La culpa de la víctima es una circunstancia atenuante de la responsabilidad penal. Si hubo “injuria o amenaza” por parte del ofendido, por ejemplo, o si quien comete el delito lo hace “en momento de arrebato o intenso dolor, determinado por injusta provocación”, en cuyo caso la pena se rebaja a una tercera parte. Para que no se repita el caso de Lina Ron, imputada por delitos a los cuales incita constantemente el discurso del poder, el gobierno, empezando por el Presidente de la República, esayan la defensa penal de quienes fueron fotografiados golpeando salvajemente a las y los periodistas de la Cadena Capriles en la Avenida Urdaneta, la tarde del jueves 13 de agosto.
Con esa conducta, se justifica la agresión y, al hacerlo, se extiende una licencia a la violencia cuyo abolengo emparenta con las prácticas mafiosas.
¿Cuál fue la injuria o amenaza de los doce periodistas? ¿En qué consiste su injusta provocación?
Según el Presidente “andaban haciendo proselitismo”, una actividad cívica normal, derecho ciudadano garantizado por la Constitución. Según los agresores, venían en actitud sospechosa o amenazante.
Venían desarmados, portando unos letreros en defensa de la libertad de expresión, un derecho ciudadano constitucionalmente tutelado. Manifestaban pacíficamente en defensa de la Constitución. ¿Dónde está lo malo? Cualquiera puede estar en desacuerdo con el mensaje que daban, pero eso no le da excusa para agredirlos. Para el Presidente “andaban en una marcha, con unas franelas, repartiendo volantes, haciendo actividad proselitista contra la ley de educación. Y, según tengo entendido, y hay hasta pruebas, provocando a gente del pueblo”. Por eso, se supone, estaría justificado que les hubieran entrado a palos, golpes y patadas, hasta causarle lesiones a varios de ellos.
La verdad subyacente es que la Constitución, la manifestación pacífica; la expresión de opiniones, la defensa de la libertad y del derecho a estar informado, son para el gobierno injustas provocaciones que merecen una respuesta violenta, en una singular versión de la legítima defensa.
Y por si eso fuera poco, en nueva demostración de que la más vigente entre las leyes en este país es la ley del embudo, el Presidente reclamó a Ultimas Noticias que “no debería convertirse en el juez y condenar a la vez”. Lo acusa de actuar como en realidad actuaron los muchachones que él defiende.
Según la versión oficial del gobierno “revolucionario”, la víctima es culpable de la paliza que recibe, y el agresor inocente de los golpes que da. Las consecuencias son de fácil de predicción.
DENUNCIANTES DENUNCIADOS
Otra expresión perversa de la lógica del absurdo es que, además de criminalizar cualquier protesta, y asignarle a cualquiera (siempre que sea oficialista) el derecho a reprimirla, quienes ocurren ante los órganos del Estado en procura del cumplimiento de la ley, terminan denunciados e investigados por lo mismo que denuncian.
En la cadena presidencial del sábado15, un mitin en el Teresa Carreño con la excusa de promulgar la Ley de Educación, se usó a menores de edad con fines de propaganda política. Varios adolescentes intervinieron, y llamó especialmente la atención una niña que dijo que hacía política “desde los ocho años”.
Ese manoseo político de niños, niñas y adolescentes es contrario a la Convención sobre Derechos del Niño y el Adolescente y la LOPNA. La Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, por su parte, establece obligaciones de las cuales no exceptúa a los funcionarios públicos o a los medios estatales, y dicta pautas acerca del uso de las cadenas y espacios “gratuitos y obligatorios”. Con esta preocupación, Delsa Solórzano y José Luis Farías, respectivamente coordinadores de las comisiones de Derechos Humanos y Justicia, y Educación de la Mesa de la Unidad Democrática, ocurrieron ante la Fiscalía General de la República, solicitando se abriera la investigación correspondiente.
Por ser considerados reveladores de contravenciones a las normas, así como evidencia de los efectos de la “ideologización” que, según el propio Presidente ha manifestado públicamente, se buscar establecer, fragmentos de la cadena presidencial fueron transmitidos posteriormente por Globovisión y RCTV Internacional.
La consecuencia es insólita. Los ciudadanos que ocurrieron ante el Ministerio Público y los medios que difundieron fragmentos de la ya transmitida cadena presidencial, son ahora los investigados, por pedido de la mamá de la niña. Están citados a declarar ante un fiscal.
Ya no solo es criminal la protesta y provocadora la manifestación pacífica, también es ilegal reclamar el cumplimiento de la ley y penado dirigirse a un órgano estatal en solicitud de aplicación de la ley vigente.
MIENTRAS TANTO
La economía cayó 2.4% entre abril y junio. Los sectores más golpeados son la industria, el comercio y el transporte. La perspectiva es menos producción, menos empleos y mayores precios. Los insumos para la construcción, como ascensores, generadores eléctricos y maquinarias, han subido de precio 16.3% en un año. Trasciende que el gobierno venezolano paga los gastos del entourage del Presidente hondureño Zelaya, y envía 50 millones de dólares a Antigua y Barbuda para que pague a sus empleados públicos, pero la CVG debe 14 millones de bolívares fuertes a sus trabajadores. Han matado 97 motorizados. Las familias se agolpan a las puertas de la morgue, en la dolorosa e interminable espera para recibir el cadáver del familiar asesinado.
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ACTUALIDAD, VENEZUELA, OPINIÓN, NOTICIA, MOVIMIENTO REPUBLICANO MR, REPUBLICANO, DEMOCRACIA, LIBERAL, LIBERALISMO, LIBERTARIO,POLÍTICA, INTERNACIONAL,
Con esa conducta, se justifica la agresión y, al hacerlo, se extiende una licencia a la violencia cuyo abolengo emparenta con las prácticas mafiosas.¿Cuál fue la injuria o amenaza de los doce periodistas? ¿En qué consiste su injusta provocación?
Según el Presidente “andaban haciendo proselitismo”, una actividad cívica normal, derecho ciudadano garantizado por la Constitución. Según los agresores, venían en actitud sospechosa o amenazante.
Venían desarmados, portando unos letreros en defensa de la libertad de expresión, un derecho ciudadano constitucionalmente tutelado. Manifestaban pacíficamente en defensa de la Constitución. ¿Dónde está lo malo? Cualquiera puede estar en desacuerdo con el mensaje que daban, pero eso no le da excusa para agredirlos. Para el Presidente “andaban en una marcha, con unas franelas, repartiendo volantes, haciendo actividad proselitista contra la ley de educación. Y, según tengo entendido, y hay hasta pruebas, provocando a gente del pueblo”. Por eso, se supone, estaría justificado que les hubieran entrado a palos, golpes y patadas, hasta causarle lesiones a varios de ellos.
La verdad subyacente es que la Constitución, la manifestación pacífica; la expresión de opiniones, la defensa de la libertad y del derecho a estar informado, son para el gobierno injustas provocaciones que merecen una respuesta violenta, en una singular versión de la legítima defensa.
Y por si eso fuera poco, en nueva demostración de que la más vigente entre las leyes en este país es la ley del embudo, el Presidente reclamó a Ultimas Noticias que “no debería convertirse en el juez y condenar a la vez”. Lo acusa de actuar como en realidad actuaron los muchachones que él defiende.
Según la versión oficial del gobierno “revolucionario”, la víctima es culpable de la paliza que recibe, y el agresor inocente de los golpes que da. Las consecuencias son de fácil de predicción.
DENUNCIANTES DENUNCIADOS
Otra expresión perversa de la lógica del absurdo es que, además de criminalizar cualquier protesta, y asignarle a cualquiera (siempre que sea oficialista) el derecho a reprimirla, quienes ocurren ante los órganos del Estado en procura del cumplimiento de la ley, terminan denunciados e investigados por lo mismo que denuncian.
En la cadena presidencial del sábado15, un mitin en el Teresa Carreño con la excusa de promulgar la Ley de Educación, se usó a menores de edad con fines de propaganda política. Varios adolescentes intervinieron, y llamó especialmente la atención una niña que dijo que hacía política “desde los ocho años”.
Ese manoseo político de niños, niñas y adolescentes es contrario a la Convención sobre Derechos del Niño y el Adolescente y la LOPNA. La Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, por su parte, establece obligaciones de las cuales no exceptúa a los funcionarios públicos o a los medios estatales, y dicta pautas acerca del uso de las cadenas y espacios “gratuitos y obligatorios”. Con esta preocupación, Delsa Solórzano y José Luis Farías, respectivamente coordinadores de las comisiones de Derechos Humanos y Justicia, y Educación de la Mesa de la Unidad Democrática, ocurrieron ante la Fiscalía General de la República, solicitando se abriera la investigación correspondiente.
Por ser considerados reveladores de contravenciones a las normas, así como evidencia de los efectos de la “ideologización” que, según el propio Presidente ha manifestado públicamente, se buscar establecer, fragmentos de la cadena presidencial fueron transmitidos posteriormente por Globovisión y RCTV Internacional.
La consecuencia es insólita. Los ciudadanos que ocurrieron ante el Ministerio Público y los medios que difundieron fragmentos de la ya transmitida cadena presidencial, son ahora los investigados, por pedido de la mamá de la niña. Están citados a declarar ante un fiscal.
Ya no solo es criminal la protesta y provocadora la manifestación pacífica, también es ilegal reclamar el cumplimiento de la ley y penado dirigirse a un órgano estatal en solicitud de aplicación de la ley vigente.
MIENTRAS TANTO
La economía cayó 2.4% entre abril y junio. Los sectores más golpeados son la industria, el comercio y el transporte. La perspectiva es menos producción, menos empleos y mayores precios. Los insumos para la construcción, como ascensores, generadores eléctricos y maquinarias, han subido de precio 16.3% en un año. Trasciende que el gobierno venezolano paga los gastos del entourage del Presidente hondureño Zelaya, y envía 50 millones de dólares a Antigua y Barbuda para que pague a sus empleados públicos, pero la CVG debe 14 millones de bolívares fuertes a sus trabajadores. Han matado 97 motorizados. Las familias se agolpan a las puertas de la morgue, en la dolorosa e interminable espera para recibir el cadáver del familiar asesinado.
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