Con la publicación de los “Acuerdos de La Habana” el gobierno
quiere hacernos creer que se trata de un acto de transparencia, para que se vea
que no hay nada oculto, que no se ha negociado la propiedad privada ni la
constitución ni la Fuerza Pública y que lo hace para disipar rumores,
desinformación y campaña negra. En realidad lo hizo, si nos atenemos a la
versión del periodista Alvaro Sierra (ET 26/09/2014), para no quedarse atrás de
las Farc que ya los habían publicado.
El ministro del Interior quiere reducir todas las voces críticas a
una operación de “campaña negra” de los guerreristas, negando en los hechos el
derecho al disenso. Piensa el señor Cristo, cuota del samperismo en el
ejecutivo, que basta con decir que no hay nada grave ni comprometedor en los
acuerdos para que todos vayamos a dormir tranquilos.
Al leer el contenido del texto sobre participación política, mi
sorpresa es mayúscula. Resulta que lo que muchos sospechábamos, a saber, que en
esas conversaciones el gobierno nacional había asumido una actitud capituladora
y pusilánime, queda confirmada.
Se hicieron concesiones demasiado graves,
empezando por las que ya han sido ventiladas por los críticos. Por ejemplo, es
grave en sentido superlativo que se le haya conferido estatus de contraparte en
condiciones de igualdad a la guerrilla respecto del estado. La consecuencia de
esta humillación ante una guerrilla casi derrotada y desprestigiada ante los
colombianos y el mundo, es que el documento muestra que el gobierno representa
una parte de la población y del “conflicto” y las Farc la “otra”, la excluida,
la perseguida, a la que le han mutilado sus derechos y restringido sus
intenciones de hacer política por las buenas. Además, aunque digan lo contrario
los voceros oficiales, se discutió en la mesa y se llegó a acuerdos en temas
propios de la agenda nacional cuyo curso debe tener lugar en las corporaciones
públicas.
Se puede observar, línea por línea, que el texto refleja muchísimo
más el discurso fariano que el gubernamental, pero, la abrumadora campaña
oficial en favor de la paz y en contra de los “guerreristas” cautivará a más de
un desprevenido. El primer párrafo de este acuerdo habla de una Colombia que
tiene que abrirse en democracia, libertades y garantías. Dotarse de un estatuto
de la oposición, financiar los partidos, crear circunscripciones electorales a
medida de la influencia guerrillera y una serie de asuntos que en apariencia
son válidos e inocentes para quienes aún creen que las Farc son demócratas
reprimidos por el sistema. El filósofo Jaramillo, el ideólogo de esta entrega,
en célebre conferencia en 2013 ya le confería razón social y justiciera al
“levantamiento armado”.
La autoestima del gobierno y de los partidos que lo respaldan
parece bien bajita, ya que en ese primer párrafo se abre no un hueco sino un
cráter para rediseñar las instituciones, la sociedad y el estado mismo.
Admitirle razonabilidad al discurso fariano es ofensivo para las fuerzas
políticas y sociales que han sufrido la inclemencia de sus acciones terroristas
y para la fuerza pública obligada a pensar que estaba peleando contra un
enemigo que no era tal.
Un aspecto destacable en el texto es que en contravía de las
supuestas aclaraciones del jefe negociador, Humberto de la Calle, la sociedad
queda abierta y expuesta a aceptar que para hacer la paz es preciso y
obligatorio adelantar ajustes institucionales y de políticas públicas de tal
envergadura que ello significa una explícita aceptación de las
“reivindicaciones” farianas y de su visión de sociedad. Es como si un invitado
a casa entrara imponiendo sus condiciones. Nada equiparable a quienes toda la
vida hemos vivido y sufrido el orden de cosas existentes sin apelar a las armas
y a la violencia.
Otro punto que llama la atención por sus gruesas implicaciones es
la gran cantidad de comisiones a crear en una especie de edificación de una
parasociedad y una paraestatalidad, como si lo existente no fuera suficiente.
Tendremos un estado gigante que se ocuparía de proveer todo, hasta la Verdad
del conflicto. Todo ello en consonancia con el deseo expreso de las Farc de
“rediseñar la sociedad y refundar el estado”.
En su afán de presentarse como los adalides de los movimientos
sociales y de las protestas de la ciudadanía, el gobierno inclina la cerviz
ante la no muy confiable y nada ingenua pretensión de las Farc de meter por la
puerta del frente, “a las buenas” su revolución “democrático popular” de corte
estalinista-maoísta. Revolución que procede cuando, según el leninismo, no hay
condiciones para instaurar el socialismo y hay que andar de la mano de otras
fuerzas, como la burguesía nacional y progresista, por un buen trecho. ¿Cómo?
Ni más ni menos que convirtiendo la sociedad en el espacio de unas
intensificadas luchas de masas a las que se les crearán aparatos de
coordinación, estímulo y protección.
Lo que está aprobado, pues, nos llevaría a la formación de un auténtico
paraestado cuyo papel será enterrar el vetusto establecimiento, arrojando una
situación de caos y desorden, todo en nombre de una supuesta “democracia
directa”. En todas partes se concederán emisoras, periódicos y canales de
televisión a las Farc y a los “movimientos sociales y de masas”, en particular
en las zonas de conflicto.
Muchos de los puntos pactados requieren reformas de carácter
constitucional como la refrendación “ampliada” de una serie de principios
liberales y democráticos que figuran en nuestra constitución, en retórica
farragosa que idealiza las luchas masas y su participación en los destinos del
país. Y la creación de circunscripciones electorales en zonas de influencia
guerrillera. Una auténtica obscenidad aceptar que las Farc nos den lecciones de
democracia y libertades.
Así que la publicación de los acuerdos en vez de disipar los
temores de los colombianos sobre los términos de las negociaciones lo que hace
es reafirmarlos. Lectura atenta y detenida de por medio de los mismos, quedamos
notificados de la actitud blanda con la que el gobierno asumirá el punto
relativo a la entrega de armas, desmovilización y penas de prisión para los
responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Ruben Dario Acevedo Carmona
rdaceved@unal.edu.co
@darioacevedoc
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