En el debate sobre la igualdad y la justicia
social, aparece ineludiblemente la discusión acerca de cómo lograr la mejor
redistribución de ingresos o de riqueza. Y esta es una polémica que acapara no
pocos desacuerdos. El principal punto de disputa reside en a quiénes o a qué
"sectores sociales" habría que privilegiar en el reparto por encima
de los demás. En otras palabras, definir con precisión -o siquiera con
aproximación- quienes serían o corresponderían ser a los que cataloguemos como
"excluidos sociales", y quiénes serían los que deberían quedar fuera
de dicha clasificación.
El problema -como ya señalamos en otras
ocasiones- consiste en que, cuando el gobierno comienza a anunciar políticas de
subsidios, cada vez franjas más importantes de personas comienzan a
considerarse con derecho para acceder a los mismos, lo que es una consecuencia
lógica que deriva del axioma praxeológico que toda acción humana tiene por
objetivo la mejora del estado del individuo que actúa, y –naturalmente- si pasar
de un estado de menor satisfacción a otro de satisfacción mayor es a un costo
menor del que podría ser de otro modo, todo individuo optará siempre por la
acción de costo más bajo. Si alguien -en cambio- le presenta opciones de menor
costo o sin costo alguno, la fila de personas que se anotarán para recibir el
beneficio ofrecido de esa manera, será tanto mayor.
Este análisis nos lleva de lleno al mecanismo
más frecuente utilizado por los gobiernos y -por sobre todo y con más énfasis-
por parte de los gobiernos populistas. Nos referimos a la política del
otorgamiento de subsidios a personas, grupos, entidades, empresas,
organizaciones o lo que fuere (lo que no excluye, como lamentablemente ya
sabemos, a los propios políticos que -en función de gobierno- se dedican a
repartir esos mismos u otros subsidios).
Cuando el gobierno otorga un subsidio, la
impresión que la mayoría de las personas tiene es que se le ha otorgado un
beneficio a la persona que lo recibe. Pero se suele dejar de lado (o ni
siquiera considerar) de dónde y de qué manera se han obtenido los fondos
necesarios para que el gobierno pueda conceder semejante
"generosidad" a la gente. El método es básicamente similar al que se
describe a continuación:
"En realidad el asaltante de un banco
que no es descubierto se beneficia con el asalto a expensas del resto de la
gente. A primera vista es a expensas del banquero, pero cuando se percibe que
hubo una malasignación de recursos desde las áreas preferidas por la gente
hacia las preferidas por el asaltante se percibe que hubo una pérdida neta para
el conjunto de la comunidad. Los gobernantes no “son descubiertos” porque hacen
la operación con el apoyo de la fuerza beneficiando a subsidiados a expensas
del resto de la población. La reducción deliberada del campo visual tiene gran
efecto electoral porque se perciben los beneficios logrando adeptos y se
ocultan perjuicios para no acumular opositores. Frédéric Bastiat siempre
insistía que para analizar los resultados de una medida había que detenerse a
considerar “lo que se ve y lo que no se ve”. En nuestro caso lo que se ve es el
botín del subsidiado, lo que no se ve es lo que se hubiera hecho con los
recursos de no habérselos succionado para darles un destino distinto de lo que
la gente consideraba más atractivo. El ejercicio de ampliar el campo visual
permite detectar desaguisados que de otro modo no resulta posible analizar. Y
son innumerables las formas de subsidio en la era del “Estado fiscal” como
diría Joseph Schumpeter."[1]
Tras
de esta realidad, está presente toda una concepción cultural por la cual,
mediante una paciente labor educativa que viene abarcando ya varias
generaciones y que no parece revertirse, se ha concientizado a la gente en la
falaz idea que los gobiernos podrían "crear riquezas de la nada" o
-en el peor de los casos- el problema se "solucionaría" simplemente
despojando a los ricos de "pequeñas" partes de sus ganancias. Pero
esto también resulta una enorme mentira, ya que asimismo muchos de esos ricos
y/o empresarios resultan ser beneficiarios de dadivas otorgadas por esos mismos
gobiernos, a través de otros dispositivos económicos que operan -en sustancia-
de manera muy similar a lo que lo hacen los subsidios, sobre todo en cuanto al
modo de obtención de los fondos respectivos que, en pasos posteriores, van a
ser transferidos a sus beneficiarios, directos o indirectos.
"Subsidios, exenciones fiscales,
protección aduanera y mercados cautivos abren las compuertas para que los
pseudoempresarios se alcen con el botín. La hedionda cópula entre gobernantes y
cazadores de privilegios perjudican gravemente los intereses de la gente y muy
especialmente de los más necesitados."[2]
El problema consiste en que la mayoría de las
transferencias de este tipo, incluyendo los subsidios que el gobierno declama
que irían a los "excluidos", no tienen ese destino real, sino que se
dirigen a los empresarios que generan continuos y repetidos contubernios con el
gobierno mismo o sus personeros por un lado, y a los propios integrantes de la
burocracia política, que son los que reciben la "parte del león" de
este tipo de transferencias, por el otro.
Adicionalmente –en última instancia- todo
dinero que se otorga en subsidios, previamente ha sido detraído a la sociedad
mediante diversos procedimientos político-económicos, entre los cuales destaca
el fiscal por excelencia. El subsidio es pagado por todos los ciudadanos,
incluyendo a los mismos subsidiados, que creen estar recibiendo un
"beneficio", cuando en realidad se les estaría reintegrando -en el
mejor de los casos- una parte de lo que previamente el gobierno les extrajo vía
impuestos, ya sea como contribuyentes de hecho o de derecho, teniendo en claro
que, el grueso de los contribuyentes de cualquier nación de hoy en día lo son
siempre de hecho, siendo los más perjudicados los más pobres.
[1]
Alberto Benegas Lynch (h). El juicio crítico como progreso. Editorial
Sudamericana. Pág. 102-103
[2]
Alberto Benegas Lynch (h) El juicio crítico....Ob. cit pág. 274-275
Gabriel Boragina
gabriel.boragina@gmail.com
@GBoragina
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