“Creía que la democracia no podía valorarse en dinero. Sin un sistema judicial eficaz, se acabó la democracia. … Los cimientos de la sociedad crujen, se retuercen y se quiebran” Henning Mankell
La
ciénaga moral en que la sociedad argentina se debate tuvo esta semana un hecho
por demás significativo: un juez federal, cargo que aún desempeña ese exponente
paradigmático de la corrupción que se llama Norberto Oyarbide, apareció como
sospechoso de extorsionar a cuevas financieras utilizando a la Policía Federal
y reconoció que interrumpió los procedimientos en marcha por una orden
telefónica de un funcionario, desconociendo la división de poderes. Los
oficiales denunciados, que habían pasado a ser ladrones, dicen haber sido
amenazados por el dueño de la entidad allanada invocando ser socio del
Secretario Legal y Técnico de la Presidencia y del Secretario General de la
CGT, y otros “damnificados” por los medidas relataron similares “aprietes”.
Ese
¿juez? es el mismo que se vio involucrado en el affaire de los prostíbulos
homosexuales, donde fue filmado, y en un duelo a sopapos en un restaurant con
el dueño de Spartacus. Tuvo a su cargo –por supuesto, sin consecuencias- causas
tan resonantes como el enriquecimiento ilícito de los Kirchner y varios de sus
ministros y secretarios (entre ellos, el propio Liuzzi, que lo llamó para que
detuviera los allanamientos), la “mafia de los medicamentos”, “Sueños
Compartidos” robados por Hebe de Bonafini y los Shocklender, las
irregularidades en la ANSES, el canje de bonos intermediado por una financiera
afín al poder, y terminó exhibiendo un anillo de US$ 250 mil y, al resultar
obvio que carecía de dinero “blanco” para comprarlo, adujo haberlo ¿alquilado?
por US$ 7.500 mensuales, que tampoco estaba en condiciones de pagar con su
salario.
El
Gobierno cerró nuevamente filas en el Consejo de la Magistratura para evitar un
rápido enjuiciamiento y la suspensión de Oyarbide, quien es poseedor del record
absoluto en materia de pedidos de juicio político. La razón para la actual y
costosa protección del Gobierno al más notorio de los jueces corruptos radica
en que, cuando fue sorprendido en flagrantes delitos, empezó a hablar de más,
dando a entender que, en ningún caso, caería solo. Olivos entró en pánico, pese
a convivir desde hace años con todas las bandas mafiosas de espías que se
tiran, recíprocamente, carpetas y cadáveres.
Otra
vez, la reforma del Código Penal volvió a la primera página, ahora por las
críticas de Zaffaroni a Massa, que se opone frontalmente a ella. Sigo creyendo
que, detrás de esa polémica, fogoneada por el propio Gobierno, éste hará pasar
sin ruido el proyecto de unificación de los códigos Civil y Comercial,
muchísimo más grave para nuestra sociedad. Zaffaroni es el mismo que, durante
el Proceso, rechazó habeas corpus de detenidos y, ya en democracia, evadió
confesamente impuestos y se convirtió en dueño de varios inmuebles en los que
sus inquilinos ejercían el proxenetismo y la prostitución.
Parece
que nos hemos acostumbrado a vivir en esta ciénaga inmunda, donde la familia
presidencial roba a manos llenas, y lava su dinero a través de los Báez, los
Ezkenazi, los Cristóbal López, los Ferreyra (Electroingeniería), los Spolsky,
los Cirigliano y tantos otros, y enriquece a los Jaime, a los Boudou, a los
Zannini, a los secretarios privados, a los transportadores de bolsos y hasta a
los jardineros; donde la propia Presidente va, inexplicadamente, a visitar sus
cuentas oscuras en las Seychelles o a cambiar, en Angola, billetes de € 500 por
diamantes; donde se secuestran ingentes fondos en valijas de Antonini Wilson y
nadie los reclama; donde se montan “embajadas paralelas” para cobrar coimas en
negocios de exportación; donde los dineros escamoteados terminan matando a
cincuenta y dos personas en Once; donde se queman sospechosamente archivos en
Barracas y, un mes después, nadie pregunta y nadie se acuerda de los nueve
heroicos bomberos fallecidos; donde se condena a morir de hambre y sed a los
habitantes de provincias con mandatarios eternos y obscenamente ricos; donde
los organismos de derechos humanos se transforman en pseudo empresas que
estafan y trafican con dinero público.
Por
si toda esa inmundicia no bastara, una patota sindical que realizaba un
piquete, molió a palos a un discapacitado que pretendió atravesarlo para llevar
a mujer embarazada al médico, le robó cuanto tenía y terminó tirándolo desde un
puente. El hecho muestra el nivel de agresividad y de violencia que ha
alcanzado la sociedad, y las crónicas periodísticas chorrean diariamente la
sangre de muchos compatriotas. El Gobierno, al mejor estilo del Pajarico
Chiquitico, sigue arrojando leña al fuego, financiando a las barras bravas y a
organizaciones como Tupac Amaru o los Miles, de D’Elía, e incrementando la
fractura y, sobre todo, negando el problema, aún cuando haya sido la causa del
paro de colectivos –otro gremio K- del viernes que perjudicó, como siempre, a
los más humildes, que no conseguían regresar a sus casas bajo la intensa lluvia.
Lo
mismo sucede con el narcotráfico, del cual altísimos funcionarios son
cómplices, por acción u omisión, y para “luchar” contra el cual se ha puesto a
personas que se contradicen y que, por lo demás, ignoran cómo hacerlo, como es
el caso del sacerdote al que han designado titular de la SEDRONAR. La
monumental cantidad de dinero generado por este comercio convierte en cómplices
o vulnerables a políticos, jueces y policías, que constituyen el entramado de
impunidad en que estas actividades se desarrollan, como lo prueba la
financiación de los traficantes de efedrina a la campaña presidencial de doña
Cristina.
El
tema, con certeza, estará resaltado en la agenda del almuerzo que mañana
compartirán la Presidente y SS Francisco en Roma. El Papa no puede permitir que
su propio rancho se incendie, más cuanto está enfrentando la resistencia de la
Iglesia a aceptar y digerir los enormes cambios que está intentando en su
estructura y en su imagen. Como dije la semana pasada, el clero, que cuenta con
el más eficiente servicio de inteligencia del mundo, sobre todo porque la
información va desde abajo hacia arriba, está muy preocupado por ese
enfrentamiento social, que sólo resulta comparable a aquélla que dividió a
peronistas y antis en los 50’s, o a los terroristas y militares en los 70’s, y
que puede transformarse, a corto plazo, en un súbito baño de sangre.
Mañana
el Gobierno enfrentará una pesada disyuntiva: deberá anunciar el índice de
inflación (el nuevo IPCNU). Si vuelve a mentir –como hizo don Néstor (q.e.p.d.)
desde enero de 2007, y continuó su viuda-, todo el andamiaje que lentamente
está construyendo para recomponer su imagen frente a los mercados voluntarios
de crédito se derrumbará y se disipará la ilusión de que entren los dólares
frescos que necesita como el aire para el segundo semestre. Si, por el
contrario, reconoce la cifra que dio a conocer esta semana el Congreso, que
elaboran las distintas consultoras privadas antes perseguidas por el exportado
Patotín, tendrá un problemón con los gremios, ya que nadie estará dispuesto a
aceptar los límites de incremento de salarios que doña Cristina pretende
imponer, y el conflicto se profundizará.
Los
maestros, que parecen dispuestos a cargar con la condena social que ya está
produciendo una huelga que ya lleva ocho días, que ha dejado sin clases a casi
cuatro millones de chicos y que amenazan con prolongar hasta el infinito, son
nada más que la muestra más grande de lo que sucederá con el resto de los
sindicatos en lo inmediato.
Los
ancianos se han transformado en las primeras víctimas del salvaje ajuste que
está encarando el Gobierno, aterrado por el deterioro profundo de la economía,
que vive ya una estanflación. El aumento otorgado a los jubilados, 11,7% que
cobrarán a partir de fin de mes, ya ha sido tragado por el incremento en los
precios que se ha registrado desde diciembre, y con él deberán vivir hasta que,
recién en septiembre, reciban otro. Desde otro ángulo, la deuda que el Estado
ha adquirido con los pasivos, causa de los cientos de miles de juicios
iniciados, ya alcanza la friolera de US$ 7.500 millones, y será una carga
imposible de soportar para quien suceda a doña Cristina.
Nuestro
país, la Argentina, necesita imperiosamente una profunda refundación moral, que
sólo podrán encabezar gobernantes probos; si no lo hace, si no encara esa
difícil transformación, dejará de ser viable como entidad jurídico-política, es
decir, desaparecerá de la faz de la tierra como nación independiente, y sus
pedazos engrosarán el territorio de todos nuestros vecinos.
No
soy ingenuo, y creo que en casi todos los países hay corrupción, pero nos hemos
convertido, por insignificantes y decadentes, en una sociedad en la cual el
mundo ve reflejado lo peor de la civilización. Por eso, nadie moverá un dedo
para defender nuestra integridad cuando llegue el momento final.
Enrique Guillermo
Avogadro
ega1@avogadro.com.ar
@egavogadro
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