La respuesta es NO. No vamos a tener unas elecciones
limpias y transparentes el próximo 6 de diciembre. ¿Y saben por qué no las
tendremos? Porque el CNE que preside Tibisay Lucena no se caracteriza
precisamente por la limpieza y la transparencia de sus decisiones.
No es casual, por ejemplo, que el CNE se haya tardado 6
meses para anunciar a los venezolanos que tendríamos elecciones parlamentarias
este año. Desde enero de 2015, las fuerzas democráticas venezolanas estaban
exigiendo al máximo organismo comicial del país la fecha de los comicios que
permitirán renovar la Asamblea Nacional. Pero la señora Lucena no soltó prenda
sino hasta hace apenas una semana, como si las escogencia de los diputados que
dicen representar al pueblo venezolano fuera un secreto de estado guardado en
el área 51 de la NASA.
En ningún país del mundo hay tanto misterio con las
fechas de las elecciones como aquí en Venezuela. Parafraseando el slogan que
alguna vez utilizó la Corporación Venezolana de Turismo, la fecha de las elecciones
parlamentarias venezolanas “era el secreto mejor guardado del Caribe”. Fue
necesaria una huelga de hambre de casi 100 personas, liderada por Leopoldo
López y Daniel Ceballos, la presión de diversos organismos internacionales, y
hasta una reunión de Thomas Shannon con Diosdado Cabello en Haití, para que
finalmente la señora Lucena se decidiera a fijar el día de los comicios. Claro,
después de recibir instrucciones de Cabello, Maduro y los hermanos Castro.
Para que se tenga una idea de cómo funcionan las cosas en
otras naciones, basta con revisar lo que pasa con el tema electoral en otros
países: los argentinos saben desde hace poco más de un ano que las elecciones
presidenciales de esa nación serán el 25 de octubre de 2015. En España, desde
hace más de un año se sabe que el 20 de diciembre de 2015, se celebrarán las
elecciones generales de ese país. Será la décima segunda desde la transición y
las primeras con Felipe VI como jefe de Estado y servirán para renovar 558 de
los 616 escaños que conforman las Cortes Generales: 350 del Congreso de los
Diputados y los 208 de elección directa del Senado.
En EEUU, las elecciones presidenciales que se celebrarán
en el 2016, ya tienen fecha: 8 de noviembre de ese año. Hasta las primarias
republicanas, donde hasta ahora figuran 13 precandidatos (y los que faltan) y
los debates presidenciales, que son obligatorios, también tienen fecha fijada.
En la hermana república de Colombia, las elecciones presidenciales de 2018
(dentro de 3 años) ya tienen fecha: serán el último domingo de mayo de ese año.
Como puede observarse, en los países donde la democracia
funciona, y donde las leyes se respetan, los organismos encargados de hacer las
elecciones no pueden estar ocultando la fecha de los comicios como les venga en
gana, no solamente porque se trata de un tema muy sensible y delicado, sino
porque simple y llanamente, es cuestión de transparencia, credibilidad, respeto
al ciudadano y de legalidad.
Si Tibisay Lucena hubiese querido hacer lo que ha hecho
en Venezuela en naciones como España, Colombia, México o EEUU, ya estaría presa
y condenada a 30 años de cárcel por tramposa. Pero en el reino del Socialismo
del Siglo XXI donde la ilegalidad y el irrespeto a las leyes es asunto de todos
los días, es muy probable que Lucena sea condecorada con el Gran Cordón del
Libertador en primera clase.
Soy de quienes creen que hay que hablarle bien claro a
los electores: las parlamentarias del 6 de diciembre de 2016 no serán limpias.
Tampoco serán transparentes. El que crea que va a ser así es un iluso. La
señora Lucena y las restantes rectoras que le acompañan para hacer mayoría en
el CNE harán todo lo que sea posible (de hecho tienen mucho tiempo haciéndolo)
para favorecer al oficialismo y a Nicolás Maduro. Para muestra un botón: esta
semana, entre gallos y medianoche, el CNE aprobó un reglamento que obliga a los
partidos políticos a inscribir entre un 40 y un 50 por ciento de mujeres como
candidatas a la Asamblea Nacional.
La norma, aunque pareciera ser muy justa, por aquello del
balance, de la proporcionalidad y del respeto al denominado sexo débil, es
tremendamente ilegal e inconstitucional por cuanto se supone, que todos los
aspirantes a la Asamblea Nacional deberían ser electos mediante elecciones
primarias universales, directas y secretas. Si así fuera, es imposible
determinar con exactitud el porcentaje de hombres y mujeres que ganarían en
unas primarias.
No es que no estemos de acuerdo con permitir que haya
muchas mujeres en la AN. Al contrario: nos alegra y nos gusta que haya muchas
damas metidas en la política. Pero no puede ser casual que la norma del CNE se
produzca justo después que la MUD seleccionó a todos sus candidatos, con lo
cual se infiere, necesariamente, que el reglamento del CNE fue hecho
precisamente para generar el caos en las candidaturas de la oposición.
Por cierto: una fuente cercana al oficialismo me informó
esta semana que la estrategia de Nicolás Maduro y el PSUV, previa a las
parlamentarias, es precisamente esa: provocar el caos dentro de la MUD,
adoptando medidas y tomando decisiones que pongan en entredicho el mecanismo de
selección de postulados por parte de la Mesa de la Unidad. En la Sala Electoral
del TSJ se está cocinando una sentencia que busca obligar a la MUD a hacer
primarias en todos los circuitos. La decisión cuestionará las denominadas
“candidaturas por consenso”. La sentencia se haría con base en una demanda
introducida en el TSJ donde se piden primarias en el circuito Baruta-Chacao-El
Hatillo.
Como puede observarse, nos enfrentamos a unos comicios
muy difíciles, nada transparentes, donde la ilegalidad y la violación de la
Constitución será un tema recurrente. El oficialismo sabe que si pierde la
mayoría en la Asamblea Nacional, como seguramente va a ocurrir, el denominado
Socialismo del Siglo XXI habrá comenzado a redactar su acta de defunción.
Ahora bien: ¿qué hacer para impedir que nos hagan trampa?
La respuesta es: organizarnos, prepararnos, adelantarnos a la jugada y actuar
en consecuencia. Todas las encuestas dicen que el PSUV va a perder las
elecciones. Maduro tiene 75% de rechazo. El oficialismo está dividido. Dejar de
ir a votar no es una opción. De manera que se equivocan los abstencionistas que
pensaron que este artículo era para llamar a no votar, o llamar a “salvar el
voto” como piden algunos incautos que nos quieren convencer de repetir la
terrible experiencia del año 2005.
El CNE quiere hacer trampa y nosotros estamos obligados a
luchar y a combatir esa trampa. Y eso sólo es posible si activamos los
mecanismos necesarios y presionamos duro, muy duro, para que haya observación
internacional de la OEA, Unión Europea y se respeten las reglas del juego
electoral. Guerra avisada no mata a soldado. Estamos advertidos de lo que se
nos viene encima. Tenemos tres caminos: salir corriendo, quedarnos en la casa
“salvando el voto” o luchar con todo lo que tengamos en nuestras manos,
legalmente hablando, constitucionalmente hablando, para impedir que la trampa
gane el 6 de diciembre.
Gustavo Azocar
cafeconazocar@gmail.com
@gustavoazocara
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