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jueves, 2 de diciembre de 2010

EL PROTOCOLO PRO-DICTADORES DE UNASUR. ADOLFO R. TAYLHARDAT

Los Estados miembros de UNASUR aprobaron el viernes pasado un “Protocolo emocrático” con el propósito de impedir golpes de Estado en América del Sur y, por extensión, en el resto de América Latina. Digo esto último porque aunque ese documento sólo obliga a los doce integrantes de UNASUR, no puede descartarse que se pretenda aplicarlo a cualquier situación fuera del ámbito de esa organización que, sin ser golpe de estado, algún gobernante de UNASUR califique como tal.
La elaboración de ese documento fue impulsada por el presidente ecuatoriano quien hasta el viernes pasado ejercía la presidencia pro-témpore de UNASUR y evidentemente se trata es una reacción casuística a lo ocurrido en Ecuador el pasado 30 de septiembre.

Para el momento de escribir este artículo no ha sido hecho público el texto oficial del “Protocolo”, Ni siquiera aparece en la página web de UNASUR. Sin embargo, según las informaciones de prensa, el documento contempla “sanciones a golpistas” que incluyen la suspensión del derecho a participar en las reuniones de esa organización y la privación del “goce de los derechos y beneficios” que otorga el Tratado Constitutivo. Igualmente contempla el cierre parcial o total de las fronteras terrestres, la suspensión y limitación del comercio, del tráfico aéreo y marítimo, de las comunicaciones y de la provisión de energía, de servicios y de suministros.

Inicialmente se había dicho que este documento se denominaría “Acta Democrática” pero después lo bautizaron con el nombre de “Protocolo Democrático”. Seguramente no convenía llamarlo Acta porque tradicionalmente las “Actas Democráticas” tienen por objeto obligar a los gobiernos a respetar y defender la institucionalidad democrática. Ejemplo de ello son el Protocolo de Ushuaia (Mercosur) y el Acta Presidencial de Lima – Democracia, Desarrollo y Cohesión-” (Comunidad Andina).

El documento concluido en Georgetown no está orientado a preservar la democracia sino a proteger a los gobernantes sin distinguir entre gobernantes legítimos y gobernantes ilegítimos o que han perdido legitimidad. Es, por lo tanto, un instrumento sesgado, amañado y oblicuo. Sus beneficiarios no son, como debería ser, los pueblos de los países miembros de UNASUR, sino sus gobernantes. No contempla la defensa de los gobernados frente a los abusos y violaciones cada vez más frecuentes del orden constitucional por parte de presidentes que, habiendo sido elegidos democráticamente, en el transcurso de sus mandatos se han convertido en dictadores.
Tampoco contempla medidas para castigar los autogolpes, tan graves y repudiables como los golpes de Estado tradicionales. El gobernante que valiéndose del poder que detenta instrumente un autogolpe, subyuga a los demás poderes públicos, desconoce resultados electorales y se burla de la voluntad de su pueblo para perpetuarse en el poder debería ser también objeto de sanciones severas, drásticas y efectivas.

Tampoco contempla el Protocolo de Georgetown medidas destinadas a proteger a los gobernados contra los atropellos y violaciones de los derechos humanos por parte de sus gobernantes.
El Presidente de Guyana Bharrat Jagdeo parece estar consciente de las limitaciones del Protocolo y de la necesidad de que ese instrumento sirva efectivamente para defender las democracias en la región cuando, al asumir la presidencia pro-tempore de UNASUR dijo: “Debemos ser incondicionales en la aplicación del Protocolo, independientemente de las ideologías de los países que tienen sus democracias amenazada”

Finalmente, queda en el aire una interrogante, ¿Cuál es la naturaleza jurídica de ese instrumento? ¿Es propiamente un protocolo que debe ser ratificado para que tenga carácter obligante, o es una simple declaración cuya fuerza es meramente moral? En todo caso, ¿qué valor tiene un documento adoptado en el seno de una organización que todavía no existe porque su Tratado Constitutivo no ha entrado todavía en vigor?

www.adolfotaylhardat.net/indexbis
adolfotaylhardat@gmail.com
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viernes, 30 de mayo de 2008

*LEDEZMA VA SEGURO



ANTONIO LEDEZMA SE DEFINE A SI MISMO

PERFIL HUMANO:

Mi preocupación permanente ha sido por el cuido, belleza y salvación de los espacios públicos, la ciudad y el entorno: " Una ciudad se construye, existe, se realiza y vive sobre dos espacios: unos físico, material, tangible-la gente, sus calles, parques áreas publicas, edificaciones, en una palabra el paisaje que nos llega elemental através de los sentidos, naturaleza y concreto conviviendo y compitiendo cada metro y cada segundo de la vida urbana.

El otro espacio inmaterial pero no menos tangible es el ESPIRITU DE LA CIUDAD, su historia, sus valores determinantes, la forma particular de sentir y enfrentar el reto de vivir cotidiano, las pasiones, afectos y desafectos, temores, expectativas, que ella provoca en quien la habita o la visita, las maneras sensibles como nos lleva a instalarnos en su mundo y como la ciudad se instala en el nuestro. Suerte de dar y recibir irrepetible como la huella digital que deja grabada en nuestro animo, como imagen que se siente invocada y evocada cada vez que decimos su nombre."

ACERCA DE MÍ:

PERFIL DE SERVIDOR PUBLICO:

Como funcionario público fui Gobernador en tiempos de dificultades, experiencia que me valió para convertirme por voluntad popular en el Alcalde Capitalino, desde cuya magistratura realize una obra que tambien dejó una impronta positiva en la memoria de los ciudadanos caraqueños. Antes había actuado como legislador en el estado que me vio nacer, pasantia que me hizo madurar tempranamente para que pudiera escalar al parlamento nacional, en cuyas cámaras me empine, primero como diputado y luego como senador, llegando a ocupar la vicepresidencia de ese foro parlamentario.

PERFIL POLÍTICO:

Mi ejercicio político se ha dirijido a gestionar los conflictos sociales, crear coherencia social, fortalecer el disfrute de los derechos políticos, garantizar la inclusión social y juridica de todos los ciudadanos, exigir la pulcritud en el manejo de los dineros públicos y ofertar garantias para la libertad de expresión y otros derechos como asociación, reunión y libre tránsito.

Mi formación política se inicia en 1968, como lider estudiantil en el liceo Juan German Rocio en mi ciudad natal. En esos tiempos me consagre como un activista en el semillero en la juventud de Accion Democrática (AD), partido fundado por Rómulo Betancourt.

En ese organización llegue a ocupar altas posiciones de conducción, primero como integrante de la dirección nacional de la juventud y luego sobre saliendo como unos de los miembros mas lozanos de la máxima dirección política de Accion Democratica.

Actualmente soy el Presidente de Alianza al Bravo Pueblo (ABP), organización política que nace en el año 2000, es un movimiento inspirado en el pensamiento social demócrata, consustanciado con las acciones que se adelantan en el seno de la sociedad venezolana para promover cambios en la cultura política nacional y profundizar la democracia en Venezuela.

A mi parecer la dirección política a seguir en la actualidad debe guiarse hacia la reconstrucción, transformación y modernización nacional, atendiendo cuatro áreas básica: El fortalecimiento democratico, la Cultura y la educación, la transparencia en la gestión pública, el control ciudadano sobre la misma, el desarrollo humano y el crecimiento sostenible en la economía-país.

Mi principal lucha es restituir el Estado de Derecho y el Marco Institucional, actualmente difusos en Venezuela, a fin de garantizar un ambiente propicio para la convivencia ciudadana.