OSCAR BASTIDAS-DELGADO, INTERVENCIONISMO ESTATAL Y COOPERATIVAS CHINAS,

Comprender la lógica del cooperativismo chino y sus relaciones con el estado obliga a sumergirse en arista culturales de una población milenaria, lo que no es fácil; no existen fuentes de información sobre estos procesos, explicarlo siempre será un proceso incompleto.

Hasta el S. XIX dominó en este país un colectivismo tradicional que reunía diferentes modelos de trabajo colectivo agrícola y prestación de servicios mutuos rurales. El derecho de asociación comienza a operar en 1908 con el último gobierno de la Dinastía Qing pero fue luego de derrotada esta dinastía, con la constitución de una república en 1911, cuando la Constitución Interina concede plenos derechos de asociación a los ciudadanos y protección legal para el desarrollo de numerosas ONGs. No fue sino a partir de la segunda década del S. XX cuando misioneros cristianos con programas de promoción y financiamiento internacional, introducen un cooperativismo al estilo europeo, promoviendo cooperativas rurales en varias provincias, destacando las de crédito durante los 20s, y las de trabajo asociado industrial en los 30s y 40s.

El régimen nacionalista del Kuomintang asumió al cooperativismo como instrumento útil para combatir al comunismo y muchas cooperativas dejaron de ser participativas para servir a los intereses políticos o a los privados de determinados empresarios. Con el triunfo de Mao Tsé-tung y la fundación de la República Popular de China en 1949 el gobierno comunista adopta distintas políticas hacia estas organizaciones, se ratifica la libertad de asociación pero sólo a aquellas que no amenacen la seguridad estatal, prohibiéndose las organizaciones creadas y respaldadas por el previo gobierno nacionalista. Finalmente las organizaciones del tercer sector fueron absorbidas por el sistema político y los sindicatos se volvieron pro-gubernamentales.

En el sector rural la Unión de Campesinos se volvió irrelevante después de una reforma agraria que dio lugar a un sistema de comunas que intentó integrar la industria pesada con la agricultura (1958). En un país con el 11% de la tierra cultivable, se distribuyeron 47 millones de hectáreas entre 300 millones de campesinos. Según Jorge Coque, profesor de la Universidad de Oviedo, cuatro fueron las fases en el impulso a ese sistema: 1.- Creación de pequeñas asociaciones temporales de ayuda mutua entre familias pobres: trabajo colectivo y propiedad privada de la tierra; 2.- Unificación de la tierra en grupos de 30-40 familias con una superficie media de 32 hectáreas: trabajo colectivo, reparto de excedentes proporcional a las aportaciones de activos, y conservación de la propiedad privada; 3.-  Cooperativismo integral formado por unidades de 100 a 2.000 familias con propiedad colectiva de la tierra y medios de producción con pago a los campesinos de los activos aportados a las cooperativas; distribución de excedentes según el aporte de trabajo; asignación y mantenimiento de una pequeña propiedad privada para el consumo familiar; y 4.-  Integración de treinta cooperativas por comuna en promedio, para conectar la producción agraria con la industrial, tecnificar el campo y mejorar las condiciones de vida.

En los 70s, más de 800 millones de personas, el 98% de los habitantes rurales, se había organizado en 52.000 comunas divididas en seis millones de equipos de trabajo. Desde 1978, con la política de la desreglamentación gubernamental o “economía de puertas abiertas” en paralelo con la planificación centralizada, se inicia la desintegración del sistema de comunas y se crea un ambiente relativamente favorable para las cooperativas.

Sobre este proceso acota Coque: “El sistema de comunas se desmanteló con el objetivo de mitigar la falta de alimentos. Las familias se convirtieron en la unidad principal de producción y la agricultura se liberalizó parcialmente. A mediados de los 80, el 80% de las familias rurales estaban asociadas a 35.000 mil cooperativas de aprovisionamiento y comercialización. A la vez, aparecieron múltiples cooperativas de artesanos, seguidas por las industriales, 17.000 unidades con 3 millones de asociados trabajadores, recogiendo una parte del legado dejado por los programas de promoción previos al régimen comunista. A mediados de los 90, los datos anteriores se habían reducido a 30.000 cooperativas de diverso tipo con 60 millones de asociados”. A finales del pasado siglo, China tenía el mayor cementerio cooperativo del mundo, superado solo en dos años, 2003 – 2005, por el gobierno venezolano actual.

Continúa Coque: “No obstante, el pragmatismo asiático y la estrategia maoísta indujeron importantes diferencias respecto a la cooperativas soviéticas. La implantación de organizaciones colectivas rurales se basó en una necesidad clara. A diferencia de otros países pobres, la reforma agraria no tenía como objetivo repartir latifundios entre la población desfavorecida, sino la distribución equitativa de tierra y alimentación en un país superpoblado. Fue más gradual y planificado, y consiguió atraer a diferentes estratos sociales. Llegó más lejos, hasta un masivo colectivismo integral estructurado en redes. En definitiva, obtuvo niveles de participación superiores, pues se basó en cierta medida en el cooperativismo tradicional con un breve barniz de los misioneros cristianos. Además, la vastedad y heterogeneidad del país dificultaron que el partido comunista controlara las comunas más alejadas del centro”.

Desde hace casi 60 años hasta el actual momento destacan en ese país sus más de 40.000 cooperativas de crédito rural con el 12 % del total de los ahorros del sector financiero; también las productoras de algodón con sus 50 millones de participantes en áreas que superan los 6 millones de hectáreas. En todo caso, valdría la pena preguntarse si ese alto número de cooperativas se corresponde con una alta calidad humana y organizacional con preceptos cooperativos; el ser impulsadas por el gobierno y no por necesidades y voluntarismo de los asociados, unido ello a la injerencia del partido comunista y al peso de los mecanismos estatales así como a la baja democracia y participación interna, hace pensar que numerosas son pseudo-cooperativas, falsas cooperativas en otras palabras.

Oscar Bastidas-Delgado

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@oscarbastidas25

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OSCAR BASTIDAS-DELGADO, INTERVENCIONISMO ESTATAL Y COOPERATIVAS RUSAS.

Antes del comunismo, Rusia, con un 75% de la población viviendo en el campo, desarrollaba relaciones colectivas tradicionales de comunas y trabajo en equipo, como el artel y el mir; también cooperativas de consumo como la de Zabaikalie en 1831, años antes que la de Rochdale en Inglaterra. El rápido desarrollo de relaciones mercantiles durante el S. XIX y el interés de diversos partidos políticos por utilizar el cooperativismo, hicieron que, a pesar de la derrota en la guerra con Japón en 1905, el cooperativismo ruso tuviese un rápido crecimiento durante la primera década del S. XX.

Según notas proporcionadas al autor por Jorge Coque, profesor de la Universidad de Oviedo, 25.000  de un total de 50.000 cooperativas  que existían antes de la Revolución prestaban servicios de consumo mientras en el resto de Europa éstas no llegaban a 20.000. Ese porcentaje se mantuvo ya iniciada la revolución porque a ésta le interesaba el cooperativismo para distribuir los alimentos producidos explotaciones campesinas individuales o kulaks.

Con el inicio de su revolución en 1917 y  la débil puesta en marcha de  su Nueva Política Económica (NPE, 1921 - 1925), Lenín inicia la instalación de los soljoses o granjas estatales y de los koljoses o granjas colectivas a partir de las expropiaciones masivas de latifundios y entrega de tierras bajo "derecho de uso" a campesinos simpatizantes de su régimen. A los koljózniki se les reconocía su trabajo proporcionalmente al esfuerzo aportado y, para autoconsumo, se les permitía explotar individualmente, parcelas de aproximadamente 4.000 m² con algunas herramientas propias y la obligación de entregar cuotas de producción al Estado.

Pero fue con Stalin que la constitución de koljoses recibió un drástico impulso de a finales de década. Él, en aras de estimular la producción agrícola de la entonces URSS, prohibió toda explotación privada y  mediante violencia y represión política obligó a los campesinos a constituirlos o incorporarse a alguno, deportando los opositores y posteriormente a intelectuales disidentes a sitios aislados que con el tiempo e irónicamente adquirieron el nombre de kulaks.

En cuanto al cooperativismo, las intervenciones frecuentes de los soviets y de los comisarios del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) provocaron que  las cooperativas perdieran  paulatinamente democracia e independencia económica, a lo que se sumaron vicios administrativos, falta de tecnología y baja formación. 

Fue así como a finales de los 20s, mientras el número de koljoses crecía, disminuía el de cooperativas a un 35% aunque seguían distribuyendo el 45% de los bienes y transportando el 67% de las mercancías del campo a la ciudad; las de crédito contaban con 7 millones de asociados y gestionaban el 50% de las inversiones estatales para el desarrollo rural. A principio de los 30s se eliminaron las cooperativas comerciales y financieras y casi todas las urbanas; para 1934, el 71% de la propiedad campesina estaba en los koljoses,

La II Guerra Mundial y la entrada en el escenario socialista de varios países de la Europa Oriental, con la URSS como referencia, afectaron la fisonomía del cooperativismo en esos países. Por una parte, la Guerra dañó numerosas cooperativas;  por otra, ellas fueron impulsadas fundamentalmente en los sectores agrarios de esos países, Bulgaria, Hungría y Checoslovaquia ordenarían sus desarrollos bajo una planificación centralizada al estilo soviético; Polonia, algo más flexible, sin un partido único, y con un historial cooperativo de reconstrucción de poblados y urbanizaciones enteras, desarrolló un cooperativismo variado y abierto.

Para finales de los 50s había en la URSS un total de 76.000 koljoses con 31 millones de personas trabajando en ellos. En esa década el Centrosoyouz, organismo cúpula de integración de las cooperativas rusas, se afilió a la Alianza Cooperativa Internacional (ACI).

No fue sino a finales de los 80s con la llamada Era Gorbachov o Perestroika, cuando el PCUS dejó de coordinar la economía y se adoptó una legislación cooperativa que permitió crear cooperativas con un mínimo de tres miembros, que pese a que sólo podían actuar como proveedores de servicios y restaurantes constituyeron la primera expresión legítima de empresas privadas. Con esa legislación se incrementaron las cooperativas por iniciativa espontánea o reconversión de PyMEs y de empresas estatales, muchas fueron fraudulentas y con fines lucrativos, otras legalizaron actividades ilegales o se constituyeron para apropiarse de bienes a privatizar de los nichos mal cubiertos por la extinta economía.

En los 90s, el irregular proceso de privatización generó un desarrollo irregular de las cooperativas  rurales disminuyendo su número; la brusca privatización de la tierra (2 a 15 hectáreas por familia) y la introducción de mecanismos de mercado con el objetivo de constituir un sistema de granjas privadas familiares, provocaron la reorganizando de los soljoses en empresas por acciones y los koljoses en cooperativas de producción con el derecho de los asociados a retirarse e iniciar explotaciones individuales, creándose pequeñas cooperativas dentro de los koljoses. Se instalaron granjas mixtas con capital extranjero y sociedades anónimas agrícolas  de “autogestión financiera” y otras de alquiler de medios de producción.

Hoy, las cooperativas tienen mala imagen, son pequeñas y pocas, se concentran en las ciudades, carecen de tecnología, y muchas violan los Principios Cooperativos. Las genuinas quedaron sujetas a impuestos elevados y medidas burocráticas heredadas de la administración soviética tales como las restricciones a la propiedad privada de la tierra y los préstamos, adquisición de materias primas y de piezas de repuesto.  

Oscar Bastidas-Delgado

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JUAN RAMÓN RALLO / DISCURSO DE RECEPCIÓN DEL PREMIO JULIÁN MARÍAS

Este discurso fue pronunciado el 11 de abril de 2012 durante el acto de recepción del Premio Julián Marías 2011 a la categoría de investigadores menores de 40 años.

Es para mí todo un honor recibir este premio Julián Marías 2011 para investigadores del ámbito de las ciencias sociales menores de 40 años. Y lo es especialmente en unos momentos tan señalados y críticos como los que actualmente estamos atravesando. No en vano, el tema en el que he focalizado la gran mayoría de mis investigaciones y merced al cual he recibido el presente premio ha sido la teoría de los ciclos económicos, inserta ésta en la tradición liberal de la Escuela Austriaca de Economía, es decir, en los descubrimientos científicos que a lo largo de siglo y medio han edificado gigantes intelectuales tales como Carl Menger, Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, Ludwig Lachmann y, en España, mi apreciado mentor el profesor Jesús Huerta de Soto.

Es difícil comprimir en tan sólo unos minutos todas las contribuciones que este riquísimo marco teórico permite aportar a la muy complicada coyuntura actual, pero sí me gustaría compartir con ustedes dos de sus conclusiones centrales.

La primera es que la actual crisis económica no es fruto ni del mercado, ni de la desregulación, ni de la especulación, ni de la codicia, ni de la desigualdad, ni de una pérdida de valores, ni del euro, ni de la sobreexplotación ecológica del planeta. No, la actual crisis tiene unas causas muy bien tasadas: el excesivo intervencionismo estatal en el sector financiero, materializado en toda una serie de privilegios hacia la banca que le han permitido durante años expandir el crédito muy por encima del ahorro realmente existente en una sociedad. La respuesta frente a esa lacra que representa la recurrencia de los ciclos de auge artificial y depresión profunda que abaten al capitalismo desde hace décadas no pasa ni por intervenir ni por regular todavía más el mundo financiero, sino por someter a la banca a la competencia del mercado despojada de todos los privilegios que suponen la existencia de los bancos centrales monopolísticos, el dinero fiduciario inconvertible y los rescates estatales indiscriminados. No más Estado y menos mercado sino al revés: más libertad, más competencia y menos privilegios; en suma, más mercado y menos Estado.

La segunda reflexión que me gustaría transmitirles es que la solución a la crisis actual no pasa ni por impulsar el consumo, ni por estimular el gasto público, ni por subir los impuestos, ni por incentivar un mayor volumen de endeudamiento basado en tipos de interés artificialmente bajos, ni por abandonar el euro para poder devaluar nuestra divisa a placer, ni por crear ineficientes industrias y bancos públicos, ni por mantenerlas rigideces regulatorias de los mercados que bloquean la movilidad de los factores productivos. Al contrario, lo que necesitamos es un volumen muchísimo mayor de ahorro privado y público que, primero, les facilite a familias, empresas y bancos reducir su asfixiante endeudamiento y sanear su situación financiera; y, segundo, les permita a los empresarios más perspicaces de nuestro país ejecutar las oportunidades de inversión que vayan descubriendo en unos mercados mucho más libres que los actuales y que tomen la forma de nuevas industrias que sí generen realmente riqueza y que remplacen a ese cementerio de elefantes que era y sigue siendo el ladrillo. Lejos de posponer indefinidamente los ajustes y la austeridad que necesitamos con urgencia desde hace años, tal como han hecho hasta el momento los gobiernos de todo signo político, debemos acelerarlos y profundizar en ellos sin vacilación. Como en el caso anterior, la solución a la crisis no pasa por más desnortado intervencionismo de corte keynesiano, sino por más mercado y muchísimo menos Estado.

Desafortunadamente, estas dos contribuciones centrales de la ciencia económica al análisis de las crisis financieras suponen toda una afrenta contra el pensamiento estatista que ha colonizado a las sociedades y a la clase política occidental en el último siglo, tan renuentes ambas a dejar de gastar el dinero del prójimo y de teledirigir sus libertades. Por ello, lo más previsible es que no sólo no sean escuchadas, sino que incluso se termine avanzando en la dirección opuesta a las mismas, por mucho que esa obcecación anticientífica sólo nos conduzca, a corto plazo, a alargar innecesaria y dolorosamente la actual crisis y, a largo plazo, a seguir padeciendo los ciclos económicos maniacodepresivos que tantas penalidades y empobrecimiento generalizados provocan.

A los economistas, en medio de esta adversa coyuntura, sólo nos queda la amarga tarea de seguir repitiendo estas verdades básicas aun cuando casi nadie quiera escucharlas y aun cuando, de hecho, se nos critique por no aportar soluciones válidas contra los problemas que afectan al ciudadano. Al final, sin embargo, por la fuerza de la virtud o por la virtud de la fuerza, no cabrá otra alternativa que, cual gravitacional ley, darles la consideración que se merecen… a pesar de la frontal oposición de cuantos se niegan a abandonar el mundo del despilfarro redistributivo, el crédito barato, el Estado niñera, las redes clientelares y los privilegios regulatorios. Muchas gracias a todos.

http://juanramonrallo.com/2012/04/11/discurso-de-recepcion-del-premio-julian-marias-2011/

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