Los miles de millones de dólares que
encendieron el alerta internacional por presunta corrupción en la estatal
Petróleos de Venezuela (PDVSA), no eran lo único que se lavaba en la Banca
Privada de Andorra (BPA). Funcionarios vinculados a otros ministerios e
instituciones del Estado venezolano desfilaron por las oficinas que instaló el
banco andorrano en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT) en el este de
Caracas. Utilizaron esa entidad y su filial en Panamá para legitimar grandes
cantidades de dinero producto de operaciones sospechosas, según revelan
documentos oficiales de la Policía de Andorra, entre 2010 y 2012.
La detención del comisario Norman Danilo
Puerta Valera, exjefe de la División Contra Drogas de la policía científica de
Venezuela (CICPC, entre 2004 y 2007) fue el escándalo que develó la estrecha
relación entre Venezuela y la BPA. Lo aprehendieron el 7 de junio de 2010 por
“la presunta comisión del delito de blanqueo de dinero procedente del
narcotráfico”, reza el expediente enviado por la Justicia de Andorra a la Fiscalía
de Venezuela ese mismo año.
Puerta Valera tenía una cuenta en la BPA con
de 1.446.992 dólares americanos, que abrió en 2006 en una oficina instalada en
Caracas. Nunca declaró que era un funcionario policial de alta jerarquía, pues
eso lo convertía inmediatamente en una Persona Expuesta Políticamente (gente
cuyas cuentas y transacciones deben ser vigiladas con atención). El único
documento que consignó fue un carnet de membresía de la Asociación de Ganaderos
del Distrito Mauroa del estado Falcón. En un video publicado el 17 de julio de
2012 en Youtube, el expolicía relata cómo fue captado por el español Xavier
Mayol González, directivo de la BPA que abrió la oficina de Venezuela, y por
una de las representantes de la entidad en el país, la venezolana Mariela
Milagros Prieto González.
La documentación del Grupo Antiblanqueo del
Principado de Andorra tiene más de 150 folios con declaraciones de los
sospechosos y las actuaciones de fiscales y jueces desde 2007 hasta 2010.
También se incluyen las actas de los interrogatorios a Puerta, en las que
involucra a dos funcionarios de un despacho gubernamental: Tulio Antonio
Hernández Fernández y Gabriel Ignacio Gil Yánez, quienes fungían o se
presentaban como “asesores del ministro de Economía y Finanzas”, según consta
en las copias de los pasaportes diplomáticos consignados ante BPA y a los que
se tuvo acceso.
El contenido de la investigación —denominada
por las autoridades de Andorra como Operaciò Cru (Operación Crudo)— confirma en
buena parte lo expresado por la Unidad Contra el Crimen Financiero del
Departamento del fue captado por el español Xavier Mayol González, directivo de
la BPA que abrió la oficina de Venezuela, y por una de las representantes de la
entidad en el país, la venezolana Mariela Milagros Prieto González.
La documentación del Grupo Antiblanqueo del
Principado de Andorra tiene más de 150 folios con declaraciones de los
sospechosos y las actuaciones de fiscales y jueces desde 2007 hasta 2010.
También se incluyen las actas de los interrogatorios a Puerta, en las que
involucra a dos funcionarios de un despacho gubernamental: Tulio Antonio
Hernández Fernández y Gabriel Ignacio Gil Yánez, quienes fungían o se
presentaban como “asesores del ministro de Economía y Finanzas”, según consta
en las copias de los pasaportes diplomáticos consignados ante BPA y a los que
se tuvo acceso.
El contenido de la investigación —denominada
por las autoridades de Andorra como Operaciò Cru (Operación Crudo)— confirma en
buena parte lo expresado por la Unidad Contra el Crimen Financiero del
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (Fincen en siglas en inglés): la
red de lavado de dinero en la que participaban funcionarios venezolanos de alto
rango contó con la complicidad de agentes y empleados de BPA para desviar
grandes sumas de dinero y esconderlas en el paraíso fiscal. Así lo reseña el
informe preliminar del Fincen publicado el 10 de marzo de 2015.
Salvoconducto de lujo
Los pasaportes diplomáticos de Hernández
Fernández y Gil Yánez fueron emitidos el 30 de diciembre de 2004 por la
Cancillería venezolana. Para esa fecha, la cartera de Economía y Finanzas
estaba en manos de Nelson Merentes, hoy presidente del Banco Central de
Venezuela (BCV). Hernández había sido condenado por la justicia venezolana por
tráfico de heroína en el año 2000, mientras que Gil Yánez estuvo preso en 2010
por intento de robo de una aeronave.
Un funcionario de la Cancillería venezolana,
que pidió no ser identificado, contó que durante el gobierno de Hugo Chávez
(1999-2013) se hizo frecuente la emisión de pasaportes diplomáticos para
asesores de ministros. “Estas solicitudes generalmente llegaban a la
Cancillería desde Miraflores (sede del Ejecutivo), de la Secretaría de la
Presidencia. Estos documentos se aprobaban porque era una orden del Presidente de
la República, y así dice el Reglamento de Pasaportes”, indicó.
La figura de “asesor de ministro” no aparece
entre los 12 cargos o funciones que tienen derecho a recibir un pasaporte
diplomático. Sin embargo, el Reglamento de Pasaportes faculta al despacho de Relaciones Exteriores
a otorgar pasaportes diplomáticos a otras personas “cuando así lo ordene el
Presidente de la República”. Algunos
ministerios también comenzaron a solicitar pasaportes directamente a la Cancillería,
dijo el funcionario. “Pero en estos casos se consultaba con el ministro o
viceministro (de Relaciones Exteriores). Si ellos los autorizaban, se emitían”.
Alí Rodríguez Araque era el ministro de ese despacho para la fecha, mientras
que el general Arévalo Enrique Méndez ocupaba el viceministerio.
Un allegado a Hernández y Gil confirmó que
los pasaportes habían sido tramitados a través de la Secretaría de la
Presidencia, que para ese entonces estaba a cargo del coronel del ejército
Manuel Barroso.
Una fuente de la investigación en Andorra
reveló que Hernández Fernández y Gil Yánez llevaban maletas —vía valija
diplomática— llenas de dinero en efectivo que repartían en distintas cuentas en
la BPA. Sin embargo, el expediente de las autoridades andorranas asegura que
Hernández Fernández nunca viajó al principado. “Se desplaza su mujer y gerente
de la sociedad United Consulters de Venezuela. Este señor abre dos cuentas
denominadas Crown Investors y Central Togo. Las sociedades son compradas a
través de BPA Serveis, a un despacho en Panamá”, precisa uno de los documentos.
En el documento de la Unidad Antiblanqueo de
Andorra se explica que debido al elevado importe de los ingresos en efectivo
—que llegó hasta 2,5 millones de dólares—, el BPA informó a Gil Yánez y a
Hernández Fernández que no podrían continuar con estas operaciones, razón por
lo que ambos acordaron enviar el dinero a través de transferencias bancarias.
“Aún así, la escasa información que se recibe de los clientes y la opacidad con
la que trabajan, ocasiona la declaración de sospecha presentada por BPA ante
las autoridades de Andorra”, cita el informe obtenido por esta investigación.
Sin embargo, una nota del mismo documento contra Norman Puerta Valera resalta
que Gabriel Gil Yánez nunca ha formado parte de la organización de BPA “ni
directa ni indirectamente como empleados o colaboradores y, por tanto, nunca
han recibido directrices de negocio de Banca Privada de Andorra”.
José
Angel Borrego
periodistaborrego@gmail.com
@periodistaborr1
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