Lamentablemente,
ha tenido múltiples oportunidades que no ha aprovechado. Estas comenzaron desde
el mismo momento en que se encargó de la
presidencia de la República, apenas falleció Hugo Chávez. Era necesario,
cumplir a cabalidad la constitución de 1999 en lo referente al procedimiento
requerido para conducir las nuevas elecciones. Su decisión de encargarse del
poder Ejecutivo, siendo vicepresidente de la República, para ser candidato, fue
a mi criterio un reto a la legalidad totalmente innecesario, como también lo
fue el ventajismo que utilizó en las elecciones. Hace poco, tuvo de nuevo la
posibilidad de recomponer las relaciones políticas de su gobierno durante la
designación de los nuevos poderes. Tampoco lo hizo. Ahora, tiene que tomar
complejas medidas económicas para enfrentar la crisis. En lugar de buscar un
amplio respaldo nacional ha preferido crear la absurda tesis de la Guerra
Económica. Nadie le cree. Sin ese respaldo será imposible reorientar la
economía nacional.
Una
de las posibilidades que más ha desperdiciado el régimen chavista ha sido
encontrarle una solución justa al grave problema de los presos y de los
exiliados políticos. Juan Martín Echeverría, en octubre del 2012, recordó, en
un trascendente artículo, como en Venezuela
los nuevos gobiernos utilizaban permanentemente la Ley de Amnistía
General o el indulto de los opositores
encarcelados o exiliados para modificar las circunstancias políticas
nacionales. Sus ejemplos fueron terminantes: Simón Bolívar, con los
comprometidos en la Cosiata; Carlos Soublette, con los alzados en la Revolución de las Reformas; Cipriano Castro,
en medio del bloqueo; Eleazar López
Contreras, a la muerte del dictador; Rafael Caldera, en su primer gobierno, con
su política de pacificación que permitió reincorporar a la normalidad cívica a quienes se habían levantado en armas y en
su segundo gobierno al sobreseer la
causa de los alzados contra la democracia el 4 de Febrero y el 27 de
Noviembre de 1992.
Me decidí a escribir sobre este tema, ante el
impacto emocional que me produjo
conversar en el exterior con mis amigos Irene y Fernando Gerbasi, quienes, con
una dignidad admirable, enfrentan un doloroso e inexplicable exilio. El proceso
judicial que se le sigue es injustificado. Acusar a Fernando de conspirador no
tiene pies ni cabeza. Esa es la verdad. Voy a resumir su historia: el 11 de febrero
de 2014, Fernando recibió una llamada de un familiar que le comentó sobre los
riesgos que podían ocurrir en la marcha que planificaba la oposición para
protestar por los estudiantes detenidos. Una conversación como esa la deben haber tenido miles de venezolanos. La
tragedia del 11 de Abril quedó grabada en la conciencia nacional. Lo curioso,
es que de una manera inexplicable la voz de ese familiar se transformó en la de
Iván Carratú y en una acusación penal por el delito de Asociación para delinquir.
Lo sorprendente, así funcionan de mal los
cuerpos de Inteligencia, fue la dura acusación que hizo Nicolás Maduro a través
de los medios de comunicación, la detención de su hija, para que dijera dónde
estaba su papá y la dura imputación del Fiscal del Ministerio Público. Es
verdad, que Fernando tuvo que “enconcharse” y abandonar el país. Su estado de
salud no le permitía enfrentar un sistema judicial y carcelario, que
lamentablemente no mantiene la imparcialidad requerida en un verdadero estado
de Derecho.
Yo nunca he dejado de creer en Venezuela y en las condiciones
humanas de nuestro pueblo. Por eso voy a hacerle una pregunta a Nicolás Maduro
y a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz: ¿Creen ustedes que se
puede cometer una injusticia de esa magnitud sólo por satisfacer intereses
políticos? Recuerden, que los presos y los exiliados políticos también son
venezolanos…
Fernando
Ochoa Antich
fochoaantich@gmail.com
@FOchoaAntich
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