Durante muchos meses me he preguntado quién llevaría primero a Chávez ante el Tribunal de La Haya. Por un lado, se desarrollan algunas investigaciones a nivel de la justicia española y otras en el seno de la ONU, relativas a las presuntas vinculaciones del gobierno con el narcotráfico, pero estas lucen todavía muy incipientes. Por otro lado, surgió hace pocas semanas la vía de Diego Arria, el venezolano mejor conectado internacionalmente de la actualidad, a quien el gobierno le arrebató -como a muchos otros venezolanos-, una propiedad rural que estaba en plena producción. Y finalmente está el gobierno colombiano, el cual ha venido acumulando un caudal importantísimo de pruebas que vinculan al gobierno venezolano con las FARC y el ELN.
De todos ellos, Colombia es sin duda la que está en mejor posición para iniciar con éxito un procedimiento penal internacional, no sólo porque tiene elementos demasiado contundentes que comprometen seriamente al gobierno de Venezuela con grupos terroristas, sino porque además si la acusación surge de un gobierno el proceso será más fluido y viable, ya que no dependerá de que el Fiscal se atreva o no a iniciar un juicio contra un presidente en ejercicio.
Pero la postura del gobierno de Colombia frente a este tema había sido hasta ahora cautelosa. Es obvio que a raíz de la crisis que rodeó a la detención de Granda en Caracas, Chávez y Uribe hicieron un pacto para superarla, según el cual Chávez le quitaría la protección que ha brindado a la guerrilla, mientras que Uribe no daría asilo ni cobijo a los opositores venezolanos que buscan protección en Colombia, tal y como ha sido desde entonces.
De hecho, esta postura merece el cuestionamiento para Uribe de haber aceptado poner en una misma balanza a unos luchadores democráticos como la mayoría de la disidencia venezolana, con una guerrilla narcoterrorista como las FARC y el ELN. Sin excusarlo por ello, sólo lo entiendo porque su prioridad era quitarle el oxígeno a la guerrilla aún cometiendo tal iniquidad.
El episodio del bombardeo al campamento de Reyes parecía sin embargo que rompería el pacto. La alocada reacción de Chávez, aunado a las pruebas que la famosa computadora arrojó en su contra, llevaron a Uribe a amenazar por primera vez con llevar al presidente venezolano ante la justicia internacional. Todo indicaba que así sería, pero el pacto se renovó, esta vez con la ventaja para Uribe de tener en la mano nuevas pruebas certificadas por Interpol, con lo cual la amenaza sobre Chávez pasó a ser más grave. Seguramente por eso tomó distancia discursiva de la guerrilla, pidió su desmovilización en alocución pública y no volvió a decir que Venezuela limitaba con las FARC por occidente.
No obstante, está claro que Uribe comprobó aquello de que "del dicho al hecho hay un trecho", y ante la evidencia de que la guerrilla sigue teniendo apoyo en Venezuela, el saliente gobierno colombiano si bien no será quien lleve a Chávez ante la justicia internacional, al parecer decidió despedirse echando las bases para eso.
Por los momentos Santos hábilmente invita a Chávez a su toma de posesión y éste rechaza la invitación y además rompe relaciones. Por el contrario, Correa acepta y apuesta por la recomposición de la relación. Al parecer, el presidente ecuatoriano prefiere verse con Santos en Bogotá y no en La Haya. Como economista que es, sabe sacar cuentas.
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