JESÚS ALEXIS GONZÁLEZ |
El salario real (SR) refleja el poder de compra en bienes y
servicios que tiene el salario nominal (SN) luego de su ajuste de acuerdo al
índice de precios al consumidor (IPC), es decir una variación del precio
nominal de los artículos que conforman la canasta básica con el consecuente
efecto sobre el poder adquisitivo (aumento o disminución); es así entonces que
el SR es igual al SN deflacionado por el nivel de precios interno, el cual
crece (SR) en función a la productividad (relación entre lo producido y los
medios empleados), a la luz del desarrollo tecnológico, de las inversiones, de
una adecuada estructuración del proceso productivo que responda a un
determinado modelo económico, y gracias al avance del sistema educativo que
provoca un aumento del salario real ya que los ciudadanos perciben una
remuneración más alta porque se capacitan, favoreciendo la condición de
vida al inducir una mejora en el acceso
a bienes y servicios y por ende a una mejor calidad de vida, habida cuenta que
el SN sobrepasa la carestía o costo de vida.
De igual forma, la política salarial y los incrementos nominales
se relacionan con el comportamiento de la inflación, provocando que el aumento
sea, al menos, igual a la variación anual del IPC experimentado por la economía
en el periodo inmediato anterior, induciendo obviamente una modificación del
SR, que transfiere hacia adelante la inflación pasada (inercial).
Es claro, que la remuneración debe fijarse en armonía con el
salario real de equilibrio que emerge del mercado de trabajo en correspondencia
con las condiciones de la oferta y demanda de mano de obra, en el entendido que
si los salarios son impuestos unilateralmente por el Gobierno (por encima del
nivel de equilibrio) como una complacencia populista a una supuesta mejor distribución
de la riqueza, estos acabaran ajustándose por cantidades generando desempleo,
operando en sentido contrario al mandato constitucional sobre el acceso a los
derechos sociales y muy particularmente a la suficiencia del salario como
condición del bienestar.
A tenor de lo expuesto, el salario mínimo (SM) ha de entenderse
como la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los
servicios prestados en la jornada laboral, y deberá ser suficiente para
satisfacer con decoro las necesidades básicas de la familia en el orden
material, social y cultural; teniendo como norte no sólo la distribución de la
riqueza sino la disminución de la pobreza apuntalada por una evolución
favorable del poder adquisitivo de sus ingresos, al evitar que la inflación
afecte el nivel de precios y en consecuencia el poder de compra.
Resulta imprescindible, acotar brevemente algunas referencias
sobre los nefastos efectos de la inflación. Veamos:
(1) perdida en el poder adquisitivo del dinero, con la consecuente
carga de injusticia social sobre los estratos menos favorecidos, al igual que
en los trabajadores y jubilados quienes perciben ingresos fijos;
(2) incertidumbre sobre los pagos a futuro, propiciando que los
agentes económicos posterguen sus aspiraciones de inversión productivas para
evitar riesgos en un proceso que exige un horizonte temporal de largo plazo;
(3) desajusta el sistema de precios (vital para el funcionamiento
de la economía), dando paso a una distorsión e ineficiencia en la asignación de
recursos a los fines productivos; y
(4) eleva los costos de transacción, razón por la cual los
empresarios tienen que asumir los “costos de cambiar el menú” ante la
obligación de enfrentar la elevación de costos, desestimulando la inversión
productiva que en obviedad implícita frena el crecimiento económico y genera
desempleo, al tiempo de profundizar los desequilibrios sociales; mientras que
los consumidores han de acoplarse al “costo en suela de zapatos”, es decir
buscar alternativas inmediatas de demanda de bienes y servicios (si los
consiguen) que facilite, tanto la disminución de la tenencia de dinero en
efectivo que a diario pierde valor, como para evitar convertirlos en depósitos
bancarios con tasas pasivas de interés por debajo del IPC con el consecuente
deterioro del patrimonio familiar.
Mención especial, merece lo
referente al bienestar de las clases medias (media-media, media- baja,
media-alta). En general, y como se desprende de un informe de la CEPAL, en la
América Latina actual la movilidad social se produce muy escasamente de una
generación a otra y se ha ido extinguiendo aquella máxima que indicaba que una
generación hacia el sacrificio y la siguiente recibía los beneficios; y en
mucho la causalidad está vinculada con la pérdida del decoro del salario ante
la caída del poder de compra inducido Por el elevado IPC presente en algunos
países (como es el caso de Venezuela); situación que no sólo está dificultando
el ascenso socioeconómico camino al bienestar, sino algo mucho más grave: está
induciendo un desmembramiento del nivel de vida alcanzado con honestidad,
esfuerzo y sacrificio; lo cual equivale a señalar que no se está disminuyendo
la pobreza y la exclusión sino que adicionalmente se está acabando con la clase
media.
Jesús Alexis González
Jagp611@gmail.com
@jesusalexis2020
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