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| DARÍO ACEVEDO CARMONA |
En entrevista concedida a CNN el
28 de septiembre de 2012, el presidente Santos manifestó que "no se les
puede pedir a las Farc que se arrodillen, se rindan y entreguen las armas. No
lo harán. Debe existir una salida, y esta salida debe permitirles participar en
la arena política".
Dos años largos después, en medio
de una grave crisis del proceso de conversaciones de La Habana, Santos retoma
su apreciación de forma más concreta al convocar a la redefinición del delito
político de tal forma que se admita la conexidad del narcotráfico y el
secuestro. Así, abre la puerta a una solución interna, propia, sin ataduras
internacionales, para que los guerrilleros incursos en delitos horrendos,
puedan participar en política.
Un cambio de esa envergadura
dejaría el derecho penal prácticamente sin objeto ya que una porción muy grande
de los delitos penales en el país están relacionados con el secuestro, la
extorsión y el narcotráfico (este último toma cuerpo en numerosos hechos de
sangre). Emocionada, la presidente del Polo Democrático Clara López, propuso
que todos los delitos penales sean vistos como conexos con el delito político.
Esa maniobra impúdica, de salir
avante, convertiría a Colombia en un país paria en materia de aplicación del
derecho internacional y de observancia de los derechos humanos. Significaría
entrar en rebeldía contra la Corte y el Estatuto Penal Internacional e
internamente, consolidaría la profunda división en la que, de hecho, estamos
sumidos como consecuencia de unas conversaciones adelantadas dentro de la mayor
confusión.
Lo que se pone de presente en
esta coyuntura, es la existencia de condicionamientos insalvables, de parte y
parte, que no fueron precisados en el temario de la agenda acordada al inicio.
Los jefes de la guerrilla han
procedido con total astucia durante el proceso. Han logrado tomar la manija
hasta el punto de sacar partido del secuestro del general Rubén Darío Alzate,
al que presentan como prisionero fruto de acción legítima de guerra. Se asumen
contraparte del conflicto.
Han sido y siguen siendo
coherentes en sus pretensiones, como cuando al comienzo del diálogo uno de sus
jefes dijo que entre sus objetivos figuraba: “acallar a las armas, pero también
y, sobre todo, refundar nuestro país, que es el cuarto más desigual del mundo…
Todos los temas son importantes y necesitan ser tratados tranquilamente y
negociados escrupulosamente. Tienen que ver con la soberanía alimentaria, la
salud, la educación, el derecho al trabajo, la seguridad social. Debemos
reinventar Colombia, que es un país muy injusto” (www.RadioSantafé.com, Bogotá,
octubre 8 de 2012)
Casi todos los nudos de la
negociación conducen, pues, al problema de la participación política, puesto
que las Farc pretenden o aspiran a hacer política de una manera que supondría
el desbarajuste de la Constitución ya que la concepción clásica del delito
político y sus conexos así como los compromisos internacionales, forman parte
del Bloque de Constitucionalidad. La iniciativa presidencial facilitaría a las
guerrillas hacer política sin entregar las armas, sin admitir culpabilidad en
crímenes de guerra y de lesa humanidad y, por tanto, sin penas privativas de la
libertad.
Que se trata del almendrón de la
negociación y de una exigencia perentoria lo podemos constatar en la respuesta
que Alberto Pinzón Sánchez, ideólogo asiduo del portal ANNCOL de las Farc, que,
como bien sabemos, es donde ella expone su línea de pensamiento, da a la
periodista Cecilia Orozco cuando le pregunta si los jefes de las Farc
aceptarían ir a la cárcel para cumplir convenios internacionales firmados por
el Estado colombiano: “Las Farc no han luchado contra la justicia internacional
sino contra el Estado… (éste) debe encontrar, en una discusión amplia con la
insurgencia, la solución política en cuanto a cómo va a funcionar la nueva
legalidad… una negociación realista debería basarse en las reformas
estructurales que demanda el país y que hay que garantizar en un texto
constitucional… tendrían que ser validadas en una constituyente”
(elespectador.com, noviembre 23 de 2014).
Los jefes guerrilleros saben que
si son condenados, aún en el Marco Jurídico de la Paz y en el modelo de
Justicia Transicional, quedan inhabilitados, de por vida, para ocupar cargos
públicos y de representación popular. El Gobierno Santos, en su estrategia
negociadora, concedió, sin haberse sentado en la mesa, que habría cambios para
facilitarlos, tal como dijo en 2012 y nos recuerda hoy de nuevo. Para despejar
dudas, releamos la tesis del Alto Comisionado de Paz que abre la puerta al
estropicio que nos proponen, dijo él que, durante el periodo de “transición de
10 años” tenemos que: “echar mano de todo tipo de medidas y mecanismos de
excepción: medidas jurídicas, recursos extraordinarios, instituciones nuevas…”
(Conferencia de Sergio Jaramillo en Universidad Externado, mayo 9 de 2013).
Por ello es que ahora, para
evitar el fracaso y sin ningún pudor, el Gobierno propone la “medida de
excepción” de redefinir el delito político y sus conexidades.
De manera que cuando Humberto de
la Calle, el mismo Presidente y el Alto Comisionado le dicen a la opinión
pública que no habrá cambios en la Constitución ni se negociará la
institucionalidad, simple y llanamente mienten.
Ruben Dario Acevedo Carmona
rdaceved@unal.edu.co
@darioacevedoc
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