“Expropiar
es robar”. Con estas palabras María Corina Machado expresó lo que millones de
venezolanos sentíamos en ese momento: A quienes les expropiaron su fundo o su
hacienda, producto del trabajo de varias generaciones. A los empresarios que
les quitaron su negocio familiar que lograron trabajando por décadas. A los
constructores que, creyendo en el país, compraron terrenos para construir casas
y que les fueron despojadas o invadidas. Y todo esto sucedió en los últimos 15
años, con el apoyo del régimen y sin que se pagara nada o se indemnizara a
nadie.
Esa
inseguridad jurídica ha convertido a Venezuela es uno de los países de más alta
peligrosidad personal, el segundo país con más homicidios en el mundo y nos
coloca junto a Irak y Zimbabwe. En el 2014 hubo 24.980 homicidios, 82 muertes
violentas por cada 100.000 habitantes. Y en materia económica, a pesar de las
grandes reservas de hidrocarburos que tenemos y de un barril de petróleo con un
precio de más de $100 en los últimos años, estamos peor. En el Índice de
Competitividad del Instituto de Desarrollo Gerencial de Suiza, Venezuela
aparece en el puesto 61 entre 61 países analizados; y en del Foro Económico
Mundial, Venezuela aparece en el número 69 entre 101 países. En el Índice de
Libertad Económica que publica Heritage Fundation y el Wall Street Journal,
Venezuela es 152 entre 157 países: y en el que publican conjuntamente los
Institutos Cato de Estados Unidos y Fraser de Canadá, Venezuela aparece como
124 entre 127 naciones.
Pero
no solo “expropiar es robar”, robar es también restringir el acceso a las
oportunidades, a estudiar la carrera deseada, a vivir en la ciudad soñada o a
un futuro cierto, casarse y fundar una familia.
Según
estudios de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) entre 1.500.000 y
2.000.000 de venezolanos que viven en el exterior, 90% salieron en los últimos
15 años, con un repunte en los últimos dos años. Son jóvenes 90% graduados
universitarios, 40% con maestrías y 12 % con doctorados, que se han ido debido
al deterioro social y económico, a la inseguridad, por la inflación, la falta
de ofertas laborales, por la incertidumbre y el desaliento en el futuro del país.
Juan-Antonio
tiene 27 años, hace 4 años se graduó de Ingeniero en Informática, habla tres
idiomas y trabaja en Cobeca, pero está tramitando sus documentos para emigrar a
Canadá porque aquí ve truncado su futuro. No hay nuevas plazas de trabajo, ni
nuevas empresas y con su salario no puede comprar una vivienda, ni un vehículo
nuevo. Esto mismo le sucede a millones de jóvenes profesionales venezolanos que
exigen mejor calidad de vida y que reprochan que este régimen les haya robado
su futuro. Al preguntarles si están dispuestos a regresar, casi por unanimidad
responden con un NO; pero dejan un margen de posibilidad “si cambian las
condiciones”.
Por
eso, nuestra lucha es por cambiar este régimen lo antes posible y expulsar a
los ladrones que nos robaron el futuro.
Juan
Marcos Colmenares
mcolmenares@gmail.com
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