MILOS ALCALAY |
Después de varias discusiones en el Congreso
de los Estados Unidos por las acusaciones de violaciones de Derechos Humanos
ocurridas en Venezuela durante las manifestaciones de Febrero de este año, el
Senado Norteamericano adoptó una resolución condenatoria proponiendo sanciones
puntuales orientadas a suprimirles la visa a aquellos responsables de esos
actos. Por supuesto que el Presidente
Maduro anunció que adoptaría medidas contra los Estados Unidos, complicando las
ya difíciles relaciones con nuestro cliente principal y
proveedor importante de productos y bienes.
Pero esta no es la única confrontación. En
estos días, los más destacados voceros
del Gobierno “Bolivariano” -comenzando con el propio Presidente de la
República- han desenterrado la “diplomacia del micrófono” para declarar una
“guerra” unilateral, contra toda persona o institución que ponga en duda la
transparencia “democrática” o el “apego del Gobierno en la protección de los
derechos humanos”. El abanico se extiende desde los más modestos funcionarios
diplomáticos como la desmedida campaña por radio, prensa y televisión contra un
discreto observador de la Embajada Norteamericana invitado a presenciar las
incidencias del juicio arbitrario contra María Corina Machado; hasta atingir a
destacadas personalidades como al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la
ONU por exhortar el cumplimiento de los compromisos del Pacto de Derechos
Políticos y Civiles; o contra la Presidenta del Fondo Monetario
Internacional, por criticar la
multiplicación de organismos regionales en América Latina dedicados a tratar los mismos temas (Alba, Petrocaribe,
Unasur, Mercosur); o contra el Parlamento Canadiense por pronunciarse en relación al tema de los
derechos humanos; o contra el Presidente del Gobierno Español; y muchos otros
casos en los que las declaraciones muestran un nerviosismo que obnubila a los
responsables diplomáticos del país a utilizar los instrumentos internacionales
de manera acertada.
En vez de tratar de demostrarle a todos estos
organismos nacionales e internacionales el deseo de cumplir con los compromisos
asumidos por la República a través de los Tratados Internacionales en materia
de Derechos Humanos y Democracia, tal como consagra la Constitución vigente; y
anunciar que de existir incumplimientos estarían dispuestos a corregir las
injusticias, cesar con las detenciones
arbitraria, liberar a los presos
políticos, cumplir con los compromisos
económicos y sociales, vemos con preocupación que la posición que se ha
adoptado es diametralmente opuesta y que
el lenguaje utilizado es el del insulto,
la amenaza, o la proliferación de declaraciones como las del Embajador Isea en
España que propone en un Informe ante el PSUV que hay que utilizar al partido
Hispano Podemos no solo para presionar al Gobierno Español por el pecado de
recibir a la esposa del dirigente opositor Leopoldo López, sino de utilizarlo
como plataforma del chavismo en Europa.
La diplomacia es un arte y una ciencia, cuya
finalidad consiste en utilizar herramientas adecuadas para evitar la
confrontación. Pero en los últimos días, hemos visto que en vez de que los actores fundamentales
de la política exterior venezolana procuren el uso de los canales diplomáticos
para el dialogo y el cumplimientos de los compromisos internacionales, ha recurrido
a radicalizar sus posiciones al utilizar un lenguaje poco adecuado para
encontrar caminos de solución, optando más bien por una “diplomacia
espectáculo” que genera conflictos contra todos y contra todo. Un mal camino
para quien pretende representar a América Latina en el Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas a partir de Enero, cuya misión es precisamente el de la
prevención de conflictos.
Milos Alcalay
milosalcalay@yahoo.com
@milosalcalay
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