El diplomático y dirigente opositor Milos
Alcalay fue impedido de ingresar a Managua y expulsado a Panamá por el gobierno
de Daniel Ortega. Esta medida no sorprende a nadie. Por el contrario resulta
“lógico” que un régimen construido con la ayuda política del gobierno
venezolano, y con el soporte económico de sus dólares petroleros, corresponda
agradecido a su financista violando los derechos de quien fuera Embajador en la
ONU y de aquellos que le invitaron a participar en un encuentro de la Liga
Mundial de la Libertad y la Democracia. Al fin y al cabo, Ortega ha copiado el modelo venezolano del
siglo XXI que permite monopolizar el poder, cercenar las libertades de propios
y extraños y ser reconocido, a pesar de ello, como legítimo y democrático
miembro de la actual comparsa
interamericana.
Lo que si podemos apreciar como dato
preocupante en el asunto Alcalay, es la actitud del gobierno de Panamá. En ese
país fue tratado como persona indeseable y deportado después de someterlo a
total incomunicación.
Es cierto que el Presidente Juan Carlos
Varela reanudó las relaciones diplomáticas y comerciales rotas el 5 de marzo de
este año luego de los enfrentamientos entre Martinelli y Maduro.
El nuevo mandatario dejó de lado las
consideraciones políticas, principistas o ideológicas, que dignamente defendió
su antecesor, para darle prioridad al cobro de la gigantesca deuda contraída
por Vene
El pragmatismo del Presidente Varela se
comprende, pues si algo demuestran gran parte de los gobiernos de América
Latina, es el desapego por los valores y principios proclamados como soportes
éticos y jurídicos de la comunidad internacional. Sin embargo, y a pesar de las
anteriores consideraciones, lo que resulta increíble es la desproporcionada
reacción frente al inesperado visitante, quien en contra de su voluntad arribó
al aeropuerto internacional de Tocumén.
El maltrato sufrido por nuestro distinguido
compatriota constituye un acto vejatorio contra un pacífico viajero, que en
ningún momento violó las leyes ni observó una conducta inadecuada o
irrespetuosa para con la autoridad panameña. Se trata de una figura pública ampliamente
conocida en las cancillerías de América Latina y el mundo, y de un activo
dirigente de la oposición democrática venezolana. No ignoraban los funcionarios
de inmigración su condición y rango, ni los motivos políticos de la arbitraria
medida del gobierno de Ortega. El trato respetuoso y el manejo adecuado y
prudente de tan delicado incidente era, por tanto, la única actitud que
correspondía al gobierno de un país democrático, civilizado y tolerante.
Igualmente, es importante destacar que este tipo de decisiones no las toman
funcionarios de mediano rango, sino que son sometidas a consulta con las
instancias superiores de Cancillería y del Ministerio de Relaciones Interiores.
Por ello, no es aventurado afirmar que, de manera consciente y para no despertar
la iracundia de Maduro, la administración de Carlos Valera marcó clara
distancia con la oposición venezolana.
Los otros deportados, son Lorent Gómez Saleh
y Gabriel Vallés. Estos jóvenes líderes han sido figuras destacadas en la
valerosa resistencia del movimiento estudiantil y popular de nuestro país. En
este caso el atropello es más grave y condenable que el perpetrado contra el
embajador Alcalay. A los jóvenes activistas se les califica como “peligrosos
para la seguridad de Colombia”, se les detiene y expulsa y se les entrega al
SEBIN, organismo policial que previamente notificado les apresa en el puente
internacional Simón Bolívar.
Contrastando con el silencio de la MUD, en
Bogotá distintos sectores han reaccionado con indignación frente a la actitud
de Juan Manuel Santos y de su Ministra
de Relaciones Exteriores, y les señalan como responsables de lo que pudiera
ocurrirle a Saleh y Vallés en la cárcel venezolana.
Quienes en Colombia se oponen a la injusta
medida consideran ilegal y arbitrario el procedimiento utilizado, al no
permitir a nuestros compatriotas defenderse de las graves y desproporcionadas
acusaciones. Además consideran que la expulsión, aún si fuera justificada, al
tratarse de dirigentes políticos opuestos a un gobierno que les persigue, tenía
que haber sido ordenada hacia a otro país en el que no corrieran riesgo ni la
integridad ni la libertad personal de los afectados.
Por otra parte, las declaraciones oficiales
emitidas para justificar el procedimiento demuestran el rigor con el que se
actúa contra los perseguidos del régimen madurista, y la magnitud del
compromiso, o complicidad, de dos gobiernos que han decidido darse mutuo apoyo
y estrechar mecanismos de colaboración en una agenda común, más amplia de lo
que algunos quieren ignorar haciendo gala de aparente ingenuidad.
En Colombia Santos detiene y entrega al SEBIN a los jóvenes dirigentes de
oposición, a quienes no se les decomisa armamento, ni se les puede acusar de
atentados violentos contra personas o propiedades en territorio colombiano. Por
el contrario, en Venezuela Maduro no captura y tampoco expulsa hacia Colombia a
narco- guerrilleros y delincuentes de ese país establecidos en nuestras
fronteras, en donde controlan el tráfico de drogas, secuestran, extorsionan y
asesinan impunemente. Tampoco Santos solicita su extradición, y desde el
comienzo de su primer gobierno consolida la permanencia narcoguerrilera en
Venezuela, al retirar la denuncia que su antecesor Uribe formuló en la OEA en
donde demostró con pruebas irrefutables la existencia de numerosos campamentos
de las FARC y ELN, que sirven de bases de entrenamiento de terroristas
provenientes de distintas partes del mundo.
Vale la pena recordarle a la MUD, aunque no
escucha nunca, que la canciller Holguín es en nombre de Santos y su gobierno, y
como miembro de UNASUR, acompañante “de buena fe” en los congelados diálogos de
paz. Quizás para no molestarla prefieren silenciar el atropello, y marcar distancia con unos
opositores que si consideran legítimo y democrático luchar para que Maduro se
vaya.
Julio
Cesar Moreno Leon
prensaalianzapopular@gmail.com
juliocesarmorenoleon@yahoo.es
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