Si se excluye a Haití, Venezuela es el país
con el peor desempeño económico del continente americano, a pesar de poseer una
de las mayores riquezas petroleras del mundo.
Todos los indicadores que miden
el crecimiento y el bienestar muestran un comportamiento pésimo. Es la única
nación de Latinoamérica que no crecerá en 2014, mientras que el promedio para
la región –según el Banco Mundial- es 2.9%, cifra apreciable porque el aumento
de la población es de 2.1%. Países de la
ALBA -como Bolivia, Ecuador y Nicaragua- han aumentado
significativamente su PIB per cápita, entre otras razones por las trasferencias
venezolanas.
La inflación –ya se ha convertido en un lugar común señalarlo- es
la más alta del continente y una de las más
elevadas del planeta. Varios economistas que integran la Academia de Ciencias
Económicas han advertido acerca del peligro de entrar en una espiral
hiperinflacionaria (incremento de precios de tres dígitos o más). En el rubro
de los alimentos ya podría decirse que se alcanzó ese umbral. La escasez de
productos de alta demanda, incluidas algunas medicinas, se montó en un nivel
superior a 30%, mayor al registrado después del paro petrolero. La
desindustrialización galopa debido a la fuga de empresas hacía el exterior y a
la falta de inversión nacional y foránea.
Las
luces de alerta las han encendido los mejores especialistas venezolanos,
algunos de los cuales han tenido que marcharse al extranjero. Hasta algunos
economistas y gente vinculada con el Gobierno han señalado que la situación es
preocupante y que los planes oficiales no han dado los resultados esperados.
Alí Rodríguez Araque -hombre cuya
lealtad con el proyecto revolucionario
es inquebrantable- indicó en unas declaraciones emitidas hace varios meses, que
las estatizaciones habían resultado excesivas e innecesarias. Jesús Farías,
diputado del PSUV y entusiasta promotor de la intervención estatal, también ha
declarado llamando la atención sobre la inconveniencia de seguir por el camino
de las confiscaciones. Los diagnósticos de unos y otros, aunque difieren en los
enfoques, coinciden en apuntar que la pendiente se ha inclinado demasiado.
Frente
a este cuadro, ¿cuál ha sido la respuesta del Gobierno? El Presidente de la
República se ha debatido entre introducir los ajustes que corrijan los
entuertos o mantener la misma política de cerco a la iniciativa particular,
controles y regulaciones desmedidas.
En algunas coyunturas parecía que se
inclinaría por adoptar posturas pragmáticas alineadas con las políticas de las naciones que han podido crecer
fomentando la equidad distributiva a partir del fortalecimiento del sector
privado. Chile, Perú, Brasil y Colombia representan algunos ejemplos que deben
destacarse. En ellos el auge económico y el fortalecimiento del sector privado
ha ido ligado a una distribución cada vez más equitativa entre el capital y el
trabajo asalariado y a un comportamiento del Estado que ha permitido mejorar la
salud, la educación, la seguridad social, la modernización de las
infraestructura, el acceso a la vivienda y a servicios públicos de calidad. El
bienestar social ha mejorado. Las expectativas de una vida mejor y más
prolongada son más altas. Las clases medias se han ensanchado. La sociedad se
parece más a un hexágono que a una pirámide.
El Estado se ocupa de lo que tiene que atender porque es su obligación
intransferible mientras fomenta un clima que favorece la producción y la
productividad.
El
caso que usualmente se menciona es el de Chile, que con gobiernos de centro
derecha o centro izquierda ha mantenido una estrategia coherente en la que
coexisten el Estado y la sociedad. Sin embargo, ya la nación austral no es la
excepción sino la norma. Evo Morales, Rafael Correa y Daniel Ortega, tan
cercanos al proyecto ideológico bolivariano, se han plegado al mismo esquema.
Desde hace años esos gobernantes no impulsan ninguna invasión, confiscación,
toma de empresa o violación de los derechos privados establecidos en la
Constitución y las leyes de sus respectivos países. Son regímenes que
introdujeron la reelección indefinida y tratan de eternizarse en el poder
cometiendo abusos inadmisibles en una democracia, pero son capaces de separar
el autoritarismo del fanatismo ideológico.
En Venezuela, la élite gobernante escogió el peor camino. Trata de abrocharse a Miraflores a partir de la destrucción del aparato productivo privado, para reemplazarlo por un modelo estatista en el cual el control es ejercido por un cuerpo de comisarios y burócratas desconectados de la producción y sin la experticia requerida para gerenciar una empresa de forma eficiente.
Los
resultados de esta visión dogmática, dictada por los manuales más ortodoxos de
la antigua URSS, están a la vista.
Trino Marquez Cegarra
trino.marquez@gmail.com
@trinomarquezc
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