista cubana, pero que lamentablemente se ha extendido a ciudadanos venezolanos, bolivianos, ecuatorianos y nicaragüenses.
Los sistemas jurídicos de los Estados autoritarios de América Latina están dominados por el tirano y constituyen su herramienta “democrática” de amedrentamiento y represión. Herramienta infame con la que extienden sus acciones más allá de las fronteras físicas del Estado cuya democracia han destrozado: pueden calumniar, criminalizar, perseguir y constreñir la libertad del adversario, haciendo todo lo necesario para seguir perpetuándose en el poder. La amenaza que mandan a la sociedad es el ejemplo de lo mal que lo pueden pasar quienes intenten realizar actos ciudadanos o políticos contra el gobierno que se ha instalado para durar indefinidamente.
Para mantenerse en el mando, los caudillos del socialismo del siglo XXI, no solo necesitan de un acto inicial de alteración y suplantación del régimen constitucional, sino que precisan –entre otras cosas- la permanente violación de las libertades y de los derechos fundamentales de las personas, estableciendo un sistema de represión judicial y persecución selectiva.
Estos son hechos constatables para cuya verificación es suficiente revisar el contenido de cualquiera de las denominadas reformas constitucionales impuestas en Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Sólo es necesario estudiar cualquiera de los procesos penales que, por mandato presidencial, se siguen en cada uno de esos Estados, contra ciudadanos que son acusados de crímenes fraguados o cometidos por los mismos acusadores.
Para mantenerse indefinidamente en el poder los presidentes autoritarios, además de haber acabado con la democracia, se están convirtiendo o se han convertido ya en dictadores. La diferencia entre estos y los dictadores del pasado es solo de retórica.
Carlos Sánchez Berzain*
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