JESÚS ALEXIS GONZÁLEZ, POLÍTICA CAMBIARIA AL MARGEN DE UN SISTEMA ECONÓMICO .

El dogmatismo ideológico del denominado socialismo del siglo XXI (fundamento del proceso revolucionario), indisolublemente armonizado con la Tercera Internacional de 1921 (casi 100 años atrás) en lo atinente a que la revolución era el camino para obtener el poder y cuya consolidación sería solo posible mediante la colectivización y nacionalización de los medios de producción, ha generado una insatisfacción e incertidumbre en variados aspectos de la vida nacional venezolana y muy especialmente en cuanto a las posibilidades de crecimiento económico; realidad que a diario cobra más fuerza habida cuenta de haber centrado su atención (que aún mantienen) en el “rescate” del orden y la eficiencia de una democracia amenazada (sostenían) por su pésimo desenvolvimiento económico y una elevada corrupción (¡!) como un mensaje que resultó atractivo para muchos; y en razón de ello han hecho privar el mandar sobre gobernar donde la importancia mayor radica en mantener el “poder salvador” a cualquier costo (¿?); obstaculizando el desenvolvimiento de la economía al fijar unilateralmente los criterios para que el hombre actué (dogma económico) enfocados en el socialismo como sistema entendido como un tipo de organización socioeconómica basada en la propiedad colectiva de los medios de producción (¿demolición del sector privado?), incluida la aspiración de aglutinar casi todo el poder en manos de un partido único, con el implícito riesgo de un agigantamiento desproporcionado del poder central y de la burocracia oficial con altas probabilidades de arribar a un escenario más dañino: la concentración del capital.

Por tal accionar, y muchas cosas más, Venezuela se encuentra ausente de un sistema económico, es decir no cuenta con un conjunto de procesos vinculados funcionalmente mediante políticas, relaciones, reglas, procedimientos e instituciones que perfilen el funcionamiento económico del país en el marco de un ordenamiento jurídico que facilita el desarrollo de las fuerzas productivas en torno a un modelo económico cuya estructura haga viable la interacción del colectivo social (sin distingo) mediante la instrumentación de políticas públicas. Bajo estas premisas, queda claro que la existencia de un sistema económico está condicionada a una eficiente interrelación entre el régimen sociopolítico (concepción y estructuración del Estado) y las formulaciones políticas y administrativas, a la luz de una clara visión de largo plazo sobre el bienestar del pueblo (¡todos!) como respuesta a una concreta estrategia de desarrollo económico-social.

El desequilibrio macroeconómico inducido por la improvisación (¿ausencia?) de un modelo, ha sido permanentemente soslayado (no ataca las causas) a través de políticas de carácter cambiario y monetario, empleadas como “alternativa” para enfrentar uno de los fenómenos más perversos: la inflación, para lo cual se han valido de la sobrevaluación de la moneda con la diabólica finalidad de disminuir el precio de los productos importados, que al propio tiempo tiende a reducir las exportaciones no petroleras (elemento vital del crecimiento) configurándose un escenario sensible para la estabilidad económica del país al verse afectadas negativamente las unidades productivas nacionales, bajo el yugo del influjo populista de priorizar el consumo masivo sobre la inversión, al extremo de distorsionar los precios relativos hasta convertirlos en un indicador de escasez de bienes y servicios en un ambiente alarmante de desabastecimiento, que intentan paliar recurriendo a una ampliación de los controles aunado a una criminalización de los mayoristas y distribuidores supuestamente inmersos en una fantasmagórica guerra económica, cuyos elementos de batalla parecen identificarse más bien con una guerra gubernamental contra la economía.

En presencia de esta situación de vulnerabilidad, proceden a instrumentar un “nuevo” esquema cambiario que igualmente establece 3 TC sin contar con las reservas internacionales para sostenerlos, con el añadido de no haber definido acciones para flexibilizar el control de cambio en aras de favorecer las oportunidades de inversión y la repatriación de capitales (¿los de HSBC?), al igual que la restitución de la autonomía del BCV como vía para obligar a una racionalización del gasto público al controlar la emisión de dinero inorgánico; ni se mencionó en modo alguno la intención de reducir el tamaño y animo contralor del Estado. Desde nuestra óptica, un nuevo esquema cambiario como condición para procurar la estabilidad del sector interno, ha debido orientarse hacia la instrumentación de un cambio fluctuante con un solo TC gestionado entre dos bandas (techo/piso) cuya determinación (del TC) vendría por el  comportamiento del mercado de divisas que ha de ser condicionado por la participación del BCV (flotación sucia). Dentro del campo de la obviedad, este esquema tiene como debilidad para su funcionamiento (con menor intensidad que el anunciado) que actualmente (y a corto plazo) Venezuela no cuenta (ni contará) con divisas; lo que permite inferir un rápido retorno del mercado paralelo y otros males, a menos que se asuma de inmediato un ortodoxo plan de ajuste como condición para la creación de un clima de confianza donde impere la seguridad jurídica, a la luz de un régimen democrático que respete la división de poderes.

Jesús Alexis González

Jagp611@gmail.com     

@jesusalexis2020

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