Al afirmar que “el destino de un delincuente es la cárcel o bajo tierra”, pone de manifiesto el desprecio por la justicia, y la poca importancia que este gobierno le da a los DDHH.
La pena de muerte se ha instalado en las barriadas venezolanas, si no son los delincuentes que asesinan a sus vecinos, son los cuerpos de seguridad.
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Con el agravante de que los homicidios que son catalogados como ajuste de cuenta no son investigados. La fórmula mágica para que no se investigue un crimen es darle más de veinte disparos a la víctima, logrando con esto que los autores de estos homicidios sigan en la calle. El desespero de los propios cuerpos policiales lo han permitido, es más fácil no investigar.
Lo grave es que la propia fiscalía declara que más del 80% de estos casos quedan impunes.
Y si a esto le añadimos el retardo procesal y los hechos de sangre que se dan en nuestras cárceles, donde a diario muere por lo menos un interno, como lo afirma el Observatorio de Prisiones. Y si sumamos a ello las acciones de autosuecuestro y huelgas de hambre que se realizan, nos lleva a concluir que el sistema penitenciario y judicial venezolano ha colapsado. Lo que no se arregla con más represión, y mucho menos con la militarización.
El terrorismo de Estado se convierte en el arma del gobierno para reprimir la protesta. Como lo afirma la organización PROVEA, “ha habido más de 17 mil protestas en lo que va de este gobierno, y la mayoría de ellas termina con represión por parte de los cuerpos armados”.
Se ha venido militarizando al país, con el único objetivo de someter a la población civil a la bota militar. Con la excusa de luchar contra la inseguridad, se ha logrado hacer "cotidiana" la represión. La gente se acostumbra a ella igual que a la inseguridad.
Pretende el gobierno corregir todos los problemas con mayor represión, como ejemplo, ahora el problema de los apagones es tratado como un hecho de guerra y la solución es desplegar al ejército para que cuide las instalaciones eléctricas. Al igual que en el metro, donde vemos a la policía militar custodiando las estaciones.
El pueblo, tiene de un lado a unos malandros armados hasta los dientes y del otro, unos militares y policías que disparan a mansalva. Una guerra declarada que lo que viene dejando a su paso son miles de muertos todos los años. Cuando no son los delincuentes que se asesinan entre sí, son los ciudadanos que quedan en medio de balaceras, los que pagan con su vida.
La lucha contra la delincuencia no puede ser usada como pretexto para violar los DDHH, aplicando terrorismo de estado. La militarización del país no es la solución, es al contrario un problema mayor.
danielsantolo@gmail.com
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