*LIBRES LOS HOMICIDAS DE MARITZA RON, ASESINADA EN LA PLAZA ALTAMIRA
ABRIL 26, 2008 POR: MARTHA COLMENARES CATEGORÍA: CRIMENES P.
Ramón Torregrosa nos había hablado sobre ello en una de nuestras concentraciones del Grupo 11 “Queremos saber”, en Parque Cristal donde nos reunimos cada 11 de mes a las 7pm, para honrar la memoria de los caídos desde 1999 y bajo la exigencia de la justicia. Referidos los hechos, ¡habían dejado libres en diciembre a los asesinos de su esposa Martiza Ron!. A esos que le dispararon a mansalva en la Plaza Altamira al día siguiente del referendum revocatorio, el 16 de agosto de 2004, y todos pudimos verlo por televisión, las fotos circularon por el mundo, y sin embargo estaban libres. Nos preguntábamos si todavía teníamos capacidad de asombro. Porque esto es lo que ocurre en Venezuela con los criminales: “Aunque estaba expresamente prohibido, en diciembre obtuvieron la medida de régimen abierto”. Martha Colmenares. A continuación, una entrevista que le fue realizada por Edgar López de El Nacional. Para ver ampliadas las fotos originales con su respectiva leyenda al pulsar aquí.
*HOMICIDAS DE MARITZA RON NO TUVIERON QUE ESPERAR FALLO DEL TSJ
EDGAR LÓPEZ
El Nacional
25 de abril de 2008
LOS HOMICIDAS DE MARITZA RON NO TUVIERON QUE HACER HUELGA DE HAMBRE NI SOPORTAR LOS HABITUALES RETARDOS PARA OBTENER EL FAVOR DE UN JUEZ.
AGRESORES DE LA PLAZA FRANCIA DEBERÍAN PERNOCTAR EN UN CENTRO COMUNITARIO DE MAIQUETÍA
AUNQUE ESTABA EXPRESAMENTE PROHIBIDO, EN DICIEMBRE OBTUVIERON LA MEDIDA DE RÉGIMEN ABIERTO.
En el balcón del apartamento, donde la pareja vivió durante 18 años, permanecen dos asientos para la tertulia vespertina: él ocupaba la silla de mimbre y ella la mecedora.
Desde el 16 de agosto de 2004, cuando fue asesinada Maritza Ron, ese ritual cambió: la silla está arrinconada como un depósito de revistas viejas, y Ramón Torregrosa utiliza la mecedora para contemplar la fotografía de su esposa, colocada en un altar iluminado con un cirio, junto a la imagen de Juan Pablo II y media docena de estampitas de santos.
Él sólo sonríe cuando recuerda tiempos mejores: “Cuando nos conocimos, ambos nos acabábamos de divorciar. Pero ella se fue a Estados Unidos y allá permaneció diez años. Nos reencontramos a su regreso a Venezuela. Ella aceptó vivir conmigo, pero no quería casarse. Sólo logré convertirla en mi esposa 5 años más tarde”.
Se enteró de la muerte de Ron por la televisión española, cinco horas después del ataque de tres hombres armados contra la multitud que estaba concentrada en la plaza Francia de Altamira, para protestar por los resultados oficiales del referéndum revocatorio al presidente Hugo Chávez. Ron era una de las manifestantes y los que estaban a su lado cuentan que gritaba “nos han robado nuestros votos”, pocos segundos antes de las 2:45 pm, cuando recibió un impacto de bala en el abdomen que le destruyó el estómago, el hígado y el cólon. El 17 de agosto, cuando Torregosa pudo regresar a Venezuela tuvo que ir directamente al lugar donde velaban a su esposa de 62 años de edad, pues había muerto a las 8:00 pm del día anterior.
Ayer usaba un traje gris que le quedaba muy holgado: “Es que en estos tres años he rebajado diez kilogramos. Todo ha sido muy duro y agotador. El traje es porque me voy a entrevistar con el alcalde Leopoldo López, pues se quiere colocar una lápida en el lugar donde cayó Maritza. Cuando allí hicieron una experticia planimétrica, dibujaron su silueta en el suelo. Yo salí a comprar pintura en aerosol para remarcar la figura y me encargaría de remarcarla hasta que se hiciera justicia”.
El duelo de este hombre, de 77 años de edad, se ha endurecido desde el 20 de diciembre, cuando el juez Quinto de Ejecución, Nicol Catalano Campesi, permitió que los homicidas de Ron, Henry José Parra Linares, John Carlos Jiménez Eslasa y Pedro Celestino Ramos Poche, salieran de los calabozos de la Disip.
Con relativa facilidad. Parra Linares, colombiano de 31 años de edad; Jiménez Eslasa, de 35 años de edad; y Ramos Poche, de 56 años de edad, siempre estuvieron recluidos en la sede de la Disip, en El Helicoide.
Fueron acusados por los delitos de homicidio calificado y lesiones graves y leves en grado de complicidad correspectiva, intimidación pública y porte ilícito de armas de fuego.
El 15 de noviembre de 2007, el Tribunal 19 de Juicio condenó a Jiménez Eslasa y Ramos Poche a ocho años, dos meses y diez días de presidio, mientras que a Parra Linares le dictaron siete años, dos meses y diez días de cárcel. La complicidad correspectiva les permitió una rebaja de la pena de un tercio a la mitad. El 29 de noviembre de 2007, apenas 14 días después, el juez Quinto de Ejecución, Nicol Catalano Campesi, rebajó aún más la condena. “En atención a las actividades laborales y académicas reconocidas por la Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención”, razonó el juez al invocar la redención de la pena por el trabajo y el estudio, mediante la cual les fueron descontados un año y cinco meses.
21 días después, el 20 de diciembre de 2007, el juez concedió a Parra Linares, Jiménez Eslasa y Ramos Poche la medida alternativa de cumplimiento de la pena denominada régimen abierto que, según el artículo 65 de la Ley de Régimen Penitenciario, procede cuando el reo ha cumplido una tercera parte de la condena.
Sin embargo, en diciembre y hasta el lunes pasado, cuando la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia decidió lo contrario, estaba vigente el parágrafo único del artículo 406 del Código Penal, según el cual los implicados en homicidio “no tendrán derecho a gozar de los beneficios procesales de ley ni a la aplicación de medidas alternativas del cumplimiento de la pena”.
Pero, el juez Catalano Campesi ignoró la prohibición y, en forma expresa, señaló que a los condenados les correspondía “el beneficio”. En este caso, no se trató de la desaplicación de un artículo que el juez considera inconstitucional, lo que se denomina control difuso de la constitucionalidad y amerita inmediata notificación y aprobación de la Sala Constitucional.
Los homicidas de Maritza Ron no tuvieron que hacer huelga de hambre ni soportar los habituales retardos para obtener el favor de un juez.
Tampoco tuvieron inconvenientes para que el Centro de Evaluación y Diagnóstico del Ministerio del Interior y Justicia expidiera el informe técnico que es imprescindible. El 17 de diciembre, tres días antes del fallo que los benefició, el delegado de prueba Alberto Castillo, el psicólogo Ulises Barrios y el abogado Omar González aseguraron “que existe bajo riesgo de que los penados de autos se encuentren incursos en una nueva actividad delictual”. Además, el jefe de Investigaciones de la Disip, Aníbal Villalobos, dio constancias de la buena conducta.
Se supone que Henry José Parra Linares, John Carlos Jiménez Eslasa y Pedro Celestino Ramos Poche, ahora trabajan y pernoctan en el Centro de Tratamiento Comunitario “Dr.José Agustín Méndez Urosa”, ubicado en Maiquetía. El 15 de enero, la abogada defensora Aramita Padrino solicitó una medida más flexible, la libertad condicional, que permitiría a los condenados dormir en sus casas. El 23 del mismo mes, el juez Catalano Campesi negó la petición, por falta de un nuevo informe técnico.
Ante el fallo del TSJ que permitiría que otros homicidas recuperen su libertad en breve plazo, Ramón Torregrosa expresó: “Es que las leyes de este país no son lógicas”.
