En el año 2013 fueron
embargados tres buques de PDV MARINA, como consecuencia de la demanda por
incumplimiento de pagos de servicio de fletamento, incoada por la sociedad
mercantil CH Offshore Ltd (CHO) el 14 de agosto de dicho año ante la Corte
Suprema del Reino Unido.
En esa ocasión, en
Curazao fueron retenidos los barcos Terepaima y Guanoco, y en Suráfrica el Río Caroní.
La petrolera nacional
adeudaba 45,524 millones de dólares y la cuantía de la demanda fue de 70
millones, monto que luego de intensas negociaciones se depositó como
garantía para el rescate de las
embarcaciones.
Los hechos referidos
no fueron investigados por la Asamblea Nacional, ni por ninguna otra de las
instituciones encargadas de controlar el manejo de los recursos públicos. Esto
a pesar de que las medidas judiciales ocasionaron erogaciones mayores a lo
adeudado inicialmente y lesionaron severamente la solvencia internacional de
Petróleos de Venezuela.
Cuando el embargo de
los buques ocurrió, todavía estábamos en tiempos de bonanza y de altos precios
petroleros. En ese entonces existían recursos suficientes para pagar por la
irresponsabilidad, la piratería y la desidia burocrática, lo que le permitía al
gobierno pasar por debajo de la mesa los actos irresponsables de sus
funcionarios. Por tanto, las retenciones del Terepaima, el Guanoco y el Río
Caroní no fueron noticia importante. El gobierno, como todo rico maula, forzado
a pagar pagó y la situación no llegó a mayores.
Dos años después de
aquel acontecimiento, al régimen y a su disminuida PDVSA se les presenta
una situación bastante más delicada. Se trata de las decisiones arbitrales del Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias (CIADI).
En esos tribunales se
procesan más de veinte demandas
millonarias por las expropiaciones a las transnacionales de minería y
petróleo decretadas por el Presidente Chávez. Estas expropiaciones se
cumplieron en función de la radicalización del modelo socialista, por lo que el
procedimiento empleado correspondió al criterio de no compensar, o de resarcir
lo menos posible a las compañías
afectadas. Y en ese orden de ideas, en enero de 2012 la Cancillería
anuncia su separación de la CIADI, argumentando que la adscripción a ese
organismo ocurrida en 1993 formó parte de un plan de desmantelamiento de la
soberanía orquestado por sectores
económicos transnacionales. A pesar de ello, el retiro de Venezuela del
organismo arbitral no le exime de enfrentar las demandas introducidas con
anterioridad a esa decisión. Por lo tanto el gobierno de Maduro debe pagar lo que establezcan cada una de las
sentencias pendientes.
De hecho, las primeras decisiones obligan al Estado a
cancelar en términos perentorios 46,4 millones de dólares a la norteamericana
Tidewater por la confiscación de 11
buques; 455 millones a la Owens Illinois por las dos plantas de producción de
envases de vidrio que la multinacional tenía en Los Guayos y en Valera; 1600
millones a la Exxon Móbil por la liquidación de sus contratos en la Faja del
Orinoco; y a la minera Gold Reserve 740.3 millones por la eliminación de
sus dos grandes proyectos auríferos en
el Estado Bolívar.
A estas sentencias ya
decididas, vendrán a sumarse otras en CIADI y en diferentes instancias
judiciales internacionales. Algunas de esas reclamaciones con sus respectivos
montos en dólares son: Crystallex International Corporation, 3.417,85 millones;
Highbury International AVV y Ramstein Trading Inc, 633,26 millones; Conoco
Phillips 50.000 millones; PDV Sweeeny, Inc y PDV Texas, Inc 548 millones; Opic
Karimum Corporation, 325 millones; The Simco Consortium, Wood Group
Engineering, 624 millones y 163,34 millones; Helmerich & International,
Drilling Co. y Helmerich & Paine de Venezuela C.A, 32 millones; Rusoro,
3.030 millones; Tenaris, 28 millones. Por su parte Gambrinus; Nova Scotia;
Venoklim Holding; Saint Gobain; Universal; y Wilpro plantean nuevos juicios por
cantidades que no conocemos.
Las nuevas
obligaciones derivadas de los juicios a los que nos hemos referido, surgen en
tiempos de una creciente escasez de divisas, y de la necesidad de afrontar el
pago del servicio total de la deuda externa estimado para este año en 12 mil
millones de dólares. Las sentencias dictadas hasta ahora, obligan al Estado a
pagar prontamente más de 2.800 millones
de dólares y si consideramos el gigantesco monto de los otros juicios en curso,
es de temer que a pesar de la habilidad y competencia de los bufetes
contratados para defender al Estado, serán multimillonarias las erogaciones que
el Ejecutivo tendrá que cumplir para
evitar el embargo de sus activos, cuentas y bienes en el exterior.
Por cierto, un vocero de la Owens Illinois declaró a los medios internacionales en marzo pasado: “Si Venezuela no cumple sus obligaciones, trataremos de ejecutar el laudo contra sus activos en todo el mundo”.
Julio Cesar Moreno Leon
juliocesarmorenoleon6@gmail.com
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