La libertad de expresión y el derecho a la
información son violentados a mansalva por la autocracia que rige los destinos
del país desde 1999. Los medios de comunicación, impresos o radioeléctricos,
son víctimas de los desmanes de quienes, en ejercicio del poder, no toleran la
crítica ni la difusión de noticias sobre el fracaso administrativo y la deriva
dictatorial del régimen.
Son varias las vías que se utilizan para el
cumplimiento de ese desatino. Se aprueban normas legales represivas; un poder
judicial complaciente se presta para la persecución; funcionarios del Ejecutivo
toman decisiones arbitrarias; se cierran radios o canales de televisión
mediante el truco de negar la renovación de las licencias; se aplican grandes
multas para buscar la inviabilidad económica; se mete la mano en el tesoro
público para que testaferros amigos del gobierno, con ofertas generosas,
compren medios que luego se prodigan en
odas al PSUV y al ocupante del Palacio de Miraflores.
Cualquier atajo es bueno para que no se conozca sino lo que convenga o
favorezca a los que mandan.
Al catálogo anterior se suma ahora una nueva modalidad que, aunque indirecta, no deja de ser efectiva. Gracias al control de cambio de la moneda impuesto desde el año 2003, se retacean o niegan de plano las divisas que se requieren para importar papel (¿dónde está el dinero de las plantas que lo iban a fabricar?) y, por eso, ya los periódicos no pueden comprar el material a los proveedores privados nacionales e internacionales.
El cuento no se queda ahí. Además del
candado puesto a las divisas, el régimen ha creado un complejo editorial (lleva
el nombre del redactor de los decretos que iba a dictar el gobierno de facto si
triunfaba el golpe del 4 de febrero de 1992) adscrito a la presidencia de la
república y el cual sí tendrá divisas para importar el papel de venta a la
prensa. Ese complejo editorial oficialista tiene un predominio, casi
monopólico, como proveedor de ese esencial insumo a 99 de los poco más de cien
periódicos que hay en el país. Sobra decir que esa función la realiza con gozoso criterio de retaliación y
discriminación política. Si no que lo digan El Nacional, Tal Cual, El Nuevo
País, El Impulso y otros diarios que han tenido que reducir su paginación o se
han visto obligados a ceses temporales
de circulación. Y, según se denunció en la reunión de la SIP que se acaba de
celebrar en Chile, el control gubernamental se extiende ya a las redes
sociales.
Parafraseando a Cicerón al referirse a la
conspiración de Catilina contra la república romana, podríamos decirle al
chavismo y sus causahabientes: ¿quousque
tandem abutere patientia nostra?
(¿hasta cuándo abusarán de nuestra paciencia?).
Carlos Canache Mata
canachemata@gmail.com
@CarlosCanacheMa
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