“Infeliz del Magistrado que, autor de las calamidades o de los crímenes de su patria, se ve forzado a defenderse ante el tribunal del pueblo de las acusaciones que sus conciudadanos dirigen contra su conducta”. Simón Bolívar
Muchos
venezolanos agobiados por la crítica situación económica, social y política que
vive el país en estos últimos 16 años, en sus tertulias familiares y
ocasionales en las colas de instituciones bancarias, supermercados, comercios y
en la calle tocan indefectiblemente el tema, que tiene que ver con la dura
batalla que día a día enfrentan hombres y mujeres, para lograr su subsistencia
y la de los suyos. Ácidos comentarios cargados de imprecaciones contra quienes
culpan de su angustia y padecimientos, por la escasez de alimentos, medicinas y
tantos otros, es la panacea de sus lamentos. Unos le achacan a la ineptitud de
quienes gobiernan (¿) el país, empezando por el inquilino de Miraflores, otros
a la incompetencia de hombres y mujeres en los distintos cargos de la
administración pública. Son algunos de los obligados comentarios que se
escuchan a menudo.
Pero no hay duda,
que amén de lo anteriormente señalado, lo que más daño le ha hecho al país en
estos últimos tiempos es la CORRUPCIÓN (sí, con mayúscula), porque de ella
derivan todos los males que aquejan al cuerpo social de la nación, por cuanto
los miles de millones de bolívares mal habidos, por inescrupulosos funcionarios
al servicio del régimen y personas que se han aprovechado de la impunidad
puesta de manifiesto por los órganos competentes del estado; Fiscalía General
de la Nación, Contraloría General, etc. fueron a parar en cuentas depositadas
en bancos suizos y paraísos fiscales. La
gravedad del caso, incluso fue denunciada en el propio seno del gabinete
presidencial, por el entonces Ministro de Economía, Jorge Giordani, quien
alertó de la fuga de más de 25 mil millones de bolívares, de manera
fraudulenta, a través de los controles de divisas que se generaba en Cadivi.
Nada pasó y a casi año y medio de ese hecho, aún persiste este flagelo. En
consecuencia, nada se ha hecho para combatir este mal que desquebraja la
sociedad de una manera voraz.
Leímos en estos
días a Stephen D. Morris quien realizó un interesante estudio sobre la
corrupción en México, país al que por cierto se le califica de ser uno de los
más afectados por este síndrome que abarca toda la piel de Latinoamérica, con
casi ninguna excepción, y este autor la define como el “uso ilegítimo del poder
público para el beneficio privado”, y
subraya que “es ilegal o no ético de la actividad gubernamental como
consecuencia de consideraciones de beneficio personal o política, por lo que se
trata del “uso arbitrario del poder”.
En nuestro afán
por conocer la opinión de otros entendidos en la materia, abrimos también las
páginas del libro, cuyo autor es Guillermo Brizio, quien define la corrupción
con énfasis un poco más jurídico, al manifestar que “se designa a la corrupción
como un fenómeno social, a través del cual un funcionario público es impulsado
a actuar en contra de las leyes, normas y practicas implementados, a fin de
favorecer intereses particulares”.
La corrupción
también la define como un “comportamiento político desviado (falta de ética
política); conducta política contraria a las normas jurídicas y usurpación
privada de lo que corresponde al dominio público”. Sostiene además, que cabe
destacar “que el interés personal no es un elemento que necesariamente debe
incluirse en una definición, pues los actos de corrupción no siempre benefician
únicamente intereses particulares”.
No hay duda de
que la corrupción puede beneficiar a familiares, amigos o incluso a una
determinada organización de cualquier naturaleza, a una causa o movimiento
social, político o cultural, lo cual constituye un acto racional ilegal,
ilegítimo y no ético por parte de funcionarios públicos, en perjuicio del
interés común de la sociedad y del gobierno, y en beneficio de un interés
egoísta o solidario de quien lo promueve o lo solapa directa o indirectamente.
Como consecuencia
de este hecho doloso, que poco o nada parece importarles a quienes desangran
los dineros del estado venezolano, este ilícito favorece la consolidación de
élites y burocracias políticas y económicas; erosiona la credibilidad y
legitimidad del gobierno; reproduce una concepción patrimonialista del poder;
reduce los ingresos fiscales e impide que los escasos recursos públicos
coadyuven al desarrollo y bienestar social; permite la aprobación y operación
de leyes, programas y políticas, sin sustento o legitimidad popular, y por
último, revitaliza la cultura de la corrupción y contribuye a su proliferación.
Existe la
creencia de que la corrupción es solo la distracción de dineros del estado, o
simplemente para favorecer a terceros en negocios de cualquier índole o
naturaleza. Pero hay varios tipos de corrupción, o mejor dicho, diversas
tipologías como: La extorsión que es cuando el funcionario público,
aprovechándose de su cargo y bajo la amenaza sutil o directa, obliga al usuario
de un servicio público a entregarle también, directa o indirectamente, una
recompensa; el soborno, ocurre cuando el ciudadano o una organización, entrega
directa o indirectamente a un funcionario público, determinada cantidad de
dinero, con el propósito de que obtenga una respuesta favorable a un trámite o
solicitud, independientemente si cumplió o no con los requisitos legales
establecidos; Peculado, es la apropiación ilegal de los bienes por parte del
funcionario público que los administra; coimas, que consiste en la asociación
delictiva que realizan los funcionarios públicos con contratistas, proveedores
y arrendadores, con el propósito de obtener recursos y beneficios ilícitos, a
través de licitaciones, concursos etc. amañados o, sin realizar adjudicaciones
directas, a pesar de que así lo indique la ley o normativa correspondiente;
fraude, cuando los funcionarios públicos venden o hacen uso ilegal de bienes
del estado, que les han sido confiados para su administración; tráfico de
influencias, cuando el funcionario público utiliza su cargo o sus nexos con
funcionarios o integrantes de los poderes ejecutivo, legislativo o judicial,
para obtener un beneficio personal o familiar, o para favorecer a determinada
causa u organización. Y por último la falta de ética, que es otro tipo de
corrupción, que si bien no tiene que ver directamente con la apropiación ilegal
de recursos del estado y de usuarios, es cuando algunos funcionarios públicos,
asumen una conducta negativa que va en contra de los propósitos y metas de las
instituciones públicas. Esta falta de ética se puede observar cuando
determinado funcionario público no cumple con las normas de la institución, es
decir, cuando no es honesto, responsable y
sin vocación de servicio.
Como se puede
desprender de todo lo anteriormente señalado en párrafos anteriores, este
régimen presidido por Nicolás Maduro, incumple con estos preceptos cuyos
enunciados tienen por objeto execrar este mal que está haciendo metástasis en
el cuerpo social de toda una nación, víctima de este mal y muchos otros más,
que por primera vez en la historia sumerge en la inopia a hombres, mujeres,
ancianos y niños, cansados ya del celestinaje con el que se ha tratado este
tema.
El Libertador en
cierta ocasión se refirió a la
corrupción y expresó: “Infeliz del Magistrado que, autor de las
calamidades o de los crímenes de su patria, se ve forzado a defenderse ante el
tribunal del pueblo de las acusaciones que sus conciudadanos dirigen contra su
conducta”.
Carlos E. Aguilera A.
careduagui@yahoo.com
@_toquedediana
Miembro fundador del Colegio Nacional de Periodistas
(CNP-122)
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