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| FROILAN A. BARRIOS N. |
Debemos reconocer que si ha habido algún éxito en las políticas
laborales estatales de estos 15 años, ha sido el lograr distorsionar el mundo
del trabajo en nuestro país, para que una gran parte de la masa trabajadora por
la presión patronal estatal descarte por temor la huelga al patrono Estado
ungido por la revolución, donde sindicatos bolivarianos conforman milicias
obreras cuya función es reprimir la protesta laboral, siendo el principal deber
del trabajador la asistencia al acto oficialista y asistir a las jornadas obligatorias del trabajo “voluntario” como
bozal de arepa.
La regresión laboral determina delatar al compañero de trabajo no
afecto al “socialismo del siglo XXI” para despedirlo, no trabajar la semana
completa ya que por ley tengo estabilidad absoluta y nadie puede amenazarme, o
que el sindicalismo asuma la vocería del Estado exigiendo aumento de la
gasolina y se mantenga indiferente ante la existencia de trabajo esclavo en
nuestro país.
En otro orden de ideas celebrar que las empresas privadas con
fuentes de trabajo estables deben ser estatizadas, así luego al término de 2 o
3 años de gestión oficialista cierren por mala gerencia y corrupción,
ocasionando la pérdida del contrato colectivo y el cierre definitivo de estos
entes, o difundir la versión que las 400 muertes por sicariato sindical son
producto del hampa y no tiene como raíz el tema del desempleo y la impunidad
con apoyo gubernamental, o en medio del jolgorio de “así es que se gobierna”,
festejar que hayan sido apresados sus compañeros sindicalistas por dirigir
huelgas.
En medio de esta orgía del poder, calificar como justicia los
desmanes de las inspectorías del trabajo y del Insapsel, quienes utilizan en
muchos casos la solvencia laboral y el DLOTTT como una alcabala de los
comisarios del partido, donde se aplica la ley del embudo; para el sector
privado sanciones de todo género y cobro de comisiones, y para el sector
público la permisividad absoluta en las violaciones de derechos laborales..
Este cuadro lamentable es extensible al Poder Judicial cuyas sentencias en el área
del derecho del trabajo contienen un curso regresivo de las conquistas
sociolaborales alcanzadas desde el siglo pasado.
En esta misma dirección se observa a la Asamblea Nacional como
promotora de leyes que penan la libertad sindical con la aprobación de leyes:
Ley de Seguridad Nacional, Reforma del Código Penal, Ley de Precios Justos,
hasta la aplicación del Código Militar a civiles, donde se establecen diversas
penas de prisión de 2 a 6 años por paralizar la labor en el sector público o
privado que afecte a la población a criterios de la Fiscalía General o del
Juzgado de turno.
En resumidas palabras estas prácticas entre otras, señalan la
intención del Proyecto de Estado Comunal, de desmoralizar y prostituir las
instituciones laborales con la intervención abusiva del Estado, políticas por
cierto afectas e inspiradas en el fascismo franquista y del socialfascismo del
Duce Mussolini.
Froilan Barrios
fbarriosnieves@gmail.com
@froilanbarrios
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