Hay dos aspectos de Internet que deben ser
objeto de análisis jurídicos. Uno es el uso de las herramientas que la
tecnología permite para informar, para servir de vehículo de divulgación de
acontecimientos, para lo cual las redes sociales se han convertido en
verdaderos instrumentos para el llamado ciberperiodismo ciudadano.
Lo mismo
ocurre con el uso de estas redes para fomentar, promover y proteger la libertad
de opinión, de crítica hacia los gobiernos, de juicios, de reclamaciones y
denuncias sobre la actuación de funcionarios públicos, quienes además están
obligados a rendir cuenta de su gestión,
y para lo cual el gobierno electrónico debería ser un vehículo adecuado.
El otro aspecto que debe ser preocupación de
la regulación jurídica es la llamada piratería en Internet. A este particular me quiero referir en este
artículo. En la historia reciente de la humanidad la invención y perfeccionamiento
de las tecnologías de información y comunicación han desbordado cualquier
intento de regularla para que, bajo la ética digital, no causen daños a
terceros. Simplemente se cree que si hay una innovación en Internet, es buena y
mejora nuestra calidad de vida.
No siempre es así. La humanidad sigue
desarrollando su capacidad para los descubrimientos, innovaciones de
aplicaciones y creación de sofisticadas tecnologías. Y el ser humano, curioso
por naturaleza, incursionará en ellas, creyendo que lo novedoso es bueno. Pero
Internet siempre tiene dos caras: cosas buenas y malas, beneficios y pérdidas,
lo ético y lo corrompido. Estas conductas de la sociedad digital requieren de
la regulación para que lo bondadoso, lo útil, lo beneficioso, predomine sobre
lo que perjudica, daña y prostituye.
Estamos hablando de la piratería informática,
que es un delito. Se trata del acto de realizar una copia no autorizada de un
producto físico, intelectual o digital, y compartirlo, negociarlo, venderlo,
hacer provecho de lucro con él sin pagar los derechos de explotación al autor
de la obra. Los infractores y ladrones digitales, entonces, utilizan Internet
para sus operaciones ilegales, que incluyen copias, publicidad, ofertas,
compras y distribución de software, de obras
y producciones artísticas, intelectuales y académicas. Ya es incontable en este
escenario las veces que de la red se bajan películas, canciones, libros, y
cualquier producto al cual se le pueda extraer el provecho económico o
intelectual. Se puede conseguir en Internet cualquier cosa sin pagar. Y no es
que se esté atacando ninguna libertad. Es que así como sucede en el mundo real,
en donde la libertad no es absoluta, sino que está regulada en sus dimensiones
por la ley, lo mismo ocurre en el medio informático. Como asegura Fernando
Savater, coartar la libertad de robar en Internet no es censurar, es corregir
comportamientos inadecuados. La capacidad potencial de crear, de producir en
digital, siempre debe ir acompañada de reglas legales y éticas, para impedir
que los pederastas, los delincuentes informáticos, los hackers que violan
códigos de seguridad electrónica, los transmisores de informaciones para
terroristas, los predadores de obras musicales, literarias y académicas, y los
aprovechadores gratis del diseño y de la imaginación fílmica, queden en el
submundo oscuro de la impunidad. Lo contario sería corrupción y connivencia con
el robo y el atentado a los derechos de propiedad intelectual.
La piratería informática ocasiona pérdidas
millonarias a industrias afectadas por la venta de copias, de pésima calidad,
de sus productos, sin reconocer su valor económico. Asimismo, este
comportamiento limita la creatividad, fomenta el plagio y produce serios daños
a la reputación, buen nombre e imagen de los autores originales. No nos hagamos
cómplices para que se asesine la cultura en nombre de la libertad o que las
novedades, el progreso y la mejoras, siempre necesarias y fascinantes en el
mundo virtual, sean hospedadores de los parásitos cibernéticos.
Isaac
Villamizar
isaacvil@yahoo.com
@isaacabogado
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