Nunca me he opuesto ni he criticado que la
justicia colombiana investigue y castigue a todos aquellos que desde posiciones
de jerarquía en el Estado o en ámbitos civiles, han sido llevados a los
estrados acusados de pertenecer o haber realizado tratos y acciones con grupos
al margen de la ley, trátese de guerrillas, paramilitares o mafias.
Las abundantes manifestaciones de dicho
fenómeno ameritan la intervención de las autoridades judiciales.
Pero, a raíz de mandatos recientes de
magistrados de distintos tribunales en contra de algunos dirigentes uribistas y
el propio expresidente Uribe Vélez, considero válido y necesario formular las
reflexiones que a continuación quiero compartir con mis lectores. No tengo la
pretensión de escribir un tratado, mucho menos el de darle un carácter
académico. Tampoco intentaré defender a quienes tienen argumentos y abogados
para hacerlo. Son opiniones derivadas de la observación atenta del discurrir
nacional.
Lo primero que se debe tener en cuenta cuando
se habla de alianzas entre dirigentes políticos y grupos paramilitares es que
la inmensa mayoría de los judicializados militaban en los partidos liberal y
conservador o en fracciones de ellos. Esos dirigentes migraron hacia el llamado
uribismo solo después de 2002, llevados, en buena parte, por su instinto y
olfato clientelar. Al gobierno Uribe se le acercó, con excepción del Polo
Democrático, todo el espectro político y las elites económicas, a sabiendas de
los rumores que los enemigos de Uribe habían puesto a circular.
El Pacto de Ralito, de un contenido similar a
la reciente declaración de las Farc en La Habana, que llamaba a la refundación
del estado, por el cual fueron juzgados los “parapolíticos” por la Corte
Suprema de Justicia, fue firmado en el año 2001 cuando Alvaro Uribe ni siquiera
era candidato a la presidencia.
Si la Justicia nacional fuese equilibrada, si
se mantuviera vendada y usara correctamente la balanza, como simboliza la diosa
Astrea y manda la constitución política, no miraría para un solo lado del
problema de violencia que azota a nuestra sociedad. No solo abandonó la venda
sino que sufre de estrabismo, es bizcorneta, pues si aplicara los mismos
criterios con los que condenó a varias decenas de políticos y mantiene en
salmuera a otros tantos, por uribistas y por comprometer su fuero de altos
funcionarios de estado, tendrían que estar en la cárcel o en juicio una
cantidad apreciable de dirigentes de izquierda. Al menos el Comité Central de
los comunistas que gestó y estructuró la tenebrosa política leninista de la
combinación de todas las formas de lucha bajo la inspiración ideológica de
Manuel Cepeda, según el testimonio de Alvaro Delgado exmiembro de ese
organismo. De igual forma, algunos congresistas liberales y dirigentes de ese
partido que, como en el caso de Piedad Córdoba, han realizado acuerdos con las
Farc, según computadores decomisados en campos de batalla. También periodistas,
columnistas, profesores universitarios, dirigentes sindicales y un largo
etcétera.
Pero no lo están ni lo van a estar. ¿Cuál es
la razón? Son varias, aludiré a la que considero seminal, madre de todas las
demás. Los comunistas, las guerrillas, la extrema izquierda y gran parte de la
izquierda democrática, uno que otro liberal y godo despistado, académicos y
activistas de ONG, piensan que las guerrillas tienen un estatus moral y ético
más edificante que los paramilitares y sus amigos y aliados. Las guerrillas,
dicen, nacieron como producto de la inconformidad social, de la exclusión
política, de la ausencia de libertades y democracia. En cambio, el
paramilitarismo es una política de estado, producto de imposiciones de la
doctrina de la seguridad nacional, del imperialismo yanqui y la oligarquía criolla
que apelan a la guerra sucia para derrotar a las fuerzas populares.
De tal consideración se deriva, en los
hechos, una política judicial asimétrica. Se dice, por ejemplo, que con los
paramilitares en el proceso de paz hubo impunidad, aunque sus mandos medios y
altos están en las cárceles, pero, agregan, que a los jefes guerrilleros
máximos responsables de delitos de lesa humanidad no se les puede enviar a la
cárcel. Lo afirma el presidente, el fiscal general, los congresistas
gobiernistas, magistrados y todos los que justifican la lucha guerrillera desde
los grandes medios.
Traigo a colación contenidos de algunos
documentos que nos ayudan a comprender la grave asimetría de la Justicia
colombiana. Empecemos por el texto “Nunca Más” de autoría del famoso Colectivo
José Alvear, la Congregación de Justicia y Paz de jesuitas radicales de
izquierda, y otras organizaciones sociales y ONG. Allí se expresa la idea de
que las guerrillas no pueden ser juzgadas con el mismo rasero con que se juzga
a militares y paramilitares, ni siquiera se les puede aplicar el DIH porque,
¡oh injusticia! ese estatuto es para guerras regulares: “la Guerra de
Guerrillas se funda en una primera realidad: que debe enfrentar una estructura
estatal, detentora de medios muy poderosos de Guerra… La racionalidad de ese
tipo de guerra implica, entonces, adoptar métodos de camuflaje entre la
población civil y de acciones ofensivas de sorpresa, y jamás de acciones
defensivas, pues estas últimas conllevarían a una desventaja militar evidente
frente al enemigo. Este elemento… entra en contradicción con uno de los
principios básicos del DIH, como es la distinción neta entre combatientes y no
combatientes.” Y más adelante añaden “Se nos ha presentado como principio
rector que debe orientar nuestro trabajo, el de "Condenar toda violencia,
venga de donde viniere". Muchas veces nos hemos preguntado si tal tipo de
neutralidad es éticamente sustentable… La política de las simetrías busca
inmovilizar a la sociedad, convenciéndola de que "todos los actores son
igualmente perversos"”. De donde se deduce que la violencia insurgente es
legítima y por tanto impune.
Interesante es la declaración de Carlos
Lozano, jefe comunista y dirigente de la Marcha Patriótica cuando en entrevista
reciente afirmó, ante varias preguntas: “¿Cómo llega usted a la conclusión de
que las Farc están en serio?
-Llego a la conclusión porque tengo
intercambios de mensajes con
Timoleón (nótese el aire de confianza.
Subrayas mías) una vez él asume después de la muerte de Cano y me doy cuenta de
que tienen ya una decisión tomada… Hubo debate en elSecretariado y en el Estado
Mayor. Pero al final se logró adoptar la decisión de ir todos juntos. ¿Y cómo
es la relación entre él (Timochenko) e Iván Márquez? -De respeto, de cariño, le
pregunté off the record, por todos esosrumores. Él me decía: ‘Yo con Márquez me
converso mucho, porque somoslos dos dirigentes más antiguos.” Es decir, Lozano
debió tener una información de contacto directo, de primera mano antes del
inicio de negociaciones. ¿No es todo esto una confesión de parte? Por
actuaciones similares se ha enjuiciado a más de un parapolítico. (Fuente:
correo electrónico que me enviaron. De: polo
polo, Enviado: Domingo 24 de febrero de 2013
8:34). Continuará…
rdaceved@unal.edu.co
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