La inhabilitación en derecho, en general,
tiene que ver con la ausencia de capacidad para actuar u obrar en determinadas
esferas, especialmente en materia civil, política o judicial. Constitucionalmente, una inhabilitación
política restringe la ciudadanía, es decir, el ejercicio de derechos políticos,
que van desde la imposibilidad de ejercer cargos o empleos públicos o de alto
nivel, hasta la suspensión del derecho activo o pasivo del sufragio. Esta
inhabilitación política es la consecuencia de imponer una pena accesoria a una
pena principal de presidio o prisión, una vez producido un pronunciamiento
judicial de un dispositivo condenatorio a un reo.
Pero también existe la inhabilitación civil,
también declarada judicialmente, entre otras razones, por debilidad de
entendimiento o por prodigalidad. En el
primer caso, el inhabilitado es una persona que se encuentra en un estado
fronterizo entre demencia y sanidad
mental, pero con una disminución o insuficiencia de sus facultades mentales. En
el segundo caso, el inhabilitado ha sido pródigo en realizar gastos cuantiosos,
innecesarios e injustificados, sin que representen provecho alguno, mermando
una fortuna. Se disipa un abultado patrimonio y el pródigo llega incluso a
poner en riesgo la estabilidad de la familia.
Pues bien, es evidente y claro para todos los
venezolanos que razonamos, advertir dónde es que están los verdaderos
inhabilitados. Los inhabilitados en Venezuela están en quienes atienden
funciones de gobierno o sus testaferros contratistas y han cometido corrupción,
están relacionados con el narcotráfico, el tráfico de influencias, el
contrabando de extracción a través de gandolas,
containers y miradas complacientes de los custodios cancerberos de
aduanas, todos delitos principales y que, indudablemente, merecen la aplicación
de la inhabilitación política como sanción accesoria.
Los inhabilitados son quienes no son competentes para ocupar altos cargos en cualquiera de los cinco órganos del Poder Público, a nivel funcional o territorial, porque no tienen ni los méritos, ni la preparación, ni la cualidad, ni la legitimación para estar representando a la soberanía popular, que ha sido ultrajada. Los inhabilitados son quienes llegan a cargos públicos exhibiendo como única competencia gritar desaforadamente que un difunto vive o el endoso de los problemas propios al imperialismo.
Si se trata de débiles de entendimiento o
pródigos, inhabilitados sobran en el sector gubernamental. No se sabe, con sus
desafueros, si en verdad están locos o es que se hacen. Pero ante los
resultados desastrosos de su gestión, fácilmente se puede concluir que desde
hace rato atravesaron el borderline y están bien tocados, porque una persona en
sano juicio no cometería tanta fallas, equivocaciones o expresarían
públicamente semejantes incongruencias, dejándolos expuestos al mayor ridículo.
Mención aparte merecen los inhabilitados pródigos. Han malbaratado la mayor fortuna que ha ingresado en la historia republicana del país, la han dilapidado, entregado irresponsablemente en dádivas a otras naciones, han comprometido en exceso el crédito público, han endeudado a la nación hasta el riesgo de quiebra, sin casi posibilidad de rehabilitación, que han llegado a generar tal inestabilidad económica para todos los miembros de esta familia descompuesta y que nos llamamos venezolanos.
¿Qué hacer con estos inhabilitados? No cabe
duda que se requiere suspenderles, electoralmente, de manera masiva, la
continuidad de arruinar aún más el patrimonio moral, ético, económico, social y
democrático de nuestra amada y desahuciada Venezuela.
Isaac Villamizar
isaacvil@yahoo.com
@isaacabogado
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