 |
| JESÚS ALEXIS GONZÁLEZ |
En función de
intentar comprender (más allá de la obviedad cuantitativa) las causas del
profundo desajuste macroeconómico que experimenta Venezuela, abordamos el
basamento ideológico que sustenta la relación Estado-familia-obreros en lo que
se refiere a las aspiraciones redistributivas de carácter igualador, que
intenta promover (1) estándares elevados de vida o (2) una igualdad en las
necesidades mínimas, con la intención soterrada de evitar que la movilidad
social (nuevas clases medias) actúe en contrario al enfoque del proceso que
adelanta la izquierda comunista.
Al propio tiempo, visualizaremos la pretensión
gubernamental por una ampliación de los derechos de los trabajadores para
participar en la gestión económica (y empresarial), en un horizonte que procura
una lucha de clases para controlar los medios y modos de producción con la
finalidad ulterior de cambiar estructuralmente las relaciones sociales, y
retornar a un Estado (totalitario) como
principal agente productor de bienes y servicios, que de igual modo asume
(contradictoriamente) la garantía de los derechos civiles, sociales y políticos
de todos los ciudadanos.
Resulta pertinente
recordar, que las políticas liberales impulsadas por el Consenso de Washington
(año 1989) se orientaban al
funcionamiento de un sistema de mercado sin regulaciones (autoregulado) en la
producción y distribución de bienes, bajo el marco de la libre competencia;
escenario que a la postre mostro una incapacidad para disminuir la desigualdad
social (pobreza y exclusión).
Tal situación, motivo la refundación del Estado
interventor para que participara activamente en la instauración de una cohesión
social, asumiendo el rol de principal (y
casi único) coordinador y facilitador de una específica matriz socioeconómica
entre la sociedad y los agentes económicos, hasta constituirse (el Estado), en
respuesta a un clamor asistencialista emanado de la sociedad, en la más
relevante estructura social que podía inducir beneficios sociales colectivos en
armonía con un obligante crecimiento económico sostenido; en un contexto donde
los sindicatos obreros, aparte de luchar por mejorar sus condiciones laborales,
también participarían para restringir la libertad empresarial.
Es evidente, que
el mercado autoregulado y el principio de la igualdad tienen entre sí postulados
incompatibles, ya que uno (el mercado) exige la no intervención del Estado
mientras que en el otro (la igualdad) se infiere que el Estado debe asumir la
caga de eliminar los obstáculos que impidan al ciudadano contar con una
seguridad social a la luz de gozar de sus derechos (civiles, sociales,
políticos y económicos); contradicción que origina una especie de economía
mixta donde coexisten un sector privado (en vías de demolición) que participa
en un mercado altamente controlado como mecanismo asignador (¿?), y un sector
público con un marcado rol intervencionista al extremo de imponer (alejado de
cualquier forma de “pacto social”) las políticas sociales y económicas hasta
configurar una relación Estado-sociedad bajo una premisa de difícil logro: “que
cada integrante de la sociedad se sienta como un miembro pleno, capaz de
participar y de disfrutar de la vida en común” (Kymlicka y Norman, 1997) al
establecer vínculos determinados entre los sectores sociales y el Estado, sin
que medie el obligante compromiso entre el capital y el trabajo a los efectos
de inducir tanto crecimiento económico y empleos dignos, como la generación de
recursos financieros para sostener la inversión social.
A tenor de lo
expuesto, puede inferirse que la perturbación económica (con implícita
desestabilización política e institucional) que en la actualidad impera en
Venezuela, es en mucho consecuencia de una errática gestión fiscal del Estado
ante el exceso de recursos (humanos y financieros) que concentra habida cuenta
de su cuantiosa e improvisada (y populista) participación directa en materias
de índole social con el consecuente efecto sobre el crecimiento del gasto
público (en dependencia exclusiva de la renta petrolera), al tiempo de
convertirse en un obstáculo para el desenvolvimiento de la economía al
desatender el impulso que debe prestar a la acumulación de capital (y su
rentabilidad) en favor de magnificar los planes sociales compensatorios
(renunciando a la debida eventualidad de algunos de ellos) propiciando una
esperanza creciente hacia el Estado (la mano extendida), hasta materializar una contradicción que
conduce a una disminución en la eficiencia funcional (y burocrática) de las
políticas públicas y a una pérdida de
legitimidad en la actuación del Gobierno, incluida la ruptura del consenso
social.
En lo referente a la intervención del Gobierno en la economía, debería
condicionarse su participación a la eficiencia (o ineficiencia) en razón a la obligación de hacer buen uso de
los recursos fiscales siempre escasos y a su costo de oportunidad (escoger
implica renunciar) so pena de apuntalar, por una parte, un déficit fiscal
continuado y por la otra, estimular en las familias el fácil sendero de delegar
en el sector público la procura de recursos para financiar la satisfacción de
ciertas necesidades (rentismo mental) que ellos mismos pudieran asumir, con la
sola condición de contar con un empleo decente. En fin, ha de estar
suficientemente claro que la supervivencia del Estado social (y benefactor)
está limitada tanto por el tipo (y condicionantes) de las prestaciones que
aspira (y puede) suministrar, como por la fase del ciclo económico en que se
encuentre el país, ya que en una etapa expansiva variados componentes de la
inversión social tienden a disminuir al ser absorbidos por el aparato
productivo; mientras que por el contrario
en una fase recesiva algunos elementos del gasto social se contraen ( o
deberían) por la elemental circunstancia de hacerse más difícil la recaudación
de ingresos para atender el crecimiento natural y los incrementos en materia de
política social.
Es justamente una situación de desequilibrio macroeconómico y
crisis recesiva, lo que debe impulsar hacia una redefinición del sector público
en su rol de operador para la satisfacción de las necesidades inherentes al
bienestar de la familia, previa revisión del esfuerzo compartido.
En
consecuente comportamiento, ha de revisarse lo relacionado con el
desplazamiento que ha sufrido el sector empresarial en su participación en la
conformación del PIB como reacción a la imposibilidad de competir con las
perversas importaciones subsidiadas, con obvio efecto sobre la desaparición de
su responsabilidad social, que en lo sucesivo lo intenta cubrir el Estado en un
papel de máximo patrón aumentando de tal forma su tamaño y por ende cambiando
su ya complicada estructura organizativa por una más pesada, lenta e
ineficiente.
En la existencia de
un Estado social de gran tamaño, que ahora aumentará sus complicaciones ante el
anuncio que el venidero 28/11 se instalará para la reactivación del tejido
empresarial el Consejo Presidencial del Gobierno Popular de la Clase Obrera
, puede
encontrarse la razón de la ausencia de materia económica fundamental al
momento de aprobarse el pasado 18/11 según Gaceta Oficial No 40.543 unas 28
leyes “vinculadas con la economía” y destinadas a “la diversificación, el
crecimiento y el desarrollo económico de la patria”, donde no se incluyeron
temas trascendentes como la sobrevaluación, un plan antiinflacionario, el
ajuste cambiario (reducción del subsidio cambiario), una flexibilización del
control de cambio, una política monetaria, la monetización del déficit fiscal
(emisión de dinero inorgánico), caída del PIB, desequilibrio de la balanza de
pagos, desabastecimiento y escasez, dependencia alimentaria, situación critica
de las reservas internacionales (especialmente las operativas), estímulo a la
inversión productiva (nacional y extranjera, pública y privada) y un largo
etcétera. Se desprende entonces, que las leyes en comento están dirigidas al
hecho fiscal (reforma tributaria y fiscal) con la finalidad de aumentar los
ingresos, cuyo monto reducirá muy poco (cerca del 2% del PIB) el actual déficit
fiscal (superior al 20% del PIB), con el agravante que no se hace mención
alguna sobre la obligante reestructuración del tamaño del Estado, con la
finalidad de elevar la eficiencia del gasto público y así poder disminuir su
monto; lo cual debe complementarse con la
devolución a la economía del uso de los factores de la producción.
Jesús Alexis González
Jagp611@gmail.com
@jesusalexis2020
EL ENVÍO A NUESTROS CORREOS AUTORIZA PUBLICACIÓN, DIARIO DE OPINIÓN, ACTUALIDAD, VENEZUELA, ACTUALIDAD INTERNACIONAL, OPINIÓN, DEMOCRACIA, LIBERAL, LIBERALISMO, REPUBLICANISMO, LIBERTARIO, POLÍTICA,ELECCIONES,UNIDAD, ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA,CONTENIDO NOTICIOSO,
No hay comentarios :
Publicar un comentario
Comentario: Firmar con su correo electrónico debajo del texto de su comentario para mantener contacto con usted. Los anónimos no serán aceptados. Serán borrados los comentarios que escondan publicidad spam. Los comentarios que no firmen autoría serán borrados.