«[…] Los ciudadanos y ciudadanas
tienen derecho a ser informados e informadas oportuna y verazmente por la
Administración Pública, sobre el estado en las actuaciones en que estén
directamente interesados e interesadas, y a conocer las resoluciones
definitivas que se adopten sobre el particular. Asimismo, tienen acceso a los registros
y archivos administrativos […]» (Art. 143 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, 1999)
Siempre recuerdo los
comportamientos y actos protestatarios que caracterizaban a los adherentes de
la (zurda) «siniestra» cuando no ejercían el «poder del mando» en Venezuela.
Según ellos, luchaban a favor del respeto por las libertades fundamentales (consagradas en las
constituciones nacionales de 1961 y 1999) que hoy premeditada y alevosamente
violan en funciones de «Gobierno Totalitario». Me sobrevienen los discursos
mediante los cuales exigían «auditorias»
en pro de imponer la «transparencia», en materia
Política-Administrativa, en todas las instituciones que conformaban esa ya
extinta república. Igual evoco la todavía vigente «Metodología de Lucha
Asimétrica» (con la piedra, bomba molotov, fonda y capucha). Legitimada virtud a tantos y
abominables acontecimientos políticos que padecemos, los protestatarios de la
actualidad la emplean en la contienda por re-establecer el «Estado de Derecho».
Cierto que abundaban esos
instrumentos de combate desigual entre jóvenes estudiantes y «esbirros
antimotines». En «Tribulaciones de Radio, Televisión y Multimedia», hoy varios
han admitido (desde los altares que edificó el «Pontifex Maximus Facho del
Totalitarismo Venezolano») que orgullosos se encapuchaban porque eran
«insurgentes» y estaban decididos a provocar una «rebelión cívico-militar» para
instaurar un «gobierno revolucionario» que acabase con los estigmas de la
«Democracia Representativa»: la corrupción, represión a las protestas,
desigualdad social, tráfico de influencias, injerencia del Poder Ejecutivo en
el Judicial, cárceles inhumanas, el hostigamiento y asfixia presupuestaria a las
universidades autónomas, desapariciones, torturas, la persecución a la
disidencia, presos políticos, ataques a los medios de comunicación
independientes, el malestar por la Libertad de Expresión y las inadmisibles
partidas secretas presidenciales que socavaban las finanzas de la Nación
Venezolana.
En el curso de la Década de los
Años 80/S. XX, en el Edificio Administrativo de la Universidad de Los Andes,
fui testigo cuando irrumpió un contestatario e iracundo grupo de personas:
integrado por estudiantes, obreros, empleados
y profesores solicitándole a las autoridades de nuestra Alma Mater que
publicasen los «estados financieros» de la institución académica. Según ellos,
el Rector, los vicerrectores y el Secretario cometían actos de corrupción al
represar los presupuestos en bancos que les pagaban «millonarias comisiones».
Excepto los muy cuestionados
protagonistas del suceso que experimentábamos, ninguno de nosotros desestimó
esa legítima petición. En su defensa, las autoridades universitarias expresaron
que «el carácter autonómico» les impedía hacer público los «estados
financieros» de la casa de estudios superiores: lo cual era, indiscutiblemente,
falso.
Empero, en la actualidad, la Tesorería Nacional de Venezuela está en
manos de quienes (tras manipular y pervertir al Consejo Nacional Electoral)
usurparon funciones de gobierno en nuestro país. Las mujelleras y miasmas al
mando de las instituciones judiciales han blindado, por presuntas «Razones de
Seguridad y Defensa de la Nación», el
«Secretismo Administrativo» y permitieron que El Totalitarismo Venezolano se
transformara en un «agujero negro» que absorbe todas las riquezas del país. Por
exportaciones petroleras y elevadísimos impuestos (no olvidemos al IVA) a esa
que fue nuestra «Tesorería Nacional» ingresan miles de millones de próceres
impresos cuyo destino nadie conoce porque no publican «estados financieros» (es
decir: no «rinden cuentas» a los ciudadanos).
Las consecuencias ya son
inocultables e imposibles de maquillar: Venezuela está arruinada,
desabastecida, con ignominiosas fallas en los servicios públicos y tiene sus
«llagas administrativas» abiertas ante la perpleja mirada del Mundo.
Alberto Jimenez Ure
jimenezure@hotmail.com
@jurescritor
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