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lunes, 20 de septiembre de 2010

CENSURA INDIRECTA. RICARDO TROTTI. MENSAJES Y SOCIEDAD (DESDE ARGENTINA)

Muchos son los gobernantes que se jactan de que en sus países existe plena libertad de prensa, como la presidenta Cristina de Kirchner, quien esta semana en un mitin político, sostuvo que todos pueden decir lo que piensan y quieren en la Argentina.

Pero esa es una verdad a medias. La libertad de prensa no solo implica el derecho a decir las cosas, sino a no ser molestado ni perseguido por hacerlo. Y ese no es el caso en la Argentina actual, tampoco el de Venezuela, Nicaragua, Ecuador o Bolivia, cuyos gobiernos, en forma sistemática, discriminan y toman represalias contra los medios de comunicación y los periodistas críticos e independientes, aunque la excusa es “controlar sus excesos”.

Por lo general, las medidas contra la prensa son groseras. Implican clausurar medios en Venezuela; acusar de terrorista a un periodista ecuatoriano por patear una granada lacrimógena hacia donde estaba el presidente o acusar a ejecutivos de Clarín y La Nación de Buenos Aires por crímenes de lesa humanidad al haber comprado una fábrica de papel durante la dictadura.

En ocasiones no son medidas tan evidentes, sino sutiles, pero igualmente contundentes, dirigidas a corroer la salud económica del medio. Se trata de censura indirecta, asumida por el gobierno con una actitud “robinhoodense” aparentando defender a un público vulnerable ante las atrocidades de los medios privados; cuando en realidad el objetivo es asfixiar la crítica y la fiscalización de la opinión pública.

Los métodos son variados, discriminación de la publicidad oficial, segregación en el otorgamiento de licencias para operar radio y televisión, presión fiscal, estorbos a la importación de insumos y a la distribución de las noticias; prácticamente el muestrario de obstáculos gubernamentales impuestos a la prensa argentina.

No se trata de procedimientos nuevos ni originales. El papel periódico siempre fue un insumo manejado para coartar la libertad de prensa. Juan Domingo Perón lo restringía a los diarios “opositores”; el partido mexicano PRI, cuando era gobierno, lo discriminaba a quienes no se plegaban a sus políticas y Hugo Chávez restringe las divisas y eleva aranceles para dificultar su importación.

Antes como ahora, queda demostrado que el autoritarismo de un gobierno es directamente proporcional al tiempo que gasta en controlar la libertad de prensa. Y cuanto más tiempo ocupa para ello, más terca y revanchista se torna su actitud en contra del periodismo.

Con el kirchnerismo se demuestra este principio. Desde hace años está empeñado en acabar con la prensa a la que califica de “opositora”, sin importarle caer en torpezas e incongruencias. Ataca el monopolio de la fabricación de papel periódico y la concentración de medios en manos privadas, con el mismo ímpetu que defiende la concentración de prensa estatal y oficialista, mientras recrea el monopolio de la distribución de periódicos, práctica mafiosa que había sido extirpada por inconstitucional en 1999.

Tanto en la Argentina, Nicaragua, Ecuador como Venezuela, la asfixia económica suele tener desvergonzadas intenciones extorsivas. Los propios gobiernos, sus funcionarios o testaferros están al acecho de los medios privados que desbaratan o crean nuevos con recursos públicos.

Los amigos del kirchnerismo esperan como buitres la implementación de la Ley de Servicios Audiovisuales cuyo artículo 161 obliga a las empresas a desprenderse de sus medios en menos de un año, por lo que la obligada mala venta de unos será el beneficio de otros. En Nicaragua, el presidente Daniel Ortega quedó de propietario particular de los canales 4 y 8 y de las radios Ya y Sandino; Hugo Chávez expropió RCTV y a su equipamiento, de inversión privada millonaria en todo el país, la robó para operar su propia televisora; mientras Rafael Correa confiscó canales y un diario, a los que prefiere seguir usando como medios de propaganda en lugar de ofrecerlos en licitación.

Lo que asusta sobre la censura indirecta es que sus métodos están implícitos y permitidos en leyes de prensa adoptadas en Venezuela y la Argentina, la que pronto se espera aprobar en Ecuador, la que se proyecta en Brasil y la que anunció esta semana el oficialismo en Bolivia.

Sarcásticamente, todas esas leyes tienen como fin “controlar los excesos de los medios”; o “tutelar” la libertad de prensa, como repite en discursos, leyes y decretos la presidenta Kirchner.

http://www.elliberalweb.com.ar/secciones.php?nombre=home&file=ver&id_noticia=1009183UU&seccion=Opinión

tabano_informa@yahoo.com.ar

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miércoles, 4 de agosto de 2010

EL RETRATO DE LA TIRANÍA EN LA POLÍTICA, POR ANDRÉS VOLPE

El mejor profeta del futuro es el pasado. John Sherman.

En el juego de la historia, muchos han sido los movimientos de piezas en el tablero, pero siempre se podrá encontrar un patrón que se repite; siempre estará la jugada que se consolida en el tiempo. La jugada se consolida por una sola razón: no importa cuántas veces se repite, sigue demostrando su efectividad en el juego. Así es la tiranía en la política; una repetición de formas y modos de acción que reunidos en un solo encauce producen el efecto atroz de Dahau, Auschwitz y muchos otros más centros de exterminio. La tiranía es un patrón que se repite en la historia, en diferentes latitudes geográficas, culturas, idiomas y de lados políticos. Es por esta razón que encontrar similitudes con el National-Sozialismus alemán, no es un ejercicio ilógico.

Se confirma en la obra de Ingo Müller titulada “Furchtbare Juristen” que hubo un gran apoyo doctrinal, jurisprudencial y legal, para la construcción del III Reich alemán. Primeramente, el apoyo doctrinal fue vital para crear en el imaginario jurídico de la época una aceptación de la voluntad del Führer, por medio de una creación lógico-formal de un sistema de argumentos que incisivamente creara la aceptación de juristas, jueces y ciudadanos de a pie de esa voluntad única, disfrazada bajo la pretensión de un derecho histórico reprimido por los acontecimientos de la República de Weimar y la Primera Guerra Mundial. La tiranía utilizó el dolor del pueblo y lo convirtió en “La voluntad del Volk”, para justificar el quiebre de todo un sistema de justicia anterior que ocasionaba molestias burocráticas internas e internacionales, para las pretensiones de poder del partido Nazi.

Los doctos de las universidades alemanas empezaron a desasociar la justicia del derecho; en cambio, sustituyeron ese vínculo natural por otro un poco más pragmático: Adaptación de la ley a la política. Diseccionaron el derecho, para desvincularlo de una justicia objetiva para enlazarlo con una justicia subjetiva y sentimental. Se buscaba el romanticismo político, el engañar a la razón con la sentimentalidad nazi. La justicia sería lo que dijera el Führer y el partido, porque se debía hacer lo necesario para el triunfo de la raza Aria sobre las razas inferiores que amenazaban el progreso. El juez en su fallo no podía buscar la justicia en unas leyes contaminadas de procesos antiguos y que no obedecían a la filosofía del nuevo movimiento; sería traicionar al Reich. La justicia debía ser sentida, como una expresión intestina que brota de un fanatismo irracional. El Derecho debía estar sumiso al Estado.

Así las cosas, en el presente tiempo, se ve cómo también el Derecho se aferra a las faldas del Estado para articular todos sus planes. El Derecho pasa de ser objetivo a obedecer un programa improvisado. Se trata de construir un sistema político “novedoso” para la aseguración de la felicidad. La verdad es que se está disfrazando la involución histórica más notable de los útimos tiempos, bajo el progreso de un plan de gobierno determinado. Las leyes cada día son aprobadas con más celeridad y solo en consideración de los intereses de un sector político. La ley cada día es interpretada de una forma que seguramente E.J Sieyés hubiese condenado. Es claro que no vivimos en un Estado donde “todo lo que no está en la Ley, está permitido”, sino en contra sensu, todo lo que no está en la Ley, está prohibido. La tiranía busca englobar todo ámbito de libertad del individuo para controlarlo y regularlo. La ley es un marco ordenador básico para garantizar la libertad innata del individuo, no es el marco ordenador para permitir el uso de la libertad por parte de los individuos.

El Estado de Derecho sufrió grandes consecuencias en la reforma doctrinal Nazi. Se pensaba que era un concepto hijo de un sistema abrazado por la República de Weimar que destruyó la dignidad del pueblo alemán, y por lo tanto, debía ser modificado. Es así como, según Ingo Müller, se empezó la alteración semántica de los conceptos. Ya no sería el Estado de Derecho, sino el “Estado de Derecho de Adolfo Hitler”. De la misma manera se atacó a los derechos humanos y al derecho penal. Eran límites para el poderío del Estado frente al individuo y por eso debían ser modificados, porque se tenía que proteger al Estado de los individuos. ¿Es posible que un plan político vaya por encima de sus propios individuos? No hablo de instituciones legales o políticas, sino de ideologías. América Latina está conformada por países que aún buscan su definición ideológica y de eso es prueba que la ideología política de un país Latinoamericano, varíe con el periodo presidencial. En una región así, ningún plan político puede ir por encima de sus individuos.

El sistema penal nazi fue determinante para la exterminación de la oposición política de la época. Los crímenes cometidos contra el movimiento nazi, amenazaban al pueblo alemán, por lo que los perpetradores ya no estarían protegidos por el Derecho y el Estado; eran anulados de su condición de ciudadanos. Por supuesto, la consecuencia del argumento era que la persona no era un ciudadano, por lo que carecía de derechos y su muerte era la resolución justa de un ser alienado de la sociedad.

El Derecho aplicado por el Estado es discriminador, porque apretará en la medida de un color. La lealtad es una vil virtud en la política, porque ciega al fanático con la ilusión de obediencia. Peor aún es cuando la lealtad es confundida con sumisión, porque se estará entregando el intelecto.

Por último, viene la falsificación histórica. Los alemanes utilizaron todos los medios posibles para falsificar o borrar el pasado. Ingo Müller nombra a este respecto una frase de Goebbels donde dice que el cometido del nazismo era “borrar el año 1789 de la historia alemana”. Por otro lado, con la eliminación de facciones políticas y de grupos intelectuales, se estaba borrando una generación que garantizaba la diversidad de ideas y por lo tanto, la dialéctica histórica, única para poder encontrar la verdad en el pasado. Es por esto que debemos rescatar el concepto aportado por Nietzche: Fuerza plástica. Este concepto se entiende como la capacidad de un individuo de superar la historia y suspender sus malos acontecimientos, si se amplía a la sociedad, es la respuesta a la falsificación histórica. Una sociedad será débil cuando no puede transformar la historia en su beneficio para superar las tiranías, sino que permite que éstas la utilicen como herramienta de legitimización. La fuerza plástica debe servir para la sociedad para pasar a ser una sociedad de acción y suprahistórica, donde ella sea la que pueda redireccionar la historia y su devenir.

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sábado, 27 de diciembre de 2008

*PERSECUCIÓN A SOCIEDAD CIVIL, SÍNTOMA DE DICTADURA. CARLOS PONCE, COORDINADOR RED DE DEMOCRACIA LATINOAMERICANA. EN CONFIDENCIAL DE NICARAGUA.


SEMANARIO DE INFORMACION Y ANALISIS POLITICO • AÑO 12 • EDICION NO. 614 • DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2008


El pluralismo político debe existir en todos lados. No puedes premiar o sancionar a municipios porque simplemente defiendan tu modelo de pensamiento personalista

Lourdes Arróliga

Carlos Ponce
La persecución a movimientos de la sociedad civil, entre cuyos objetivos está la movilización de la “opinión crítica”, es el primer síntoma de un régimen dictatorial, en el cual sólo caben espacios para estructuras serviles a la figura presidencial, destaca el venezolano Carlos Ponce, Coordinador General de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia.

“Por ejemplo, en el caso de Nicaragua cuando tienes a un gobierno que empieza a perseguir a los grupos de mujeres porque no está de acuerdo con sus opiniones, se viola uno de los factores fundamentales de la democracia que es el respeto al derecho de asociación, de opinión política, de participación en la defensa de derechos humanos, estás violando la carta democrática, incluso los principios básicos a cualquier democracia que es el respeto al adversario…”, comenta Ponce.

“Un gobierno que a claras luces no acepta la participación de una observación electoral de organismos válidos como la OEA, ya eso es sinónimo de que hay problemas que tienes que analizar en cuanto a tu democracia”, agrega Ponce, quien cuenta con veinticuatro años de trayectoria en la promoción de la democracia y la descentralización de los gobiernos locales en su país.

CPC “ahogan” descentralización

Los consejos de participación comunitaria (CPC) en Venezuela nacieron con el mismo fin que los consejos de participación ciudadana (CPC) en Nicaragua: que el pueblo tuviera una comunicación directa con el Presidente.

Pero la experiencia dicta que estos consejos buscan “corromper el movimiento comunitario y simplemente hacerlo servil a lo que son los intereses del Presidente”.

“Eso no es democracia, es simplemente buscar el servilismo y la corrupción directa de los mecanismos comunitarios. En el caso de Venezuela donde hay mucha más plata, simplemente es darle a ciertos seguidores del gobierno la posibilidad de que repartan los recursos dentro de las comunidades, ahogando la descentralización municipal y la posibilidad de gobiernos locales de ser efectivos”, comenta Ponce.

Pero hay quienes argumentan que la democracia es la participación del pueblo, ¿qué requisito no cumplen estos organismos en un modelo democrático?

Si es un concepto en el que te estás abriendo para la democracia participativa, lo acepto. Creo en la democracia directa, pero en la que no es manipulada, no intencionada en seguir ciertos intereses políticos, y que no prostituya el movimiento comunitario a través de darle plata nada más para manejarlo.

¿Es decir, con pluralismo político?

El pluralismo político debe existir en todos lados. No puedes premiar o sancionar a municipios porque simplemente defiendan tu modelo de pensamiento personalista.

Chávez “castiga” a gobernaciones opositoras

Después de las elecciones regionales en Venezuela del pasado 23 de noviembre, donde los candidatos oficialistas ganaron 17 estados sobre 22 y la oposición tres, incluyendo una plaza importante como Caracas, el gobierno decidió “castigar a las comunidades que les fueron desleales”.

Chávez le quitó los centros asistenciales, las escuelas, el sistema de seguridad ciudadana a las gobernaciones y alcaldías que perdió “para que estas gestiones fracasen”.

“Eso dentro de la pluralidad democrática es una violación directa a los regímenes de libertad; castigar a algunas comunidades que no votaron por las fórmulas del Presidente, y ahora no van a recibir apoyo”, critica Ponce.

“El Presidente lo ha dicho claramente, que la seguridad (a través de la Policía Nacional) va a ser para las comunidades donde los apoyaron, que el resto no va a tener seguridad. Entonces, apoyo al Presidente ciegamente o no obtengo ningún beneficio”, comenta Ponce.

En Caracas, plaza que ahora está en manos de la oposición, Chávez tomó represalias para restarles poder: “le quitó la Policía (seguridad ciudadana), le está quitando los hospitales, y hasta le quitó la sede física al consejo municipal de la ciudad”.

“Es una acción que acaba de hacer con las gobernaciones y amenaza a las demás con que no les va a dar ni un céntimo, que las va a presionar y las va a perseguir y sin haber asumido ninguno de los alcaldes todavía… ¿Cuál es la pluralidad política?, ¿cuál es tu sentido de democracia?”, cuestiona Ponce.

Chávez apurado por reelección

Las constantes reformas constitucionales “a la medida de un mandatario” son otros signos que acompañan a un gobierno dictatorial. El presidente Chávez cumple ya diez años en el poder producto de la reelección presidencial y busca un nuevo periodo más mediante nuevas reformas constitucionales que impulsará en febrero del 2009.

“En un mundo en crisis donde el petróleo se cayó en un 210% (de 147 dólares el barril pasó a 33 dólares), hay un problema de inseguridad, de violencia, de falta de capacidad productiva, hay una inflación reconocida de casi el 30%, la única preocupación del Presidente es una reforma constitucional que le toca de aquí a cuatro años, pero él la apuró para hacerla en febrero”.

En los últimos años, Venezuela registró su periodo “de mayor bonanza” por la factura petrolera. Sin embargo, se registra un 70% de marginalidad y pobreza, un deterioro en la institucionalidad, el retiro de la empresa privada, etc.

“Ahora que cae el precio del petróleo hay una mega crisis en el país porque no supiste ahorrar durante todos estos años. Entonces, esa no es fórmula de crecimiento, es una fórmula de atraso”, puntualiza Ponce.