Para
el que no viva en Venezuela, si lee las noticias que emite el régimen, pensaran
que es un paraíso. Erradicación de la pobreza, distribución de los recursos,
soberanía alimenticia, bajo índice de analfabetismo, bajo índice de desempleo,
etc son entre los logros que a punta de dólares producto de la renta petrolera
difunden por todo el mundo ayudados por tarifados en muchos países, pero la
realidad que se vive en mi país es la de, colas para todo, desde conseguir
comida, hasta comprar una batería para carros, la inflación más alta del
hemisferio, con señas de aumentar, inseguridad y pare de contar los males que
padecen los países tercermundistas.
Como
dice el dicho, no se puede tapar el Sol con un dedo y tarde o temprano, la
realidad arropa a la fantasía por más buena propaganda que se haga.
El
“Milagro Ecuatoriano” en la renegociación de contratos petroleros
Lo
llaman “el milagro ecuatoriano“. Casa adentro se imprime en ruidosas campañas
publicitarias, como soberanía petrolera. Allende las fronteras, en conferencias
“magistrales“, es posicionado como slogan de eficiencia económica, nacionalismo
creativo y positivismo socialista. La proeza se realizó el año 2010 cuando a
través de una reforma sin debate, se cambiaron los contratos de participación y
campos marginales a prestación de servicios. Y, como todo milagro tiene su
santo, aparecen como autores de la maravilla: Rafael Correa, Jorge Glas y
Wilson Pastor, este último considerado el maestro del maquillaje contractual.
A
cuatro años de vigencia del revolucionario modelo, la realidad es distinta.
Entre los secretos oficiales, el principal autor del “milagro“, Wilson Pastor,
reconoce el fracaso y hace un “mea culpa“. A través de una carta remitida a
Rafael Correa, Jorge Glas y Alexis Mera, el actual embajador en Viena, reconoce
que “… el modelo de contrato de prestación de servicios con tarifa, no es el
más competitivo para atraer inversión petrolera de riesgo…“.
¿Cuál
es la diferencia central entre el contrato de participación y el de prestación de
servicios? En el primero (neoliberal), la compañía recibe una participación en
la producción de crudo, mientras con el segundo (socialista), el Estado paga
una tarifa a la compañía por barril extraído. Aunque literalmente el 100% del
petróleo sea de propiedad del Estado, en la práctica las tarifas se cancelan
con petróleo.
Cuatro
fueron los beneficios que se pensaban alcanzar con los nuevos contratos: 1)
mejorar la participación del Estado en la renta petrolera; 2) atraer inversión
extranjera para actividades de riesgo exploratorio; 3) incrementar las reservas
de petróleo; y, 4) subir la producción de los bloques privados. En la práctica,
los objetivos 2, 3 y 4, resultaron un rotundo fracaso, y el primero tuvo un
relativo éxito debido a los altos precios del petróleo, que le permitió al
gobierno obtener mayores ingresos fiscales por exportación. Durante casi 4 años
de vigencia de los contratos, las reservas de los bloques operados por las
transnacionales no se incrementaron, la producción cayó hasta ubicarse en mayo
de 2014 en 120 mil barriles diarios. Los yacimientos operados por las compañías
extranjeras están prácticamente agotados.
El
contrato de prestación de servicios con tarifa, le garantiza a la contratista
un ingreso fijo, no así al país, cuyos ingresos dependen del precio
internacional del hidrocarburo. Por ejemplo, si los precios cayeran a niveles
registrados hasta el año 2006 (40 US/BL), considerando las tarifas negociadas,
de 35 o 41 dólares a favor de las compañías, el país hubiera recibido en
algunos casos apenas 5 dólares por barril, y en otros, como el caso de Andes
Petroleum, hubiésemos quedado debiendo a la compañía. Aquí la suerte hizo lo
que el talento no pudo.
Partiendo
de la información oficial, lo que ganó el país con el cambio de contratos de
participación y campos marginales a prestación de servicios, fue 0,34 (US/BL)
centavos de dólar por barril. Una cifra insignificante, como se expresa en el
cuadro.
Las
tarifas reconocidas a las compañías extranjeras difieren radicalmente de los
costos de producción de EP Petroecuador y EP Petroamazonas, que oscilan entre
8,00 y 12,00 (US/BL) dólares por barril. Incluso la tarifa de Petroamazonas
para el desarrollo de un bloque nuevo, como el ITT, no supera los 12,00 US/BL.
El
caso Repsol
En
el área de mayor producción privada, como es el Bloque 16 de Repsol, el país
perdió 2,27 US/BL, con la nueva tarifa. Además se le amplió el contrato por 6
años, en circunstancias que desde el 2012, el 100% de las reservas,
infraestructura y producción debieron pasar gratuitamente al Estado. Con la
nueva tarifa de 35.95, el gobierno le paga a la multinacional española US 524
millones anuales, aproximadamente, partiendo de una producción diaria de 40 mil
barriles, la cual está en franca caída al 2014 con 33 mil barriles.
A
más del 25% del “margen de soberanía“, considerando un precio promedio del
barril de petróleo de 90 dólares, el Estado recibe por cada barril de Repsol
52,54 (US/BL), descontando la tarifa de 35,95, y 1,51 US/BL por transporte a
través del oleoducto privado OCP, rubro que según el contrato corre ahora por
cuenta del Estado. Los ingresos netos para el país serían de US 767 millones al
año.
Por
el contrario, si el gobierno hubiese dejado que termine el contrato el 2012 y
entregado la operación a la empresa pública, aplicando una tarifa de 8,00
US/BL, más 1,51 US/BL por transporte, la operación del bloque 16 le hubiese
costado al Estado, apenas US 138 millones anuales, una cifra muy inferior a los
US 524 millones anuales que le reconoce Correa a la multinacional Repsol. En
este escenario, considerando el precio promedio de 90 dólares el barril,
descontando 9,51 US/BL (Tarifa + Ocp), el ingreso líquido al fisco sería de
80,49 US/BL, equivalente a US 1.175 millones anuales. Es decir, el no haber
permitido que el plazo contractual concluya, y por el contrario haber ampliado
el plazo y elevado la tarifa, le significó al país un perjuicio de US 408
millones anuales. En buen romance, con la renegociación petrolera del bloque
16, el país dejó de recibir durante los tres años, una cifra de US 1.200
millones. La corona española le debe mucho a la revolución ciudadana.
Andes
y Agip
En
el caso del bloque Tarapoa de la empresa china Andes Petroleum, con la
renegociación se anexó ilegalmente el campo unificado Fanny 18B, cuyo 70% de
reservas es de propiedad de Petroecuador. En ninguna parte de la disposición
transitoria para cambiar los contratos, se dice nada sobre los campos
unificados, sin embargo se los integró a los bloques privados.
A
la compañía italiana Agip (Bloque 10) se le anexó de forma ilegal los campos
Lumbiquiti y Oglan, este último descubierto por Petroecuador, con reservas
probadas de 60 millones de barriles, cuya extracción hoy le cuesta al país
35,00 US/BL, frente al costo de producción de la empresa pública, que es de
8,00 US/BL.
Indemnizaciones
millonarias
Cuando
Rafael Correa era ministro de Finanzas de Alfredo Palacio, fue uno de los
impulsores de la caducidad contractual de Occidental, pero al convertirse en
Presidente, la receta no fue de su agrado.
La
misma reforma legal que dispuso la migración de los contratos, obligó al Estado
a liquidar (indemnizar) aquellos en los que las compañías no llegaron a un
acuerdo. Entre los principales se destacan: bloque 18 y Palo Azul con
Petrobras; bloque 3 EDC; bloque 23 CGC; entre otros.
En
el caso de Petrobras, existió un proceso de caducidad desde el 2008 y una
acción penal por fraude técnico y peculado; sin embargo, el ministerio de
Recursos Naturales, falló a favor de la compañía. Simultáneamente, el fiscal Galo
Chiriboga, pidió a Corte de Justicia, la nulidad del proceso penal. El mismo
día que la Corte cumplió el pedido del Fiscal, Rafael Correa anunciaba un
acuerdo para indemnizar a Petrobras con US 217 millones, por el bloque 18 y el
campo Palo Azul.
En
relación con el bloque 31, en el Parque Yasuní, el gobierno afirmó que
Petrobras abandonaba el área, sin indemnización del Estado. Sin embargo, ocultó
la firma de un convenio en el cual se obligaba a Petroecuador a transportar su
petróleo por el oleoducto privado OCP, en el cual Petrobras tiene un cupo de 70
mil barriles diarios, con una tarifa de 1,51 US/BL, en circunstancias que el
costo de transporte por el oleoducto estatal SOTE, es de 0,40 US/BL. Durante los 10 años del acuerdo el país
reconocerá a Petrobras US 242 millones. Es decir, de una forma encubierta
Ecuador acabó cubriendo las inversiones del bloque 31 que ascienden a US 260
millones, pese a que el citado bloque jamás entró a la fase de desarrollo.
Otro
proceso de caducidad iniciado por Petroecuador, fue contra la compañía
norteamericana EDC, contratista del bloque 3, por graves violaciones
contractuales. El proceso estuvo en manos del ministerio de Recursos Naturales
casi un año, pero, faltando tres días para que venza el plazo de renegociación
de los contratos, Wilson Pastor sacó el documento de su escritorio y perdonó a
la transnacional. Simultáneamente, anunció un acuerdo para indemnizar a EDC con
US 80 millones.
Lo
propio ocurrió con la Compañía General de Combustibles CGC de Argentina, contratista
del bloque 23, sobre la cual existió una demanda ante la Corte IDH por
violación a los derechos humanos del pueblo Sarayaku. Pese a que la compañía
incumplió el contrato al no haber realizado consulta previa a los indígenas;
instalado pentolita en su territorio ancestral; y, al encontrarse en una
situación de quiebra económica en Argentina, el ministro Pastor, faltando pocos
días para que venza el plazo de renegociación contractual, acordó indemnizar a
CGC con US 20 millones, a pesar de que la compañía apenas ejecutó el 30% del
plan exploratorio. El año 2012, la Corte IDH emitió sentencia a favor del
pueblo Sarayaku, disponiendo al Estado el pago de una indemnización de apenas
US 1.3 millones a las víctimas. Es decir, el incumplimiento contractual de CGC
le costó al país US 21.3 millones. Un auténtico milagro.
El
caso Perenco/Burlington
Un
caso paradigmático es el ocurrido con los contratos del consorcio
Perenco/Burlington, operador de los bloques 7, 21 y Coca Payamino. Las
compañías tienen una deuda con el Estado de US 440 millones por la Ley 042. En
julio de 2009, súbitamente las contratistas abandonaron el país, el gobierno
tomó a su cargo la operación, pero en lugar de aplicar la Ley, extinguir los
contratos y revertir las áreas, siguió reconociendo derechos contractuales por
más de 1 año, y garantizándole al consorcio el porcentaje de participación en
la producción de petróleo. Petroecuador vendió ese volumen de petróleo de los
bloques abandonados por Perenco/Burlington, y con esos recursos, literalmente,
le “dio pagando“ US 327 millones de los US 440 millones que le debían al país.
Es decir, el Estado cubrió con su petróleo una deuda de dos transnacionales que
abandonaron el país paralizando operaciones. Pese a la generosidad ecuatoriana,
Perenco y Burlington demandaron al Estado ante el CIADI, quien falló en primera
instancia en contra del Ecuador, disponiendo el pago de US 500 millones
adicionales. Sencillamente revolucionario.
La
cifra gruesa de indemnizaciones con las que el gobierno de Rafael Correa ha
beneficiado a compañías petroleras extranjeras, asciende a US 886 millones, sin
considerar los rubros por los arbitrajes internacionales que están pendientes
de resolución en el CIADI y la UNCITRAL: US 2.300 millones a Occidental, US 500
millones a Perenco, y lo que se resuelva en el litigio Chevron-Texaco. Así, la
versión revolucionaria del “milagro ecuatoriano“ en el manejo petrolero, sabe a
publicidad engañosa.
Fernando
Villavicencio Valencia
@fevillavicencio
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