Tenemos un régimen que nació asustado y vive
asustado. Su fundador, el fallecido Hugo Chávez, temía por su vida y denunció
numerosos supuestos magnicidios durante los 14 años que ejerció el poder. Su
heredero, Maduro, también se la pasa inventando atentados, como el que dijo se
estaba preparando con ocasión de su asistencia a la III Cumbre de la CELAC,
celebrada la semana pasada en Costa Rica, lo que el gobierno de ese país
desmintió categóricamente.
La Resolución 008610 del Ministerio de la
Defensa, publicada en la Gaceta Oficial del pasado 27 de enero, es otra
expresión, en este caso anticipada, del miedo que hace temblar a la autocracia
gobernante, la cual es una maqueta de
dictadura en proceso de materialización. Quienes están al frente de ella
saben que la gran tensión social originada por la inflación desbordada, aunada
a la aguda escasez y a la ya insoportable inseguridad
desatada en todo el territorio nacional,
pueden provocar en cualquier momento un estallido popular. Adelantarse a esa
posibilidad, intimidando a la gente con una represión feroz para que se inhiba
y no salga a la calle, es el propósito de esa Resolución. Al fin y al cabo, el
derecho a asustarse es libre.
La tal Resolución, titulada “Normas sobre la
actuación de la Fuerza Armada en funciones de control del orden público, la paz
social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones”,
viola dos veces el artículo 68 (y otros más) de la Constitución. Lo viola por
primera vez al autorizar el “uso de la fuerza potencialmente mortal, bien con
el arma de fuego o con otra arma potencialmente mortal” cuando los venezolanos
ejercen el derecho a la protesta con acciones de calle, contrariando así la
citada disposición constitucional que “prohíbe el uso de armas de fuego y
sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas”. Y lo viola por
segunda vez al pretender controlar el orden en reuniones y manifestaciones
públicas por la vía de una Resolución administrativa, en abierto
desconocimiento de ese mismo artículo que establece que “la ley regulará la
actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden
público”. Es decir que, por tratarse de una competencia que pertenece a la
Reserva Legal, es a la Asamblea Nacional y no al Ministerio de la Defensa ni
ningún otro ente, a quien le corresponde regular, mediante una Ley formal y de
carácter orgánico, todas las actividades vinculadas o relacionadas, entre ellas
las reuniones y manifestaciones, con el orden público.
Un régimen como el actual, que según las
encuestas tiene un 86% de rechazo y el que lo encabeza apenas tiene un 22% de
aceptación, es comprensible que se asuste y amenace con el uso de armas
mortíferas.
Pero
¿la Fuerza Armada va a permitir que sus oficiales y sus soldados salgan
a matar?.
Carlos Canache Mata
canachemata@gmail.com
@CarlosCanacheMa
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