El ayer hace referencia a la Venezuela desde
1989 (segundo mandato de C.A.Perez), momento cuando se instrumentó un Plan de
Ajuste Económico (PAE) denominado Gran Viraje (GV) con el propósito de reducir
el tamaño del Estado y acabar con el Estado paternalista, e introducir cambios radicales en un modelo
económico que presentaba, entre otros desequilibrios, un bajo nivel de reservas
internacionales, alto déficit fiscal, depreciación progresiva de la moneda y un
deterioro de los salaros reales. En el VIII Plan de la Nación (1990-94), y separándose de las orientaciones de la CEPAL,
se da apertura a una economía centrada
en el mercado y la participación privada con la intención de insertarla en la
economía mundial. En tal sentido, formularon los siguientes lineamientos: (1)
crecimiento sin inflación (equilibrio fiscal, eficiencia del gasto público),
(2) cambio institucional (reforma integral del Estado, descentralización de la
administración pública), (3) competitividad internacional (promoción de las
exportaciones, creación y reconversión industrial) y (4) formación integral del
capital humano (reforma de la educación); y se plantearon algunos fines tales
como: (a) sustitución de importaciones, (b) reducción del servicio de la deuda
externa, (c) restablecimiento del equilibrio sin hiperinflación, y (d)
crecimiento de la economía en un 2% en 1989 y de un 5% a 6% a partir de 1990.
El paquete se orientó a la adopción de un
cambio único libre-flotante, liberación de precios y tasas de interés,
eliminación de subsidios a los bienes y servicios producidos por el Estado y a
un aumento de las tarifas de los servicios públicos. En lo atinente a la
política cambiaria, asumieron como norte que la tasa de cambio debía dejar de
ser un mecanismo de subsidio que posibilitaba al venezolano vivir por encima de
la productividad y producción interna, en función de ello acordaron tanto una
unificación cambiaria con tasa de cambio flexible de acuerdo con el libre juego
de la oferta y demanda, así como la eliminación de todo tipo de control de
cambio y de los permisos y cupos de importación (RECADI). En política fiscal se
propusieron la reducción del déficit fiscal (causa primaria de la inflación),
la congelación de cargos en la administración pública, impuesto al consumo no
esencial, elevación de los desgravámenes y niveles de excepción en el impuesto
sobre la renta de personas naturales, y un aumento progresivo anual de la
gasolina durante 3 años. En política
social acordaron (1) incremento del salario mínimo, (2) aumento de sueldos en
la administración pública y en el sector privado, (3) aumento de los bonos de
transporte y comida, (4) programa de transferencias alimentarias a niños,
madres embarazadas y lactantes, (5) creación de 42.000 hogares de cuidado diario,
(6) regulación de precios y subsidios para 18 productos de la canasta básica,
(7) plan de consolidación de barrios, (8) apoyo a las microempresas, (9)
consolidación de los ambulatorios y (10) creación de la Comisión Presidencial
para la Lucha Contra la Pobreza. Al propio tiempo se firmó una Carta de
Intención con el FMI, donde se incluía, entre otros aspectos, un financiamiento
externo por unos US$ 5.000 millones anuales por 4 años(US$20.000 millones hasta
1993) en aras de adelantar los cambios y programas propuestos. Luego de destituido C.A. Pérez, previa
decisión de la Corte Suprema de Justicia (20/05/1993) y posterior acuerdo del
Congreso de la República (21/05/1993), es nombrado en enero 1994 Ramón J.
Velásquez (luego de una breve presidencia de Octavio Lepage) para la
culminación del periodo; quien promulgó
la Ley de Impuesto al Valor Agregado (IVA) lo cual había sido negado
reiteradamente.
En enero 1994, inicia Rafael Caldera su
segundo mandato en el marco del IX Plan de la Nación al cual se incorporó un programa de ajuste (1996-98) llamado
Agenda Venezuela (AV), (con un ambiente político favorable) que igualmente
tenía como propósito corregir los desequilibrios macroeconómicos. Dentro de los
pilares de la AV valen destacar: (a) énfasis en lo social mediante una
vinculación de la economía con la sociedad, (b) medidas en materia fiscal,
monetaria y cambiaria en aras de reducir la inflación al corto plazo, (c)
ajustes a la demanda agregada, (d) negociación con los organismos
multilaterales para financiar las reformas estructurales, los programas
sociales y fortalecer las reservas internacionales, (e) inserción de la
economía en el mercado internacional, (f) transformación del aparato productivo
mejorando la productividad y la competitividad, (g) transformación de la
educación mediante cambios en los sistemas de enseñanza, y (h) la reforma del
Estado para limitarlo a sus funciones esenciales. En lo atinente al Plan de
Protección Social, se propusieron aumentar el gasto social desde un 0,45% del
PIB hasta un 2% del PIB, como requisito para adelantar programas sociales
compensatorios tales como: (1) subsidio al pasaje estudiantil, (2) merienda,
desayuno y comedores escolares, (3) subsidio a la pensión de vejez, (4)
atención integral al anciano, (5) hogares y multihogares diarios, (6)
capacitación y empleo joven, (7) Fondo de Fortalecimiento Social, (8) subsidio
familiar, (9) alimentación materno infantil, (10) alimentos estratégicos, (11)
dotación material médico-quirúrgico, (12) dotación de uniformes y útiles
escolares, (13) suministro de medicamentos, y (14) alimentación escolar.
El hoy hace referencia, a la urgente
necesidad que tiene el actual Gobierno Nacional de corregir los desequilibrios
macroeconómicos, donde el control de la inflación, la reducción del déficit
fiscal, la recuperación de las reservas internacionales, la racionalización del
gasto público, la disminución de la liquidez monetaria, la unificación
cambiaria, la flexibilización del control de cambio, la recuperación del
salario real, entre otras, son materia de primer orden; en el entendido que
todo plan de ajuste requiere de un
financiamiento externo (unos US$ 25.000 millones para el plan en comento) que
el Gobierno rechaza provenga del al Fondo Monetario Internacional, pero que
tampoco podrá ser a través del Fondo
Conjunto Chino-Venezolano que ha
recibido créditos (desde 2007) por algo más de US$ 50.000 millones, que
retornarán como materia prima y están garantizados con venta de petróleo a
futuro a un promedio de US$ 40 el barril,;
escenario posible gracias al comportamiento del imperio asiático y su
socialismo de mercado. Las referencias en relación al pasado, son sólo
ilustrativas.
Jesús
Alexis González
Jagp611@gmail.com
@jagp611
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