Una de las razones que ha aducido el gobierno
venezolano para justificar el cierre de la frontera con Colombia es eliminar la
desviación masiva de productos venezolanos hacia el vecino país, lo cual genera
escasez y desabastecimiento en los mercados locales y presiones alcista de los
precios internos. De allí que sea válido que nos preguntemos si esa acción
realmente va a eliminar el llamado contrabando de extracción de lo que aquí se
produce hacia Colombia, o no. Realmente, no lo creo.
Lo que siempre se ha producido en esa
frontera, particularmente en el Táchira, es un proceso de arbitraje, según el
cual los habitantes de ambos lados de la zona se preguntan dónde conviene más
adquirir los productos requeridos para satisfacer sus necesidades, y la
respuesta es simple: donde tengan menor precio. Dado que en nuestro país el
gobierno insiste en regalar la gasolina, en otorgar subsidios
desproporcionados, o en imponer precios que ni siquiera cubren los costos de
producción y distribución de múltiples productos de consumo masivo, los precios
de venta de muchos de esos artículos son artificialmente bajos y muy inferiores
a los existentes al otro lado de la frontera, haciendo que aquel planteamiento
de arbitraje sea obvio: comprar los productos en Venezuela para satisfacer las
necesidades de los consumidores, o para revenderlos a un precio mucho mayor en
el lado colombiano.
Eso no siempre fue así. Hace ya varios años,
cuando el bolívar era una moneda fuerte y sobrevaluada, había libertad
cambiaria y se mantuvo un tipo de cambio fijo por varias décadas, resultaba muy atractivo pasar a Cúcuta para
comprar alimentos, ropa, calzado y otros productos, pues allí eran más baratos
que en Venezuela. Recuerdo vívidamente que cuando uno viajaba desde la ciudad
fronteriza de San Antonio a San Cristóbal, eran múltiples las alcabalas de la
Guardia Nacional que revisaban exhaustivamente los automóviles y transportes
de carga para determinar si llevaban
mercancía colombiana oculta, que se pretendía introducir a Venezuela sin
cumplir los debidos trámites aduanales ni pagar los aranceles respectivos.
Ahora la situación es opuesta, y cómo no lo va a ser si muchos productos de
consumo masivo tienen en Colombia precios tres y más veces mayores que en
Venezuela, para no hablar de la gasolina que aquí se regala, pero que en el
otro lado de la frontera se vende a más de un dólar el galón. Con razón no son
solo los llamados “pimpineros” los que se llevan el combustible, sino que el
mismo se envía en gandolas debidamente custodiadas para cuidar su valioso
cargamento.
También es conocido el lucrativo negocio de
extracción y ulterior importación de productos, el cual consiste en enviar
bienes y semovientes a Colombia que luego se reenvían a Venezuela en forma de
exportación, siendo éstos pagados con dólares preferenciales artificialmente
baratos, divisas cuyo precio en el mercado paralelo de frontera puede llegar a
ser hasta cien veces mayor al tipo de
cambio oficial al que se adquirieron para realizar la operación.
Recientemente, un alto vocero gubernamental
dijo que al cerrarse la frontera se había puesto un torniquete que había parado
la hemorragia de productos que se escapaban a Colombia, dando a entender que
esa era la gran solución al problema del contrabando de extracción. Nada más
alejado de la verdad. Si bien esa absurda acción oficial pudo limitar
temporalmente el envío de productos al vecino país, no lo eliminó. Por el
contrario, el negocio ha continuado, ahora con extraordinarios sobrecargos de
precios, y volverá a florecer con toda fuerza en un futuro inmediato, ya que
mientras este siga siendo tan lucrativo, los contrabandistas de siempre, de
aquí y de allá, seguirán actuando impunemente. Solo cuando se eliminen las
absurdas distorsiones cambiarias y de precios que hoy existen, y que se siguen
ensanchando, es que se podrá producir una normalización en las actividades
comerciales fronterizas.
Pedro
A Palma
palma.pa1@gmail.com
@palmapedroa
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