Nuestra
calidad de vida se deteriora cada día. La escasez de alimentos y medicinas
básicas alcanza niveles críticos y la inflación devora el ingreso familiar. El
sueldo mínimo, menos de $0,4 por día, alcanza apenas para comprar un kilo de
papas o pagar el pasaje del transporte público suburbano a Caracas, el sistema
de salud pública colapsó, la violencia está desatada. La tensión social se
expresa en saqueos de vehículos que transportan alimentos y de los mercados en
todo el país. La ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social reporta,
de enero a junio, 56 saqueos y 76 intentos. Pero solo en julio se han conocido
más de 20.
Nicolás
Maduro ha acelerado esta espiral destructiva con recientes medidas como la
“expropiación” –realmente confiscación– de instalaciones de las fundamentales
empresas Polar y Cargill, para almacenamiento y distribución de alimentos,
necesarias para abastecer Caracas y sus alrededores; y la eliminación de las
pólizas de seguro privadas en toda la administración pública, lo que causará,
según la Asociación de Clínicas Privadas, el cierre del 70% de sus afiliados.
Maduro
y su régimen son presa del monstruo fabricado por Chávez: un entramado de
bandas en conflicto por sus parcelas de poder y negocios criminales, que hoy,
ante la quiebra del país, se arrebatan lo que queda. Por eso, no pueden
adoptarse las reformas económicas y políticas indispensables para apenas
contrarrestar la debacle que padecemos. Los radicales procubanos rechazan que
sea rectificada la política de control y dominio de la actividad privada, y las
mafias que se benefician de los dólares regalados a Bs. 6,30 y revendidos a Bs.
700 en el mercado negro, defienden su tráfico.
Las
elecciones parlamentarias previstas para el 6 de diciembre podrían representar
una oportunidad decisiva para que podamos concretar la transición hacia la
democracia en paz. Por eso, y ante el monumental desplome de su apoyo popular
(más del 80% de los venezolanos quiere un cambio de régimen en paz), el
gobierno se prepara para todos los escenarios: robar la elección, con la
bendición de la Unasur y sin la incómoda presencia de las misiones electorales
calificadas de la OEA y la UE; y, de no parecerle esto posible, generar un
cuadro de violencia que lleve a la suspensión de las elecciones.
Ambos
escenarios solo podrían ejecutarse desatando una generalizada represión
popular. Para ello el país ha sido militarizado: fuerzas regulares y milicias
controlan subestaciones eléctricas, centros de salud y hasta las interminables
filas de consumidores en comercios y mercados.
Mientras
tanto, en el plano electoral avanza un fraude continuado: a miles de jóvenes se
les impidió inscribirse en el Registro Electoral, a los funcionarios se les
acosa y hace creer que su voto no será secreto, se crearon más de 400 centros
de votación en zonas de altísimo riesgo controladas por bandas armadas
oficialistas, se usan de manera obscena para proselitismo los escasos recursos
públicos, se modifican arbitrariamente los circuitos electorales, se confiscan
judicialmente directivas de partidos políticos y se inhabilita políticamente a
líderes opositores.
He
sido víctima de esta práctica, que a juicio del secretario general de la OEA,
Luis Almagro, es propia de las dictaduras. No les bastó con golpearme y
fracturarme la cara en plena sesión de la Asamblea Nacional, expulsarme del
Parlamento a la fuerza y sin respetar el constitucional antejuicio de mérito,
prohibir mi salida del país, amenazar a mi familia y ofender mi honor a través
de todos los medios de comunicación del Estado. Ahora también impiden que mis
electores me reelijan, valiéndose para ello de una mentira grotesca sobre la
supuesta omisión en mi declaración patrimonial de bonos de alimentación que
nunca recibí, para inhabilitarme políticamente basados en una arbitraria medida
administrativa de la contraloría.
Estos
actos demuestran la desesperación del régimen, que habiendo provocado el
colapso institucional, económico, social y moral de Venezuela, se sabe perdido,
porque el pueblo no ha claudicado y hoy estamos más decididos que nunca a
edificar una nación próspera, digna, justa y libre.
Los
venezolanos necesitamos y esperamos la recíproca solidaridad activa de los
pueblos y gobiernos democráticos de América Latina. Ningún gobierno democrático
puede avalar un régimen que viola sistemáticamente los derechos humanos, que
somete la sociedad a la mendicidad y que tiene demostrados vínculos con el
crimen organizado y el narcotráfico.
De
cara a las elecciones de diciembre, es indispensable que la presión
internacional haga que Maduro acate la observación internacional electoral
calificada de la OEA, que supervise el estricto seguimiento del proceso
electoral, y no solo del acto de votación.
Los
venezolanos no admitiremos, sumisamente, una nueva violación a la soberanía
popular. Por nuestro bien y el de América Latina, todos debemos hacer respetar
la voluntad y el derecho de los venezolanos a vivir en libertad.
Maria
Corina Machado
mariacorina@dm-4.com
@mariacorinaYA
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