En agosto 2014, los
presidentes de Venezuela y Colombia anunciaron el establecimiento de un sistema
de pagos bilaterales para facilitar el comercio, correspondiéndole a nuestro
país la determinación del tipo de cambio (bolívar-peso). Hubo señalamientos
concretos; desde la visión colombiana: “los precios de los alimentos que pasan
en contrabando los venden a un precio más bajo y por eso afectan nuestros
productores.
Los productos de la canasta básica subsidiada por el gobierno
venezolano terminan siendo vendidos en Colombia a precios irrisorios en
perjuicio del comercio local”; mientras que del lado venezolano se anunció un
“plan de choque” con la finalidad de “combatir la extracción de alimentos y
gasolina”, para lo cual se enviaron, dicen, unos 17.000 efectivos militares a
lo largo de los 2.000 kilómetros y 400 trochas de frontera binacional con
Colombia (¡43/trocha!); al tiempo de informar que “queda terminantemente
prohibido la exportación de todos los productos de la dieta básica de los
venezolanos, porque Venezuela no exporta sus alimentos, los produce para
consumirlos” NOTA: Nos permitimos una acotación: la expresión adecuada ha
debido ser “los importa para consumirlos”.
En armónica sintonía comunicacional
con el Ejecutivo, voceros gubernamentales estimaron en más de US$ 2.000
millones las pérdidas anuales por contrabando (en 2015 equivaldría a unos Bs
374.000 millones), en un escenario, que según estos voceros, le conviene al
gobierno colombiano ya que le resulta más económico mantener esa cultura que
propiciar la producción interna; calcularon de igual modo que desde Venezuela
ingresan a Colombia unos 80.000 barriles de gasolina, cuyo precio promedio
interno es de Bs 0,070/litro vs Bs 58/litro en Colombia diferencia de precios
que induce una pérdida aproximada para nuestro país cercana a los US$ 5.500
millones anuales, y un beneficio superior a los US$ 3.000 millones para los contrabandistas.
El contexto
brevemente descrito, perfila la estructuración de una “economía de frontera”
(flujo de mercancías sin pagar los derechos de aduana) de manifiesto vigor
actual ante la presencia de un cambio oficial sobrevaluado como consecuencia de
la atroz “política” de anclaje cambiario orientada a controlar la inflación
(¡!); en conjunto a un marco de controles y subsidios que fomenta el
contrabando en razón a las ventajas que
se le confiere al vecino país la existencia de un “precio subsidiado” como
resultado de estar porcentualmente conformado por “importaciones subsidiadas” a
un tipo de cambio descontextualizado (p.ej. Bs 6,30/$), que luego el Gobierno
intenta “proteger” (no con mucho éxito) con rigurosos controles de precio
(¿precio justo de venta?) que a la postre, ante su congelamiento, se ubican por
debajo de los precios libres del comercio vecino (en más de 10 veces) hecho que
impulsa la citada “economía de frontera ”y el contrabando (distinto a una
“guerra económica”) que en opinión del propio Gobierno alcanza más del 35% de
los productos importados con un “dólar subsidiado”, traídos para enfrentar el
desabastecimiento causado por una escasez de oferta doméstica que emerge ante
el manifiesto deterioro del aparato productivo nacional causado por la “guerra
importadora” contra el sector privado, que con el tiempo ha inducido un círculo
vicioso de más importaciones con obvio encogimiento y destrucción de la
capacidad de producción interna. Sirva de referencia ilustrativa, casos como el
de la harina precocida que en Cúcuta 1 kilo tiene un precio de unos 2.500 pesos
pero con sólo cruzar la frontera se puede comprar a precio regulado ¡8 kilos
con el mismo esfuerzo monetario en pesos!.
Es de resaltar que esa proporción puede variar según la zona geográfica
donde se adquiera el producto proveniente del “bachaqueo” (argot popular
zuliano que hace alusión a un producto revendido por una persona natural) tal
como p.ej. Maracaibo (Bs100), Oriente (Bs 90), San Cristóbal (Bs 70), Yaracuy
(Bs50) y Valencia (Bs 40); situación similar para muchos otros alimentos, todo lo cual muestra
dos aspectos de repercusiones distintas: un claro beneficio para el consumidor
colombiano (y el contrabandista) y una oportunidad de abastecimiento ( más
caro) para los venezolanos ante la escasez nacional; o lo que es lo mismo, el
“bachaqueo” es ahora un factor de distribución de la mercancía en incongruente
y sospechosa “ocupación funcional” de las competencias inherentes a los 22.000
Centros de Abastecimiento “atendidos” por Mercal, siendo el Gobierno quien
controla cerca del 60% de la distribución de alimentos al tiempo de estar en
capacidad de conocer al detalle todo ese proceso al haber instrumentado en 2008
el Sistema Integral de Control Agroalimentario (SICA) para supervisar lo
enviado para cada región del país, y asumiendo en 2009 la importación de
alimentos fortaleciendo ese objetivo con la promulgación (30/12/2010) de la Ley
Sobre el Delito de Contrabando, que en su Artículo 3 lo define como actos u
omisión donde se elude o intenta eludir la intervención del Estado con el
objeto de impedir el control en el tránsito de mercancías o bienes; luego
complementada en 2012 con la puesta en funcionamiento de la Guía Única de
Movilización y Control de Alimentos de uso obligatorio para el movimiento de
los alimentos en todo el territorio nacional; y más recientemente se anunció
(01/05/2015), con subyacente clientelismo electoral, la instalación de unos 1.800 Consejos
Populares de Abastecimiento y Producción, que al parecer, funcionarán en cada
establecimiento (¡!) con la finalidad de combatir la usura, la especulación, el
acaparamiento y el contrabando (¿?); y de igual modo, en nuevo ataque
mediático, la creación de una
Corporación de Transporte a efectos de centralizar la distribución de alimentos
(¿Estatización?).
Es importante
recordar, que con la integración económica entre Venezuela y Colombia (finales
de los 80) disminuyó en más de un 90% el contrabando de productos venezolanos,
como reacción a la instrumentación de políticas económicas bilaterales que
condujo a una revalorización del bolívar desde 0,50 pesos en 1983 hasta 2,43 en
1998 y 3,10 pesos por bolívar en 2003 (en 2015 apenas podemos comprar 0,024
pesos con 1 bolívar); siendo que de igual modo en 1998 exportábamos a Colombia
arroz, maíz blanco y amarillo, sorgo, algodón, papel, plátano, coco, duraznos,
entre otros rubro, hasta situar las ventas por encima de los US$ 4.500
millones.
Esta situación privilegiada, inició su reversión a partir de 2001
cuando se aprobó la Ley de Tierras como un idóneo (¡!) instrumento jurídico
para apuntalar la “revolución agroalimentaria socialista” cuyos resultados nos
ha llevado a tener que importar en el presente la mayoría de los alimentos que
consumimos (¿cómo se puede hablar de “contrabando de extracción” en el área de
alimentos?); acción que tiende a encogerse a raíz de la caída de los ingresos
petroleros (y de divisas) en más de un 60% en 2015 colocándonos en el umbral de
una crisis: ¿con qué importamos? situación que se complica ante la inexistencia
de un fondo anticiclico, a la par de los desastrosos efectos de la nefasta
política de refinación de PDVSA que se tradujo en la pérdida ante Canadá de los
espacios técnicos para procesar nuestro crudo pesado descartados para intentar,
sin éxito, la instalación de 3 refinerías en China.
No admite duda en
contrario, que mantener sobrevaluado el bolívar con respecto al US$ como una
estrategia de corto plazo para distribuir el ingreso nacional en momentos coyunturales puede dar resultados satisfactorios;
pero de malvados efectos al perdurar en el tiempo con una tasa oficial
divorciada de la realidad (p.ej. 6,30 Bs/$) que a la larga se vuelve inoperante
como consecuencia del uso indebido (público y privado) de la divisa oficial,
hecho que a su vez impide tanto la conformación de mejoras en el precio de
venta al consumidor como la posibilidad de una masiva importación en razón a la
especulación cambiaria y la corrupción que florecen por el descomunal
diferencial entre las distintas tasas de cambio (brecha cambiaria) que para
2015 se sitúa en más de 4.000% (Cencoex vs paralelo); al tiempo de estimular la
economía de frontera tanto de los limitados bienes producidos internamente como
de los ¡productos importados a la tasa cambiaria oficial!, muy especialmente los alimentos.
Mención de obligante
referencia, es lo referente a la devaluación que ha caracterizado a Venezuela
que sobrepasa un acumulado del 18.000% en los últimos 15 años ( vs un 1.625% en
los 35 años precedentes), aunado al Sistema Marginal de Divisas (Simadi)
efectivamente “marginal” que apenas participa en un 1% del total adjudicado de
divisas, pero que al propio tiempo cumple el malvado papel de establecer la
“cotización piso” del dólar en el mercado paralelo (entre un 20-30% por encima)
induciendo una “devaluación encubierta progresiva” que igualmente dinamiza la
economía de frontera con Colombia, muy especialmente en materia de alimentos al
“abaratar las exportaciones” bajo la perturbador figura de un ¡contrabando de
transporte de productos subsidiados!.
En fin, mientras no
se corrijan las distorsiones cambiarias y se impulse una flexibilización de los
controles de precios y cambio, la economía de frontera será una realidad
permanente y creciente fundamentalmente en materia de alimentos, medicinas y
gasolina en razón a la amplia diferencia de precios que existe entre los
regulados nuestros (congelados) y el libre colombiano que obviamente “estimula”
el deseo de venderlos mucho más caro en la frontera. Concluimos con una
reflexión de cierre: Venezuela no podrá alcanzar el mandato constitucional de
una Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, hasta tanto no se desregule la
economía al tiempo de reducir el tamaño del Estado y el intervencionismo gubernamental.
Jesús Alexis González
Jagp611@gmail.com
@jesusalexis2020
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