COMO LA GUAYABERA DECISION DE LA ONU.
Los tratados internacionales en derechos
humanos tienen jerarquía constitucional
y por lo tanto están al mismo nivel que nuestra Carta Magna nunca por debajo de
ella.
Resulta contradictorio como el gobierno
nacional habiendo sido favorecido con la votación para ingresar al Consejo de
Seguridad de la Organización de Naciones Unidas pretenda limpiarse los zapatos
con la decisión del Grupo de Trabajo del
Órgano Internacional que busca la verdad en relación con los derechos violados
al ex-alcalde de Chacao Leopoldo López.
Existe un conflicto de intereses jurídicos
violando el debido proceso del juicio
del dirigente político porque la privación de libertad de manera ilegitima
demuestra que el gobierno del Señor Nicolás Maduro utiliza argumentos errados y
desproporcionados para desconocer el dictamen jurídico donde se llevó a cabo una
investigación con la participación de la vindicta pública en igualdad de condiciones aportando
argumentos y pruebas que sustentan la decisión que hoy pretenden lanzar a la
papelera.
El pronunciamiento de la juez de la causa
debe estar ajustado a derecho y por lo tanto acatar el exhorto que hiciera la
instancia internacional con la decisión del Grupo de Trabajo de la ONU.
Sería conveniente que el Presidente de la
República se asesore mejor con expertos en la política internacional y no se
deje llevar por actitudes irreverentes y caprichosas de los dirigentes
políticos del PSUV que demuestran total desconocimiento del orden jurídico
internacional. Recordemos la máxima del derecho que dice “La Ignorancia de la
ley no escusa de su cumplimiento”.
OTRA VEZ LOS COLECTIVOS.
Siempre hemos advertido lo peligroso que un
Estado permita la organización de otro Estado paralelo donde se corre el riesgo
que ese brazo armado se vuelva contra las instituciones legítimas de una
nación.
Un grupo armado es una amenaza para cualquier
país y sobre todo para aquellas instituciones que tienen el deber y la
obligación de salvaguardar la seguridad ciudadana preservando el orden político
y social del país.
No se puede justificar la existencia dentro
de un Estado de grupos armados paralelos que en algún momento puedan tomar
caminos extraviados implantando un régimen donde impere el delito y la
extorsión convirtiéndose en una verdadera amenaza para el Estado.
Venezuela está viviendo en los últimos
tiempos un proceso político atípico donde los grupos violentos llamados “Colectivos
“, para darle una connotación política están creando mucha zozobra en los
sectores de clase popular donde impera
la violencia como instrumento para convencer a los ciudadanos que deben estar a
favor de las decisiones del gobierno.
Estos grupos fueron creciendo en los barrios
al calor del apoyo del gobierno del hoy fallecido Presidente Chávez haciéndose
intocables por los favores del oficialismo y con el cuento de la defensa de la
revolución aprovechando de apertrecharse
de sofisticado armamento. Ahora cuando se pretende encarrilaros el gobierno se
encuentra con poderosas bandas con mucho dinero y armas que desafían el
cumplimiento de la ley.
El Estado está en la obligación de poner
orden y paz frente a los atropellos de estos grupos armados que dicen llamarse
“ Colectivos”, ya basta de tanta violencia en el país, es necesario detener el
derramamiento de la sangre de nuestra juventud, es obligatorio recuperar el
orden legal. Estamos frente a esa oportunidad Señores del gobierno. Dejarla
pasar sería un crimen a la nación.
Venezuela lo agradecerá.
Jose
de Jesus Viloria
drjjviloria@hotmail.com
@epicentro2012
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