El costo humano y social ha sido muy grande. Asaltos a mano armada en plena calle. Homicidios perversos donde aparece la autoridad pública involucrada. Golpes tipo comando en plena ciudad. Personas atracadas en la vía pública, y/o asesinadas alevosamente en las puertas de sus casas o al transitar con su vehículo. Viviendas y comercios robados en reiteradas oportunidades. Robos al ir al mercado o salir de un banco, en los que asoma el perfil de un submundo delictivo. 
En lo cotidiano dos nuevas modalidades delictivas de estremecedora perversidad -dispuestas a radicarse entre nosotros- el secuestro y el sicarito. Pero aún hay más, a lo enumerado hay que sumar dos factores pavorosamente corrosivos. Por un lado la falta de confianza pública en las fuerzas policiales, que aparecen penetradas por la corrupción. Por el otro, pura y simplemente, lo siguiente: el sentimiento de desprotección que suscita preocupación en la ciudadanía, ante un poder judicial que esta degradando la administración de justicia y no garantiza la vigencia del Estado de Derecho.
El delito se extiende, encontramos a jóvenes, adolecentes y hasta niños sumergidos en el mundo de la droga, el robo y el crimen. Con ese panorama, es comprensible que el ánimo colectivo de los venezolanos este invadido, en estos momentos, por el desconcierto o la angustia. Una nación que no confía en la justicia, en sus jueces y en sus fuerzas policiales se siente al borde de un abismo. La seguridad-al igual que la educación y la salud-no debe ser terreno para las improvisaciones. Debe ser una política de Estado al servicio de la sociedad.
Las recetas erráticas y coyunturales que ha puesto en práctica el régimen que preside Hugo Chávez para lograr la seguridad ciudadana no solucionan ni siquiera parcialmente el problema. El ciudadano reclama seguridad personal y jurídica. Pide políticas de Estado; política integral de seguridad. Esta política integral de seguridad deberá basarse en tres pilares esenciales: la prevención, el control y la sanción. Para ello se impone la relación entre Estado y sociedad para generar compromisos y alianzas entre los diversos actores sociales.
La problemática de la seguridad debe ser abordada de manera conjunta por el Estado nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos municipales. Si en algo se impone un esfuerzo compartido, más allá de rivalidades personales y políticas, competencia electoral y egoísmos de cualquier tipo, es el tema de la seguridad. El dolor de una sociedad que gime ante la tragedia que vivimos los venezolanos no admite que se haga política con la seguridad. En esto, también, Chávez ha fracasado. Tiene mucho que ver con la sordidez y la grandeza del poder.
En lo cotidiano dos nuevas modalidades delictivas de estremecedora perversidad -dispuestas a radicarse entre nosotros- el secuestro y el sicarito. Pero aún hay más, a lo enumerado hay que sumar dos factores pavorosamente corrosivos. Por un lado la falta de confianza pública en las fuerzas policiales, que aparecen penetradas por la corrupción. Por el otro, pura y simplemente, lo siguiente: el sentimiento de desprotección que suscita preocupación en la ciudadanía, ante un poder judicial que esta degradando la administración de justicia y no garantiza la vigencia del Estado de Derecho.El delito se extiende, encontramos a jóvenes, adolecentes y hasta niños sumergidos en el mundo de la droga, el robo y el crimen. Con ese panorama, es comprensible que el ánimo colectivo de los venezolanos este invadido, en estos momentos, por el desconcierto o la angustia. Una nación que no confía en la justicia, en sus jueces y en sus fuerzas policiales se siente al borde de un abismo. La seguridad-al igual que la educación y la salud-no debe ser terreno para las improvisaciones. Debe ser una política de Estado al servicio de la sociedad.
Las recetas erráticas y coyunturales que ha puesto en práctica el régimen que preside Hugo Chávez para lograr la seguridad ciudadana no solucionan ni siquiera parcialmente el problema. El ciudadano reclama seguridad personal y jurídica. Pide políticas de Estado; política integral de seguridad. Esta política integral de seguridad deberá basarse en tres pilares esenciales: la prevención, el control y la sanción. Para ello se impone la relación entre Estado y sociedad para generar compromisos y alianzas entre los diversos actores sociales.
La problemática de la seguridad debe ser abordada de manera conjunta por el Estado nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos municipales. Si en algo se impone un esfuerzo compartido, más allá de rivalidades personales y políticas, competencia electoral y egoísmos de cualquier tipo, es el tema de la seguridad. El dolor de una sociedad que gime ante la tragedia que vivimos los venezolanos no admite que se haga política con la seguridad. En esto, también, Chávez ha fracasado. Tiene mucho que ver con la sordidez y la grandeza del poder.
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