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| RUBEN ACEVEDO CARMONA |
Los
colombianos ya perdimos la cuenta de los sapos que nos hemos tragado, sin
derecho a regurgitar, en estos dos largos años de negociaciones de paz.
También
tragamos muchos en la negociación del Estado con los grupos paramilitares, es
cierto, pero dicho proceso tuvo una entrada engullible, su manifestación de
cesar en sus acciones armadas, entregar las armas, desmovilizarse y a
concentrarse en un lugar mientras se realizaban las conversaciones.
Fue
una paz imperfecta porque individuos culpables de crímenes atroces en vez de
pagar 40 o 50 años en prisión, recibieron una pena de 8 años. No han declarado
todas las verdades, un porcentaje cercano a un diez por ciento se ha reciclado
en las bandas criminales, la Fiscalía ha sido extremadamente lenta y los jueces
han proferido pocas sentencias y, la reparación material y la devolución de
tierras no se ha dado en la medida esperada.
Sin
embargo, vista en perspectiva, esa paz imperfecta significó el fin del
paramilitarismo, el retorno del monopolio de las armas al Estado, el cese de la
persecución a los dirigentes de izquierda y de movimientos populares, de los
magnicidios y de las masacres de civiles por motivos políticos. También tuvo su
incidencia en el destape de los nexos que tales grupos establecieron con
dirigentes políticos, gobernantes, congresistas, empresarios y miembros de la
Fuerza Pública.
Si
bien no todas las denuncias concluyeron en cárcel para los acusados y todavía
hay investigaciones en curso, no menos cierto es que muchos de los procesados
están pagando penas privativas de la libertad y que la infiltración del
paramilitarismo en todos los organismos de poder y en las instituciones
públicas se revirtió casi en su totalidad.
De
manera que hemos consumido sapos y seríamos capaces de seguir la asquerosa
dieta en aras de la paz. Pero, a los críticos de aquel proceso les pareció una
afrenta a la moral y a la justicia lo que se consagró en la Ley de Justicia y
Paz con la que fue refrendado. Fueron implacables, injuriosos y mordaces.
Decían que había sido una “negociación de yo con yo” queriendo asimilar el
gobierno con esos grupos.
En
el proceso de negociaciones que tiene lugar hoy entre el gobierno Santos y las
FARC, la mesa de los colombianos se ha visto poblada con gran cantidad de
sapos, culebras y sabandijas. A diferencia del anterior, aquí los aperitivos y
la entrada tuvieron sabor amargo pues no hubo cese unilateral de hostilidades
ni una declaración sobre el desuso de la vía armada y la voluntad de
desmovilizarse. No hubo concentración de las guerrillas mientras se conversara.
La mesa está en funciones hace no ya meses sino años y va para largo, aunque se
ha dicho que “nunca habíamos avanzado tanto con la guerrilla”.
Lo
duro y difícil tiene que ver precisamente con aquellos asuntos que, aunque de
manera imperfecta, fueron resueltos con los paramilitares aplicando la
“Justicia Transicional”. Cabe decir, ¿qué hacer con los responsables de
crímenes horrendos: masacres de civiles, reclutamiento de menores, violencia de
género, narcotráfico, destrucción de pueblos, secuestro de miles de civiles,
asesinatos fuera de combate, etc.? Las FARC han dicho que no quieren saber nada
de “Justicia Transicional ni de cárcel ni de entrega de armas”.
Lo
que se decida a este respecto es determinante sobre la cuestión de la
participación de los jefes guerrilleros, responsables de esos delitos, en la
política.
Lo
que resulta bien curioso es que quienes se escandalizaron con la impunidad y la
imperfección de la negociación con los grupos de autodefensa, ahora se olvidan
de su rigor y apego estricto a la ley al plantear que debemos hacernos los
ciegos ante a la perentoria obligación del Estado colombiano de respetar la Constitución
Política y los compromisos internacionales.
En
sus escritos y declaraciones, intelectuales fieles a la causa de la paz
habanera, unas belicosas pacifistas, el Presidente, congresistas enmermelados y
el Fiscal que habla como presidente, tiran por la borda todo lo relativo a los
derechos humanos y al derecho internacional humanitario, llaman a buscar una
salida nacional y a pisotear los tratados internacionales al sostener que no
debe haber cárcel, que los jefes de las guerrillas podrán hacer política como
si no hubieran cometido delitos de lesa humanidad, que se debe redefinir el
delito político para que quepa en él el secuestro, el narcotráfico, la
violencia de género, el reclutamiento de menores y un largo etcétera.
Vistas
las cosas en perspectiva comparada, la negociación de Santafé de Ralito no es
ni la sombra de lo que nos quieren embutir a la fuerza como si fuéramos patos a
los que sobrealimentan para acrecentarles el hígado. Si tan solo aceptaran los
términos de aquella negociación, si se mantuvieran firmes en sus postulados
éticos y en su verticalidad jurídica, si tan solo fuesen coherentes, a lo mejor
habría lugar para discutir una posición consensuada sobre lo que se discute en
La Habana.
Pero
no, en vez de ofrecer algo más que llamados a apoyar incondicionalmente la
entrega de la bandera moral a los criminales, insultan, vituperan, injurian y
ofenden. Yo me pregunto, ¿por qué tanto odio y tanta furia con quienes hacemos
la crítica desde la institucionalidad y, tanta blandura, cortejo y obsecuencia
con los criminales? y se me ocurre una respuesta: ellos creen que la extrema
izquierda (las guerrillas) es más limpia, más honrada, de mejor familia y
moralmente superior que la extrema derecha (paramilitares). Se les olvida que
la vendada Astrea no distingue los crímenes de unos y otros.
Ruben
Dario Acevedo Carmona
rdaceved@unal.edu.co
@darioacevedoc
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