En
una verdadera democracia, el Jefe de Estado está obligado a garantizar la
estabilidad institucional, además de proteger los derechos y libertades de los
ciudadanos, a quienes debe su cargo institucional.
El
Jefe de Estado de un país debe trabajar afanosamente para que la lucha política
no deteriore las instituciones democráticas y por tanto, para que no se legisle
en contra de la separación de poderes, de la estricta independencia judicial o
de los derechos de cada ciudadano a la vida, a la libertad, a la propiedad y a
la igualdad ante la ley. La persona que ejerce la Jefatura de un Estado debe
garantizar el pluralismo democrático, como única alternativa viable
institucionalmente para que, actuando con independencia política, las diversas
fuentes del poder sean minimizadas ante posibles alteraciones de la
institucionalidad.
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Las
funciones de un Jefe de Estado son importantes, porque sencillamente es la
esencia misma en una sociedad civilizada, y solo se consigue extensa y
abiertamente, cuando las instituciones respetan los derechos individuales, por
encima del poder político, por cuanto son “derechos inmanentes a la naturaleza
del hombre libre” y, por tanto, inalienables por el poder político y previos a
cualquier Constitución, lo cual significa que un Jefe de Estado debe velar
siempre por la protección efectiva de los derechos civiles de todos y cada uno
de los ciudadanos y exigir que exista estricta sujeción a la Constitución y
funcionamiento de todas las instituciones. Ello significa que por ser uno de
los pilares centrales que sostiene la Constitución, el Jefe de Estado tiene la
responsabilidad máxima y debe evitar que degeneren las instituciones en contra
de los derechos y libertades de los ciudadanos.
Parecen
olvidar quienes detentan el poder desde hace 15 años, que la democracia es un
sistema de gobierno en el que los ciudadanos tienen los siguientes derechos y
libertades: a) elecciones libres y competitivas b) Libertad de expresión y de
organización política. C) Libertad de prensa y de cultos. D) Un poder legislativo
atenido a defender el orden social. Con la violación de la propia Constitución
o “La bicha”, como la calificó indignamente el extinto Chávez, estamos en
presencia de un sistema de gobierno que contradice las justas aspiraciones de
la mayoría del pueblo venezolano y los hechos – por nombrar solo algunos –
saltan a la vista como la censura a los medios de comunicación y a sus
protagonistas los hacedores de la noticia, a quienes se les expone al escarnio
público, además de responsabilizarles por todo cuanto supuestamente afecta a la
tan mentada revolución socialista del siglo XXI . A ello se suma la utilización
de la fuerza militar, para reprimir a quienes protestan contra la políticas (¿)
del régimen.
Olvidan
también estos socialistas de nuevo cuño,
que existe una particularidad del sujeto sapiente que se adentra en el
conocimiento del mundo que le rodea y de su propia vida, que se refleja en la
realidad circundante del entorno social. Es evidente el afán que tienen por
aprobar una nueva Ley con la que desaparecería el Colegio Nacional de
Periodistas, la cual permitiría el libre ejercicio de nuestra noble profesión –
la más hermosa como diría el fallecido Premio Nobel, el Gabo García Márquez -,
a personas sin la más mínima formación académica, a las que ya vemos en las
televisoras públicas asumir más el papel de inquisidor que de periodista.
Obviamente desconocen que la objetividad e interacción fluye a través de la
actividad práctica del periodismo que orienta, forma, intercambia vivencias,
conocimientos, emociones, pensamientos y que la labor de comunicar es
conceptuada como el hecho social omnipresente y permanente, actividad que la
asume al informar, el periodista, quien revestido de ética maneja la
información y opinión exponiéndose a riesgos, malas interpretaciones y falsos
compromisos.
Como
periodistas profesionales concebimos la encrucijada que se nos presenta, cuando
en el alto gobierno se tornan irascibles, por el solo hecho de dar a conocer a
la opinión pública, hechos reñidos con la conducta que deben mantener quienes
prestan sus servicios en las distintas dependencias, empresas, instituciones
del estado y de las Fuerzas Armadas, los cuales suceden a menudo en los últimos
tiempos, y que la sociedad en una democracia está obligada a conocer, pues se aplica
no sólo a la información u opinión que tiene acogida favorable, sino también a
las que ofenden y escandalizan.
Molesta
acaso, que los medios de comunicación por su propia naturaleza y función de
mantener informada al colectivo nacional, publiquen informaciones que ponen en
entredicho la capacidad, operatividad y competencia en el manejo del poder.
Pretenden silenciar hechos como el del presupuesto nacional aprobado para el
2014, el cual ascendía a más de 552 mil millones de bolívares, pero que entre
enero y agosto la Asamblea Nacional aprobó 197 créditos adicionales, por una
cifra mayor a los 280 mil millones de bolívares, tal como lo denunció el
diputado Elías Matta; que los bonos de
la República y de Pdvsa mostraron una fuerte caída en los mercados
internacionales, luego de una semana en la que el valor de los títulos
descendió de manera inusual hasta seis puntos en promedio ante las expectativas
negativas de los inversionistas por la ausencia de toma de decisiones
económicas del gobierno; que el Frente de Víctimas contra la Represión y el
Foro Penal Venezolano en Carabobo, denuncien que varios de sus integrantes, así
como detenidos en agosto son blanco de persecución, intimidación y abuso
sexual; que el ministro para la Alimentación, Hebert García Plaza, informe que
fueron detenidos 15 trabajadores de la red Mercados de Alimentos (Mercal), por
su presunta participación en el delito de desvío de alimentos, especialmente de
carne; que el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, denuncie la
detención de un ciudadano por supuestamente “incitar al odio”, a través de la
cuenta en Twitter @Anonymuswar, o que, finalmente, Nicolás Maduro reitere su
ataque contra la oposición acusándoles de estar incitando al pueblo para que se
“arreche” y salga a la calle. ¿Esto último, acaso no es una instigación a la
violencia?. ¡La salsa que es buena para el pavo, también es bueno para la pava!
No
podemos imaginar a nuestro pueblo sin una actitud reflexiva, y sin la libertad
individual, uno de los pilares esenciales de toda sociedad democrática, la cual
basa su progreso amparada en los pilares que la fundamentan, entre otros, la
libertad de expresión, que es silenciada muchas veces con el sonido de las
balas, atentados, secuestros y todo abuso de poder con los que se pretende
acallar la voz y la pluma de periodistas anhelantes de grandes ideales, en el
marco de la objetividad, información veraz y oportuna y el respeto a la moral e
integridad de las personas.
Carlos
E. Aguilera A.,
careduagui@yahoo.com
@_toquedediana
Miembro
fundador del Colegio Nacional de Periodistas (CNP-122)
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El desabastecimiento
que en la actualidad se produce en Venezuela, y que no es producto de cambios en la naturaleza, del clima o de
problemas externos, es simplemente el
resultado de políticas monetarias erradas, fundamentadas en rígidos controles
con base a políticas económicas primitivas y llena de complejos, donde imperan
las trabas y las regulaciones, impuestas en la mayoría de los casos de forma
arbitraria e ilegal. Mientras las empresas
sean concesionarias del gobierno habrá desabastecimiento. 
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