Se equivocan de
buena o mala fe los que tildan de guerreristas a quienes planteamos
discrepancias y críticas sobre la manera como discurren las conversaciones de
paz en La Habana.
De Perogrullo es
aceptar que la inmensa mayoría de colombianos respondería positivamente la
pregunta de si queremos o no la paz. Por tanto debemos entender que el problema
no está en el deseo sino en los procedimientos, la metodología y los términos
que se han empleado para alcanzar el objetivo los cuales arrojan un amplio
margen de descontento y desconfianza.
La opinión
pública letrada y no letrada tiene, a estas alturas, suficientes elementos de
juicio para procesar mental y políticamente todo lo que ha salido a flote en
estos ya casi tres años de conversaciones.
Intentaré plasmar
en una breve síntesis el punto de vista de quienes criticamos el proceso de La
Habana, pero, asumiendo yo mismo la responsabilidad por cualquier olvido, error
o incongruencia y en el entendido que no escribo en nombre de nadie ni en
representación de alguien.
A pesar de que no
nos gustó que el gobierno hubiera iniciado este proceso sin exigir a las FARC
un cese unilateral del fuego y de las hostilidades y de que se las hubiera
igualado con el Estado, hoy en día, no obstante las dudas, el descontento y la
desconfianza, creemos que es mejor seguir negociando que romper el proceso. No
obstante, consideramos que es preciso acelerar la búsqueda de un acuerdo y
establecer un límite temporal, sin descartar que pueda llegar a ser útil una
suspensión temporal con el fin de que cada parte evalúe si se justifica seguir
conversando.
Si la guerrilla
está realmente por la paz debe concentrarse en uno o pocos sitios bajo
vigilancia internacional sin entregar las armas antes de la firma de un acuerdo
definitivo. Podría ser un paso irreversible hacia la paz.
Pensamos que la
Constitución Nacional es el límite normativo de las negociaciones. Ello quiere
decir que cualquier tema que suponga una reforma de la misma no debe estar
sobre la mesa pues eso es potestativo del constituyente primario y de las
instituciones legítimas. Quiere decir, también, que los grandes temas de la
Agenda Nacional no deben ser objeto de acuerdos con la guerrilla por cuanto son
responsabilidad de gobiernos electos y estar sometidos al debate político y a
la lucha electoral.
Debe aceptarse
que las FARC y el ELN se incorporen a la lucha política y electoral solo después
de la entrega de armas y haber asumido la reparación de sus víctimas.
Hay acuerdo en
que el modelo de justicia apropiado para resolver la situación colombiana es el
de la Justicia Transicional que consiste en juzgar y condenar a los principales
responsables de delitos de lesa humanidad y de crímenes de guerra con penas
privativas de la libertad.
Las FARC deben
entender y aceptar que un cese bilateral de hostilidades creíble y eficaz solo
es factible con verificación por parte de organismos internacionales totalmente
ajenos y neutrales.
Ningún acuerdo de
paz puede conllevar al establecimiento de zonas rurales controladas por las
guerrillas ni a cambios en el tamaño y funciones constitucionales de las
Fuerzas Militares.
No exigimos a
quienes piensan que Colombia vive una guerra civil como consecuencia de causas
objetivas, que dejen de pensar así. Esto hace parte del debate ideológico,
político y académico. Pero sí, que acepten que las FARC no pueden equiparase al
Estado en ningún aspecto, sea este moral, legal o militar, pues de aceptarse,
necesariamente los límites a los que nos hemos referido, vuelan en añicos y
todo quedaría abierto a la discusión.
Ingresar a la
vida civil y legal, bajo condiciones de óptima seguridad, con planes sociales y
de emprendimiento, con proyectos puntuales para las comunidades más sufridas y
victimizadas, algo que ya se hizo en el pasado en otros procesos que no fueron
humillantes, tener abierto el campo de la participación en política y obtener
la aprobación de la población así como el perdón de los damnificados, debe ser
suficiente atractivo para cesar hostilidades y firmar la paz.
En suma, queremos
firmar una paz, no igual, pero sí parecida a las anteriores, sin falsos
compromisos y sin falsas compensaciones.
Coda 1: Hay que
celebrar que el gobierno nacional haya dicho que sin entrega de armas y penas
privativas de la libertad para responsables de crímenes atroces, no habrá paz.
Ojalá no sean palabras al viento.
Coda 2: Lo que
hubo detrás del nuevo “cese unilateral” de las FARC no es otra cosa que un real
y vergonzoso “cese bilateral” al que, para evitar un escándalo, han llamado
“desescalamiento”. Desalentador ver que en simultánea cayeron las cabezas de
tres generales comandantes de Armada, Ejército y Aviación.
Ruben Dario Acevedo Carmona
rdaceved@unal.edu.co
@darioacevedoc
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